Fotos: KIKE TABERNERVALÈNCIA. "El personal a extinguir es uno de los mayores dolores de cabeza que tenemos en el sector público". Así lo considera Isabel Castelló, directora general de Sector Público y Patrimonio, encargada de engranar los entes de la Generalitat Valenciana destinados a la gestión y de organizar los recursos patrimoniales de la administración valenciana para contar con todos los espacios necesarios.
Castelló, quien fuera asesora del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pasó a ocupar en 2018 el cargo de subsecretaria de Sanidad tras la experiencia como técnico jurídico de la central de compras de la Conselleria de Sanidad, donde permaneció desde 2006 hasta febrero de 2017. Ya fue a finales de 2018 cuando desembarcó en la Conselleria de Hacienda para lidiar con la interminable nueva Ley de Sector Público, las OPE en las empresas públicas o la temporalidad en la administración.
- ¿Cuáles son los principales retos que la dirección general tiene sobre la mesa en Sector Público?
- Este será el trimestre de nuestro último empujón a la Ley de Sector Público. Estos últimos seis años la hemos estado trabajando, y el mes pasado conseguimos dar la última versión a los sindicatos adaptándola a las novedades de la nueva Ley de Función Pública. Se trata de un texto que se ha trabajado mucho y que ha ido mejorando gracias al diálogo social y a las experiencias de control y cambio en las entidades que hemos hecho. Este será nuestro principal hito.
"Este será el trimestre de nuestro último empujón a la Ley de Sector Público"
También tenemos muchas entidades en las que queremos concluir sus relaciones de puestos de trabajo, sus convenios, y nuestro objetivo sería acabar la legislatura con todas las entidades con una relación de puestos de trabajo acorde a su actividad y con sus documentos de política retributiva bien negociados.
- ¿Y en Patrimonio?
- En Patrimonio, si la primera legislatura fue la de revisar el inventario, digitalizarlo y ponerlo al día, ahora estamos trabajando para convertirlo en una herramienta mucho más dinámica. Estamos trabajando con el equipo de Nefis el tener en tiempo real todos los datos de los edificios, que nos permita relacionarlo con el sistema de explotación y conservación. También estamos trabajando en un grupo específico de Building Information Modeling (BIM) con la Secretaría Autonómica de Arquitectura Bioclimática para poner el foco en todas las herramientas de gestión que nos permita tenerlos al día.
Además, este trimestre esperamos sacar sendas subastas de bienes patrimoniales y poner fin a un expediente de abintestato que ha llevado muchísimos años, la herencia de Martell Farcha, y que por fin vamos a concluir. Esperamos que sea un último trimestre del año muy fructífero.
- Seis años se lleva trabajando la nueva Ley de Sector Público. ¿Por qué ha tardado tanto?
- La nueva Ley de Sector Público será un texto refundido de muchas normas que ya existen. Encontramos un texto muy prolijo, con mucho detalle. Era un muy buen documento pero, desde la experiencia de la gestión, creíamos que podíamos hacerlo un poco más flexible y adaptarlo a la realidad de nuestro sector público y de nuestras empresas. Este es el trabajo que hemos hecho en los últimos dos años.
Hemos tratado de aligerar un poco el texto para que fuera más dinámico, para que dejara parte al desarrollo posterior y, prácticamente, hemos conseguido que aunque el número de artículos quedara igual, sea más liviano y acorde a la realidad. ¿Por qué ha tardado tanto? Porque se ha hecho una labor en paralelo en la comisión de diálogo social. Hemos ido llegando a acuerdos, hemos visto la experiencia de gestión de las entidades y a partir de la práctica hemos modificado.
No es lo mismo partir una ley desde cero que una que debe de aplicarse sobre 14.000 trabajadores si contamos los organismos autónomos. Esta es la razón por la que aún no está aprobada y espero que no se demore más.
- ¿Cuáles serán las claves de esta ley al margen de la flexibilidad?
- Es una ley muy técnica. No contiene ninguna panacea ni nada revolucionario. Sí que es verdad que recoge toda la normativa que con carácter básico nos constriñe a nivel estatal. Pero es un texto refundido de lo que ya se está aplicando. El problema que teníamos es que hay normas desde el año 2013, cuando se dio el gran tsunami del sector público y el gran austericidio y reducción de entidades.
Esas normas están muy repartidas en decretos-leyes, disposiciones adicionales, ... Son normas dispersas y lo que ha hecho esta normativa es un trabajo costoso de reorganización para facilitar la lectura. ¿Las claves de la nueva ley? Un régimen de gestión de las entidades que dota con carácter de ley cuestiones como la organización de los directivos. También lleva planes de recursos humanos para la gestión a las entidades de más de 50 trabajadores o prevé un registro de personal electrónico.
"La ley de Sector Público recoge una supervisión continua a las entidades"
Y, sobre todo, exige a las entidades antes de crearse y mientras funcionan una visión estratégica y de planificación. Para crearla, una memoria económica de varios años, de cómo va a funcionar, sus ingresos, plan de actuación y cada año evaluación de si se están cumpliendo esos objetivos y si se cumplen con los indicadores. Por lo tanto, se recoge esa supervisión continua de que las entidades cumplen el fin para el que fueron creadas.
- ¿Cuál es el fin del registro de personal?
- En Sector Público tenemos armonizar y que dar instrucciones homogéneas a todas las entidades. Es muy diferente la gestión en una entidad de 4 personas que de 1.700. Entonces, queremos buscar un control mínimo de datos que, ahora, es a través de la relación de puestos de trabajo. Sin embargo, queremos un acceso dinámico a la situación de personal de las entidades, porque es el quebradero de cabeza principal que tenemos. Poder atender a las necesidades que tienen, tanto a la gestión temporal como estructural.
