El Consell del Botànic II. Foto: PEPE OLIVARESVALÈNCIA. Las diferentes posturas que existen en el Consell sobre la aplicación del permiso retribuido recuperable a los funcionarios quedaron expuestas este viernes. La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se mostró contraria en la rueda de prensa tras el pleno del Consell a que los funcionarios sin tareas esenciales o cometidos urgentes devuelvan las horas no trabajadas a la Administración como sí ocurrirá con los empleados del sector privado.
Oltra, que aseguró que no sabía "qué imaginario colectivo" buscaba generar este planteamiento, no llegó a verbalizar su rechazo a implantar esta medida. Sin embargo, la lectura que realizó sobre el escenario actual al ser preguntada sobre si era partidaria de aplicar este decreto aprobado por el Gobierno central a los funcionarios valencianos evidenció la postura que mantiene al respecto. La portavoz del Botànic II defendió que todos "tienen una función aunque sea desde casa". "Probablemente están trabajando más que si estuvieran en la oficina porque todo el mundo está dándolo todo", razonó. "Solo falta que estando ahí, trabajando desde casa con las dificultad que eso tiene y con más horas de las que le tocarían, ahora digamos que venimos con este regalito", añadió en tono irónico.
"Cuando hablamos de funcionarios no sé de quién estamos hablando, pero es que la gente que se está dejando la piel en los hospitales también son funcionarios. Y gente de protección civil, policías o muchos trabajadores de residencias", manifestó la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Añadió, además, que todos los funcionarios de su cartera están trabajando, sea de forma presencial o desde su casa, y "se necesitan más manos".
Su posición, sin embargo, difiere significativamente de la que adoptó el president de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado miércoles, cuando expresó que a él mismo le gustaría que todos "los trabajadores fueran iguales". Una alusión velada a la situación de los empleados del sector privado, que sí deberán devolver las horas cobradas pero no trabajadas a sus empresas, y que probaba que era partidario de que ocurriera lo mismo con los funcionarios valencianos. De hecho, el jefe del Consell advirtió entonces que la Generalitat seguiría explorando la viabilidad de esta iniciativa.
Las dudas legales que reconoció Puig en aquella intervención para aplicarlo, sin embargo, han terminado congelando la idea. No en vano, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Carolina Darias ya advirtió que este decreto aprobado por el Consejo de Ministros era solo aplicable a las personas que tienen una relación laboral, pero no a los funcionarios de ninguna administración. Una respuesta ante la que Abogacía de la Generalitat recomendó a la Conselleria de Función Pública que lidera Gabriela Bravo no seguir adelante con este propósito, ya que entendían que al tratarse de normativa básica estatal, a las autonomías les quedaba poco margen para ejecutar a su libre interpretación.
La postura de Oltra, por tanto, también difiere de la que adoptó Bravo. La responsable de los funcionarios en el Consell fue quien realizó la primera consulta a la Secretaría de Estado de Función Pública que ocupa Francisco Hernández en el Gobierno de Pedro Sánchez. En el escrito dirigido al Ministerio, Bravo cuestionaba si la orden afectaba a los funcionarios que no estuvieran teletrabajando ni acudiendo al trabajo de forma presencial porque no forman parte de los servicios que su conselleria ha considerado esenciales o sus tareas no son urgentes. En ese caso, era partidaria de que estos funcionarios recibieran el salario, pero posteriormente devolvieran las horas no trabajadas a la Administración.
Tras una respuesta negativa, la consellera tanteó a los sindicatos, que se dividieron por la mitad ante esta propuesta. CSIF e Intersindical la rechazaron, mientras UGT-PV y CCOO-PV no descartaron en rotundo adaptarse a esta medida. No obstante, tras el informe realizado por los abogados de la Generalitat, Bravo desistió en su empeño. La responsable de Función Pública, de hecho, también remitió este viernes una nota informativa interna en la que eximía a los funcionarios que estén teletrabajando de la necesidad de fichar durante sus horas de trabajo, por lo que la Generalitat no tendrá un recuento de la jornada desempeñada por cada uno de sus empleados.
Conviene recordar que estas diferentes posturas que se han evidenciado a través de dos comparecencias -la de Puig el miércoles y la Oltra este viernes-, ya se habían manifestado a lo largo de la semana a nivel interno. Antes de que el Ministerio negara que esta medida pudiera aplicarse al ámbito de los empleados públicos de la Administración, Bravo, en aras de 'preparar el terreno' para seguir adelante adelante con la iniciativa, ya había pedido a las subsecretarías de cada conselleria que realizaran un listado exhaustivo que certificara qué trabajadores tenían asignadas tareas consideradas como esenciales y cuáles no.
Un cometido que no acogieron con agrado varios subsecretarios del Consell; especialmente de Compromís, pero también de alguna cartera socialista. La división de entonces ya advertía que, en caso de que el Gobierno central hubiera dado el visto bueno a seguir con este propósito, Bravo habría tenido complicado sacar adelante esta medida, ya que esta tendría que haber pasado por un consellet -reunión de secretarios autonómicos y subsecretarios- y, posteriormente, por el pleno del Consell.
