CASTELLÓ (EP). El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica continúa esta semana con la ronda de interrogatorios a varios imputados por la pieza separada en la que se investiga la contratación de trabajos de reputación online' con fondos públicos. En concreto, comparecerá este jueves el exalcalde de Castelló Alfonso Bataller (PP).
Del caso de la capital de la Plana, el juez señaló en su auto del 3 de noviembre por el que imputó al exalcalde, que los investigados "para ocultar el pago del gasto personal del alcalde por el Ayuntamiento, convendrían adjudicar un contrato que simularía contratar publicidad de cobertura para campañas simuladas a una de las empresas de la trama, Madiva".
Este martes estaba citado a las 9.30 horas el que fuera alcalde de Coslada Raúl López Vaquero; la asesora del exalcalde de Castelló, Cristina Querol; y la que era coordinadora de comunicación del Ayuntamiento de Castellón, Paloma Aguilar.
La entonces asesora Cristina Querol, por su parte, apuntó ante el juez que todo lo relacionado con la reputación online venía del partido político y que su función fue la de dar fotos del presidente local del partido, en este caso Bataller, porque todo tenía un fin electoral, según informa Europa Press. Por otro lado, Querol negó, además, conocer cómo se pagaban esos trabajos.
Tras esta tanda, el jueves 3 de diciembre será el turno del que fuera alcalde de Majadahonda Narciso de Foxa Alfaro y del exalcalde de Castellón Juan Alfonso Bataller Vicent, además de la que fuera directora de comunicación del ayuntamiento de Alcobendas.
En esta pieza número del 10 de 'Púnica' se investiga tanto a concejales como a alcaldes y trabajadores de distintos consistorios por su participación en la contratación de Eico y Madiva (empresas del conseguidor de la trama Alejandro de Pedro) para que mejorara la reputación de los entonces alcaldes a través de diarios digitales creados 'ad hoc', blogs, gestión de redes sociales o campañas de publicidad.
Todos ellos se encuentran investigados por los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación.
Sobre el Ayuntamiento de Majadahonda, se explica que también se tramitaron las facturas emitidas por EICO y Madiva como "contratos menores, fraccionando la prestación de cobertura, que velaría el verdadero trabajo realizado", logrando así saltarse el concurso público o negociado. Apunta que otras facturas abonadas también "simularon" la contratación de publicidad.
