El dilema de las licencias de radio y TDT vuelve a manos de Vidal

VALÈNCIA. El caos en el que está sumido el mapa de las licencias de radio y televisión digital terrestre (TDT) es, sin dudas, una de las patatas calientes del Consell del Botànic II. Ya lo fue en la legislatura pasada y no logró resolverse, y esta va camino de mantenerse como tal: en el 'top ten' de los asuntos que traen de cabeza al Gobierno valenciano.

Con la reciente constitución del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana pasará a ser el principal dilema del citado órgano, ya que la ley del Servicio Público de Radiodifusión del ámbito autonómico establece que este ente deberá "intervenir en los procesos de adjudicación de licencias". Si bien no determina el grado de participación que tendrá en la toma de decisiones, sí regula que participará en dichos procesos.  

De hecho, durante su primera reunión hace unos días, el citado órgano se marcó entre sus deberes para los próximos meses tratar de poner orden en el actual caos y fuentes consultadas por este diario admiten que aunque las competencias se traspasaron recientemente a la DGTIC, el peso principal de la gestión recaerá ahora sobre el Consell Audiovisual al haberse constituido. 

Así, tras años pasando de manos en manos sin que el tripartito haya podido dirimir qué hacer con él, ahora, con el nombramiento de José María Vidal como presidente de la entidad, el problema retorna a la mesa de quien fuera el primer gestor del Botànic que asumió las competencias para tratar de resolver la problemática que envuelve el mapa de licencias. No en vano, Vidal fue el secretario autonómico de Comunicación en el primer mandato de PSPV y Compromís. 

Un conflicto desde 2007

El conflicto con las licencias, tanto de radio como de TDT, arrastra años de litigios en los tribunales y pronunciamientos dispares desde la etapa de Gobierno del PP.  En el caso de la radio, el proceso de adjudicación de 31 licencias de FM de la Generalitat Valenciana lleva empantanado 14 años. En 2007 el Consell de Francisco Camps convocó el concurso, pero éste fue declarado desierto cuatro años después, en 2011. 

Fue entonces cuando se convocó otro que estuvo a punto de adjudicarse, pero el Gobierno de Alberto Fabra dejó la resolución sin firmar en la mesa de la Secretaría Autonómica de Comunicación cuando perdió las elecciones en 2015. El Ejecutivo de Ximo Puig tampoco quiso firmarlo y en 2016, por razones de interés público, renunció al otorgamiento de las licencias convocadas. Esta decisión fue recurrida ante los tribunales por una de las empresas que se había presentado.

En mayo de 2018, la Generalitat convocó un nuevo concurso para adjudicar estas frecuencias pero a finales de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obligó a retrotraer las actuaciones al momento previo a la resolución impugnada. Un fallo que el Gobierno valenciano recurrió ante el Supremo: si éste termina ratificando el fallo, la Generalitat debería adjudicar el concurso de 2016; y si lo revoca, el Consell podrá continuar con el de 2018. Un litigio al que se suma también el de la radio digital terrestre. 

Las últimas consultas a Abogacía de la Generalitat instaban a anular el concurso de 2018 y convocar la mesa de contratación de 2011, pero la mayor parte de los integrantes que la conformaban -funcionarios- se encuentran ahora jubilados. Por lo que en estos momentos sigue sin producirse ningún movimiento para evitar dar pasos en falso. 

Ampliar número de licencias

Con todo, el Consell que preside Ximo Puig solicitó hace ya casi un año al Gobierno central de Pedro Sánchez una "reestructuración del mapa de licencias" de radio analógicas que tiene la Comunitat Valenciana porque entendían que la autonomía debería contar con un número mayor del que tiene ahora mismo. Por una parte, justificaban que otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, con una población de aproximadamente 2 millones de personas, tiene más de 200 licencias, mientras que la valenciana con una densidad de población mayor -4,9 millones de habitantes- cuenta con aproximadamente la mitad: 113.

Un reparto que, entienden, se hizo en su día teniendo en cuenta la extensión territorial de cada comunidad autónoma y no el número de habitantes por kilómetro cuadrado; o lo que es lo mismo, sin que el criterio que primara para la distribución fuera el del número potencial de oyentes del territorio y no la extensión de la autonomía. Con esta medida, el Gobierno valenciano calculaba que tendría más opciones para poder resolver el conflicto existente con las frecuencias de radio analógicas. 

El lío de las TDT

Mientras, el lío con las licencias de TDT no es mucho menos problemático. La Generalitat espera desde hace más de dos años adjudicar todavía una docena de licencias de programas televisivos en varias de las 18 demarcaciones de la Comunitat que, tras las adjudicaciones del concurso de TDT de ámbito local realizadas en 2011 y en 2016, aún permanecen sin servicio audiovisual porque carecen de titular que pueda prestarlo. 

El concurso inicial fue convocado en julio de 2005 y resuelto en enero de 2006 tras hacerse públicas en plenas fiestas navideñas las adjudicaciones para la explotación de programas del servicio público de la TDT local. Posteriormente, en julio de 2012, una sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, declaró la nulidad de esa resolución de 2006 al estimar un recurso de casación interpuesto por Tele Elx.

En ejecución de la mencionada sentencia, en febrero de 2013 se ordenó la retroacción del procedimiento al momento anterior a que la mesa de contratación formulara la propuesta de adjudicación de las concesiones. Un comité de expertos designado por la mesa de contratación realizó un nuevo informe técnico de valoración de las ofertas presentadas que fue entregado en octubre de 2014.

Tras solicitar algunas aclaraciones sobre el informe y correcciones de errores en reuniones de marzo y abril de 2015, la mesa presidida por el entonces secretario autonómico de Comunicación, José Luis Torró, formuló en junio una propuesta de adjudicación. Esa propuesta junto con el informe técnico de valoración de los expertos fue elevado a quien aún era formalmente jefe del Consell, Alberto Fabra, el 23 de junio de 2015.

Ante este procedimiento heredado, el actual Consell intentó buscar fórmulas jurídicas para iniciar un nuevo concurso debido al tiempo transcurrido desde su inicio. Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat no encontró ningún recoveco legal posible que no implicase riesgos para la Administración. De esa manera, desde 2016 el actual Consell ha adjudicado progresivamente los lotes correspondientes a la convocatoria de 2005.