VALÈNCIA. La magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Castellón citó este lunes a declarar como investigados al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, al portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de València Eusebio Monzó y al resto de miembros del Consejo de Administración de la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas) en relación a los patrocinios contratados con la empresa MotorSport69 SL, del expiloto Álex Debón, que podrían haber tenido como contrapartida el pago de comisiones. Entre ellos está el diputado del Partido Popular en el Congreso Gerardo Camps, que no tiene obligación de declarar ante el juez al estar aforado.
En la causa, tanto Debón como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra están como investigados por un presunto delito de cohecho.
El caso de Gerardo Camps es extraño debido a su aforamiento. Está citado a declarar como investigado pero, al contrario que el resto, su comparecencia es voluntaria ya que solo puede ser obligado a declarar por el Tribunal Supremo. La fórmula que ha utilizado la jueza es igual a la que es empleó con la exalcaldesa de València Rita Barberá en el caso Taula: se le invita declarar motu proprio con su letrado o, si lo prefiere, mandar un escrito contando su versión.
Sin embargo, el diputado popular explicó a Castellón Plaza que la citación recibida desde el juzgado es completamente diferente a la que este periódico vio en la providencia firmada por la jueza. El letrado de la Administración de Justicia envió una citación normal en la que apercibía al diputado (aforado) de que podía ser detenido en caso de no presentarse a la declaración. Preguntado sobre este hecho, Camps dijo que su abogado está preparando un escrito para el juzgado en el que explicarán que no se le puede citar, y menos detener, debido a que está aforado. Asimismo, solicitarán acceso al sumario.
Las pesquisas sobre la posible implicación de Camps por parte de este juzgado viene de lejos. De hecho, en la inhibición al Tribunal Supremo que firmó el anterior instructor, que fue rechazada por el Alto Tribunal, se hablaba de un presunto delito de cohecho, aunque ahora la nueva magistrada aprecia malversación y prevaricación.
El anterior juez instructor se inhibió al Tribunal Supremo al entender que existían serios indicios contra Camps por un supuesto delito de cohecho. El juez expuso que Carlos Fabra le hizo un préstamo a Debón de 175.000 euros, pero que después Aerocas pagó en patrocinios entre 2009 y 2014 más de 3.653.000 euros a la empresa del piloto, de los cuales MotorSport69 devolvió a las cuentas personales de Fabra 563.000 euros en siete pagos. Pagos cuya devolución no consta.
El consejo de administración de Aerocas, del que formaba parte Gerardo Camps y el resto de investigados, "tomaba las decisiones de forma colegiada" y su miembros eran "conocedores de los contratos con Debón", que ratificaron "de forma unánime". Explicaba el magistrado que Camps "habría tenido intervención directa y decisiva", y que la fiscalía también lo veía así, lo que motivó la inhibición en el Tribunal Supremo.
Sin embargo, el Supremo contestó que "se describen los hechos investigados pero no se mencionan en la misma los concretos indicios de criminalidad existentes contra Gerardo Camps", por lo que, añadía, "no constan indicios, por ahora, de los que pudiera deducirse la responsabilidad penal del aforado (por un delito de cohecho). Por ello procede a la devolución de la causa a fin de que pueda tomar declaración a Gerardo Camps si voluntariamente se prestare a ello". Agregó que si tras esa declaración existieran indicios suficientes, procedería una nueva inhibición en el Supremo.
En cuanto al otro investigado de renombre, el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, suma otra causa judicial a la de financiación irregular del PPCV, en la que resultó absuelto, y la que tiene abierta por su presunta implicación en la supuestas mordidas derivadas de los contratos para la construcción del trazado de la Fórmula 1 en València.