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el exconseller admite tres delitos y pacta con anticorrupción una condena de 3,5 años

El fiscal retira a Blasco el delito de asociación ilícita que sí admiten sus 'socios' Llinares y Tauroni

Foto: EVA MÁÑEZ
24/05/2019 - 

VALÈNCIA. La Fiscalía Anticorrupción firmó este jueves 17 acuerdos de conformidad con los acusados del juicio del caso Cooperación que dan lugar a una paradoja reveladora de las piruetas jurídicas que el fiscal Jesús Carrasco ha tenido que hacer para rebajar las peticiones de condena hasta en 18 años para uno de los principales acusados, el empresario Agusto César Tauroni.

Tauroni y la mano derecha de Rafael Blasco en la Conselleria de Cooperación cuando se produjeron los hechos, Marc Llinares, aceptan ser condenados por el delito de asociación ilícita, asociación que no alcanza al presunto líder de la trama. 

El pacto con Blasco implica su admisión de delito de malversación en concurso con prevaricación y un delito de falsedad documental, pero no asociación ilícita ni enriquecimiento. La explicación puede ser que, al no haber sido condenado por asociación ilícita en la pieza I del Caso Cooperación, a una posible condena no le afectaría el límite máximo de cumplimiento de penas.

La Fiscalía General del Estado detalló este jueves a última hora de la tarde las condiciones de los principales acuerdos alcanzados, aunque en el caso de Blasco no detallaba los delitos admitidos. En las últimas semanas de negociación, el fiscal Jesús Carrasco ha conseguido elevar las penas que en su día pactó con los acusados el anterior fiscal del caso, Vicente Torres, que para el exconseller era de 2,5 años de prisión, en lugar de los 3,5 años acordados. La petición de Torres antes de las negociaciones fue de 16 años de prisión.

En el proceso se enjuicia a 24 procesados por el desvío de cerca de 5 millones de euros que deberían haberse destinado a once proyectos de cooperación internacional entre 2009 y 2011, entre ellos la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país en 2010.

Blasco pertenece al grupo de acusados que ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio Fiscal (MF) pero no con las acusaciones popular y particular, formadas por la Generalitat valenciana (GVA) y la Coordinadora Valenciana de ONG (CV de ONG). En el siguiente cuadro se ven los tres grupos de reos en función de con qué acusaciones han llegado a un acuerdo.

Fuente: Fiscalía General del Estado

Según la FGE, Tauroni admite la comisión de la totalidad de los hechos por los que venía acusado y se conforma con dos años de prisión por un delito de malversación en concurso ideal con otros de prevaricación y falsificación documental; así como otra pena de seis meses de prisión por el delito de asociación ilícita. Admite también este empresario la comisión de un delito de cohecho por el que acepta nueve meses de prisión, y un delito de blanqueo de capitales por el que acepta tres meses de prisión. 

Marc Llinares, que ostentó el cargo de jefe de área de Cooperación de la Conselleria de Solidaritat, se beneficiará de una rebaja de petición de condena de 16 años a 3 años y tres meses por malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, asociación ilícita y cohecho.

Protestas de las ONG el primer día del juicio. Foto: Foto: Francisco Martínez/EP

Para José María Felip, que ostentó el cargo de director general de Cooperación, la rebaja es de 7,5 a 1,5 años de prisión. Y Agustina Sanjuán, que desempeñaba el cargo de secretaria general administrativa de la Conselleria de Solidaritat, consigue una rebaja de 4 a 1,5 años.

Que la Generalitat y las ONG paguen las costas

El abogado de Rafael Blasco, Javier Boix, dio a entender tras la confesión de su defendido que pedirá la imposición de costas a la Generalitat y a la Coordinadora de ONG, que no aceptan buena parte de las conformidades. Boix tomó la palabra tras la confesión de Blasco para afirmar que se reservaba este derecho a reclamar costas, así como el derecho a la última palabra del acusado.

En privado y fuera de la sala de vistas, algunos letrados de los acusados que han alcanzado acuerdos mostraron, según la agencia Efe, su malestar con el hecho de que la Coordinadora Valenciana de ONG insista en reclamar responsabilidad civil a los acusados y en proseguir con la acusación, dado que consideran que no es parte perjudicada y que, por ello, la sala debería poner límite a sus pretensiones.

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