El descuido que hundió a Zaplana

VALÈNCIA. Si hay alguien precavido en España es Eduardo Zaplana, que salió escaldado hace casi 30 años por las escuchas del caso Naseiro. Es una persona tan, tan cuidadosa, que la magistrada que instruye el caso Erial se vio obligada, de urgencia, a autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a utilizar micrófonos de ambiente (chicharras) para poder grabar conversaciones comprometedoras. Sin embargo, un descuido impropio del expresidente valenciano es el que ha terminado por hundirle en el pozo de la corrupción.

En uno de los informes de la UCO que hay en el sumario sobre el presunto cobro de comisiones y blanqueo de capitales por parte de Zaplana se explica que a lo largo de la investigación se han podido recopilar y observar una serie de indicios que revisten carácter delictivo.

De los mismos se infiere, a juicio policial, que "los fondos expatriados y que se investigan, abonados en las dos sociedades establecidas en Luxemburgo y en las mercantiles de consultoría establecidas en València (Dobles Figuras Consultores e Imarol), habrían sido desembolsados con ocasión del presunto pago de sobornos y como contraprestación económica por el supuesto trato de favor dado al grupo Sedesa (de los Cotino), a priori en el marco de las adjudicaciones de la ITV y el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana".

Pero para llegar a esa conclusión, los agentes se tuvieron que basar en una documentación encontrada en un despacho, el del abogado del garganta profunda del caso Taula Marcos Benavent. La historia del periplo de esos documentos, entre los que destacó una "hoja de ruta" del amaño de los contratos, es, cuanto menos, rocambolesca.

Explica la UCO en su informe que los documentos incriminatorios "habrían sido redactados a principios del mes de septiembre de 2001 y habrían sido hallados abandonados en la que fuera vivienda particular de Eduardo Zaplana". Pero antes dieron muchas vueltas.

En un primer momento, los papeles llegaron a manos de la UCO a través de un registro en el despacho del letrado de Benavent, pero "el contenido de los mismos no parecía guardar relación ni con esta persona ni con los hechos investigados" en el caso Taula.

Con el fin de determinar el origen, se tomó declaración a Benavent, quien declaró que "estos documentos se los había entregado sobre el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, un miembro destacado de la mezquita de Valencia y muy conocido dentro de la comunidad árabe".

Fue entonces cuando la UCO decidió contrastar la información aportada por Benavent con Imad. Este no quería prestar declaración de manera formal, por lo que los policías decidieron quedar con él en un lugar cercano a su casa. Como suele ocurrir en estas situaciones, al principio negó la mayor, pero conforme se fue relajando dio una explicación que casaba con las pesquisas realizadas.

Imad les contó a los agentes de la UCO que "efectivamente, entregó unos documentos a Marcos Benavent" y que los encontró hacía "unos diez años en una vivienda en la que estuvo residiendo en régimen de alquiler". Una casa cuyo dueño era un notario y que estaba situada en la plaza Legión Española de València. Sobre quién era el dueño de los papeles, Imad dijo que no eran del notario, que eran de "otro", y que los encontró "dentro de un sobre".

Con esta información, la UCO se dispuso a averiguar quién o quiénes fueron dueños de la casa. En su informe dicen que "Imad explica que encontró los documentos intervenidos en esta vivienda unos diez años atrás. Esta fecha permite situar temporalmente el hallazgo de los citados documentos alrededor del año 2007, coincidiendo con la época inmediatamente posterior a la transmisión de la vivienda realizada por Eduardo Zaplana y Rosa Barceló".

El entramado

En cuanto a la vinculación de Zaplana con el entramado corrupto bajo investigación, explican los miembros de la UCO que, además del hecho de que los papeles aparecieran en la que fuera su casa y de que las adjudicaciones se hicieran siendo él presidente de la Generalitat, está la circunstancia de que en dichos papeles aparece, de forma recurrente, la sociedad Imison International, "la cual de manera reiterada durante la investigación viene retratándose como el 'vehículo' utilizado para el pago del presunto soborno vinculado a Zaplana".

Así, de la forma más absurda del mundo, con un descuido, comenzó la investigación de la operación Erial. La operación que ha terminado por hacer caer al todopoderoso Eduardo Zaplana, mas conocido como "el campeón", ahora vencido.

'Chicharras'

De hecho resulta hasta absurdo que una persona tan precavida como Zaplana cometiera un error tan tonto. Buena prueba de ello es la petición que realiza la UCO a la juez para que les permitiera utilizar micros de ambiente y no solo las escuchas telefónicas.

En un escrito de los agentes, le piden a la magistrada que les autorice este sistema de grabación debido a que Zaplana y el resto de los imputados no dicen nada por teléfono, o lo que dicen, lo dicen en clave. El fiscal también hace referencia a este hecho diciendo que "se reunen en lugares públicos", por lo que cree que se debería autorizar la grabación así como la toma de fotografías.

La jueza, ante las peticiones, estima lo solicitado "pues seguramente, y conocedores por otras causas en las que directa o indirectamente han tenido relación, de que esta medida es para espacios públicos, han evitado reunirse, salvo en el caso de la comida en el restaurante donde también se encontraban en un lugar privilegiado y sin acceso salvo reserva, lo que además no se podía saber, pero en este caso, quizás debido a la urgencia por el desplazamiento a su país de origen del ya mencionado (testaferro), van a mantener la reunión al parecer en una zona público del hotel aunque reservada a los clientes del mismo, evidenciándose, por el contenido de las llamadas como evitan hablar por teléfono”.