El fiscal del 'caso F1' vuelve a pedir el archivo porque que no costara cero euros "no es delito"

VALÈNCIA. El fiscal Anticorrupción que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula 1 en València, Pablo Ponce, ha contestado esta semana al durísimo auto emitido por la magistrada instructora en el que contestaba a los recursos de archivo presentados por las defensas y la propia Fiscalía, que ve prescritos los posibles delitos de malversación y prevaricación por los que la jueza Carmen García Mingo pretende procesar a 16 investigados. Entre ellos se encuentran el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el exvicepresidente Vicente Rambla y el exconseller de Infraestructuras Mario Flores.

El fiscal afea a García Mingo que en su auto no entre a valorar la posible prescripción de los delitos. Ponce dice en su escrito que "la prescripción puede y debe ser examinada de oficio", y añade que la jueza "no da debida respuesta a una cuestión nuclear y que debe ser apreciada de oficio en cualquier estado de la causa y en cualquier fase del procedimiento".

En cuanto a los contratos bajo sospecha, esgrime en su escrito el Ministerio Público que son solo tres los que podían ser constitutivos de delito, todos ellos firmados con la empresa Typsa, y que solo uno de ellos, valorado en 184.320 euros, podría ser constitutivo de malversación. Es en ese punto cuando asevera que si cuando se admitió la querella presentada por Anticorrupción -entonces era Vicente Torres el fiscal encargado del caso- no se había visto la prescripción, "no obsta para nada a acordar su prescripción en este momento, dado que conforme al artículo 117 de la Constitución, los jueces en su actuación están sometidos al imperio de la ley, al igual que para los fiscales el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige que su actuación se rija en todo momento por los principios de legalidad e imparcialidad".

Y concluye diciendo que, por ello, "dichos hechos están prescritos sin discusión ni objeción alguna" al razonamiento expuesto en su primer informe. Una vez dicho eso, vuelve a explicar que mientras se investiga en Fiscalía, lo que se conoce como Diligencias de Investigación Penal (DIP), el plazo de prescripción sigue corriendo, y que cuando se formalizó la querella la malversación no agravada llevaba prescrita cuatro meses. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción formalizó la querella pensando que podía haber malversación agravada, pero la instrucción ha terminado, a su juicio, por dejarlo en una malversación no agravada.

Informe de la Intervención

Sobre el informe de la Intervención de la Generalitat que decía que no hubo perjuicio para el erario, el fiscal expone que la magistrada lo solicitó para todos los contratos, más allá de los tres de Typsa, cuando "no existían indicios de amaño o predeterminación de la contratación", y le recuerda a la jueza que "están proscritas las investigaciones prospectivas dirigidas a la búsqueda de algo que pudiera ser indicio de delito, y que la diligencia señalada extendiendo la investigación a todas las contrataciones habidas en la construcción del circuito no se sustentaba en ningún dato que permitiese suponer que las contrataciones estaban amañadas".

Respecto de Camps, le recuerda que "sí tenía competencia para dictar un decreto", y que el informe contesta a lo que se preguntaba, que no hubo perjuicio, pero que la instructora dijo en su auto que "ello no significa que no se produjera, sin mayor razonamiento, para apartarse de la conclusión de una pericial que ella misma había ordenado". Y apostilla que, "aunque la conclusión hubiera sido que sí existía perjuicio, ello no hubiera significado por sí la existencia de un delito de malversación", aunque hubieran tenido que investigarlo.

Sobre el 'rejón' que la magistrada le dio al fiscal Torres por no solicitar la complejidad de la causa, lo que impide investigar más allá de seis meses, Ponce le dice a Carmen García Mingo que "la complejidad la puede declarar la instructora por iniciativa propia". Y en cuanto a los contratos, asevera que no solo no hay indicios de malversación agravada, sino tampoco de malversación, más allá del anterior contrato de Typsa por valor de 184.000 euros.

Prometer el coste cero "no es delito"

El punto más llamativo del escrito es cuando Pablo Ponce hace referencia a la famosa frase de Camps de que el circuito no iba a costar un euro a los valencianos, cuando finalmente se pagaron 88 millones por él. Dice el fiscal que "decir que el circuito costó 88 millones y que el presidente dijo que no iba a costar un euro, o que existían trámites para revertir administrativamente 45 millones contabilizados como deuda del Ayuntamiento de València no integra ningún delito, como tampoco que haya supuesto la construcción un coste para las arcas de la Generalitat, pues lo que integra el tipo (malversación) es apropiarse o consentir que otro se apropie de los efectos o caudales, y es público y notorio que el circuito se realizó y el gran premio se celebró, no existiendo prueba de que el dinero se emplease para otra cosa".