VALÈNCIA. (EP) El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Púnica', ha acordado archivar la investigación para el exdiputado de Les Corts Valencianes Víctor Soler, para el vicesecretario de Organización del PP de Gandia Dionisio Ollero, para el exalcalde de Gandia Arturo Torró, y para el administrador de Construcciones Gomuñoz Sergio Muñoz Gómez en el marco de la pieza separada número 10 relativa a la contratación de trabajos para la mejora de la reputación 'online' de cargos del PP con fondos públicos.
Fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, confirman que este mismo viernes el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha firmado el sobreseimiento para todos ellos al entender que con las pesquisas realizadas hasta la fecha no se ha justificado de forma consistente la perpetración de los delitos que se les imputaban. Así, la parte de esa pieza que indagaba en el PP de Gandia, decae.
En el auto por el que imputaba en noviembre de 2020 a varios altos cargos de distintos ayuntamientos 'populares' el juez explicaba que investigaba a Soler por concertar con Torró cómo satisfacer "la deuda pendiente y afrontar el pago de nuevos trabajos de reputación" de las empresas del conseguidor de la 'Púnica' Alejandro de Pedro con dinero público.
En este sentido, señalaba que de la información remitida por la Agencia Tributaria se había podido comprobar que Eico (de De Pedro) facturó en 2012 al Ayuntamiento de Gandia la cantidad de 13.100 euros y en el año 2013 la de 8.470 euros.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirmó que Soler era "conocedor" e "interlocutor directo" en los servicios reputacionales que realizaron las empresas de De Pedro al exalcalde Arturo Torró entre los años 2012 y 2014.
La Guardia Civil explicó en un informe de 2016 que de las conversaciones telefónicas intervenidas a De Pedro se confirmó la existencia de una deuda del Ayuntamiento de Gandia con el empresario, que comenzó a trabajar con el PP de la localidad en 2011, cuando comenzó a prestar trabajos con su empresa EICO.
Debido a que era un año electoral los investigadores sospecharon de que los servicios contratados eran destinados a la "promoción" de la formación política y que, una vez que Torró consiguió la alcaldía, los trabajos de reputación online pasaron a facturarse al consistorio municipal.
Soler declaró como investigado el pasado 22 de febrero ante el juez instructor y aseguró, según fuentes jurídicas presentes en la declaración, que el entonces alcalde le pidió que contratara a las empresas de De Pedro para la campaña de 2015, ya que ya habían trabajado con ellos en las municipales de 2011.
En este sentido, precisó que como aún le debían dinero de entonces a De Pedro, se encargó de renegociar la deuda que mantenía, pero negó haberse ocupado de ese pago. Según la UCO, se acordó el pago de 2.633,75 más IVA durante ocho meses, si bien los trabajos para dicha campaña electoral no se llevaron a cabo porque la Policía intervino antes.
La UCO destacó este hecho en su informe y explicó que en 2013 comenzaron las discrepancias debido a que quedaron varias facturas impagadas a EICO y Madiva por parte del Ayuntamiento de Gandia. No obstante, según los investigadores, debido al "fruto del deseo" de que continuar con la elaboración de esos informes a favor de Torró, Soler accedió a pagar la deuda y acordó un nuevo plan de pagos para los próximos trabajos, que se prolongarían hasta 2015.
Según el informe, Soler contactó con el vicesecretario de organización del PP en Gandia, Dionisio Ollero, para buscar una fórmula de pago para solventar dicha deuda y concertaron con la constructora Construcciones Gomuñoz --empresa adjudicataria de obras en el consistorio valenciano y acreedor del mismo-- para que sufragara la misma por supuestos trabajos de publicidad realizados por Madiva, otras de las empresas de De Pedro.