- Una de las grandes promesas del gobierno del Botànic era poner orden en el sector público. Sin embargo, seis años después no solo no se han liquidado, sino que tal y como refleja el plan de ajuste han aumentado hasta llegar a 128.
- Creo que se han creado las entidades que eran necesarias y acordes al programa de gobierno del Botànic. Para la gestión de las personas, para la protección del territorio, para prestar servicios públicos que habían desaparecido como es el caso de la tele, para atender la necesidad de excelencia de innovación o para prestar de manera más eficiente servicios que ya se estaban prestando, como los bomberos.
Cada uno de los 14 casos en los que se han creado entidades estaban justificados. Creo que más que el número de entidades nos tenemos que preguntar si, como administración, lo que estamos haciendo lo estamos gestionando con el instrumento más adecuado. ¿Eso que hacemos lo haría mejor la administración directamente? ¿Una entidad de alguna naturaleza o el mercado? Si ese servicio se presta mejor y de manera más eficiente a través de una entidad o de la administración.
"Hay que analizar cada año cómo se están prestando los servicios públicos y si hay una mejor manera de hacerlo"
Y nos fijamos mucho en el caso de entidades, y creo que esto tiene que ser un mecanismo permanente de evaluación. Que las entidades se transformen, se fusionen, algunas desaparezcan,... No es un Excel, una placa petri. Hay trabajadores y trabajadoras, usuarios,... y hay que analizar cada año cómo se están prestando los servicios públicos y si hay una mejor manera de hacerlo.
Una cosa que hemos corregido muy bien estos años era la orfandad de las entidades. Ahora, permanentemente, les compelemos a que entiendan que son instrumentos de gestión de cada conselleria. Entonces, a las consellerias de adscripción, les informamos de las visicitudes de su entidad.
- Hay algunas agencias que el Botànic ha creado y que ni siquiera se han puesto en marcha, como la Agencia del Cambio climático. ¿Tienen justificación todos los entes que se han creado o cree que realmente hay algunos que podrían desparecer para reducir gasto en los presupuestos?
- Si quedan entes inactivos, son dificultades de arranque que han encontrado cada una de las consellerias. Pero alarmante no encontramos nada. Pero cuesta mucho empezar una entidad y hay que pensarse mucho cuando alguien desea crear un ente, porque es muy complicado de gestionar y muy complicado de extinguir y liquidar. Entonces, la nueva ley obligará de verdad a hacer un análisis de, ¿no hay ninguna otra manera de prestar este servicio? Y una de las cuestiones críticas es la ausencia de duplicidad.
- ¿Se ha hecho algún tipo de informe en el que se evalúen la existencia de duplicidades entre los actuales entes?
- El objeto del informe de supervisión continúa corresponde a la Intervención y analiza esta cuestión. Nosotros, en el único caso que tenemos más claro y que hemos venido insistiendo es en la necesidad de la fusión de la corporación y la mercantil de la tele. Nosotros creemos que debe fusionarse y que debe ser una mercantil. Del resto de entidades, salvo algún análisis que puede cambiar cada año y acorde a sus necesidades de gestión o la naturaleza de las ayudas, puede ir variando.
- ¿Le parece un error haber desechado la empresa pública como fórmula de reversión de resonancias y concesiones?
- La empresa pública para gestionar las resonancias tenía sentido para abordarlo de forma supra-departamental y para explotar de manera más dinámica las inversiones y la alta tecnología. Pero si esa circunstancia perdió peso en el trasunto de la tramitación, si los usuarios y los responsables de la gestión como jefes de servicio y departamentos no lo veían, no se puede crear una empresa pública contra los gestores de esa materia.
- ¿Hay posibilidad de mejorar lo que pasó con Alzira? Porque se va a volver a asumir el personal como a extinguir.
- Para mí el personal a extinguir es, si no el mayor, uno de los mayores dolores de cabeza que tenemos en el sector público. El personal de Alzira no es cuestión nuestra, pero sí tenemos personal a extinguir fruto de la reorganización del sector público, como en la Evha y otra entidades. Y es un problema porque la figura dificulta mucho la gestión de las entidades y da lugar a situaciones de desigualdad salarial y problemas de gestión terribles.
"La figura del personal a extinguir dificulta la gestión de entidades"
Supongo que se trataba de una figura que se pensó para una situación coyuntural. Y es una figura de creación muy infeliz porque te dice qué no puede ocurrir con esos trabajadores pero no te dice qué puedes hacer, y nos está provocando muchos problemas. Yo no se la aconsejo a nadie, aunque se considera una figura que da seguridad a los trabajadores porque, cuando se extiende en el tiempo, acaba siendo fuente de problemas de desigualdad y de gestión. Nos gustaría que hubiera un desarrollo a nivel estatal que nos diera luz sobre cómo proceder.
Ahora mismo, tenemos entidades colapsadas por esta cuestión. ¿Hubiera dado solución la empresa pública de sanidad? Hubiera dado lugar a que no hubiera esta figura. También creo que la decisión de crear un ente tiene que ser un compendio de todo este tipo de análisis: personal, de gestión, económico, presupuestario,... Aunque era un objetivo muy loable tratar de evitar esta figura en el departamento, crear una entidad que no satisface las necesidades de gestión de los servicios de radiología y radiodiagnóstico no tiene sentido.
- Es necesaria una regulación estatal.
- Es algo que el Gobierno central tiene que resolver. Tenemos la figura en las internalizaciones y la de reorganización del sector público. Y por razones diferentes, hay gente que está en la misma situación y es una locura. Es no poder modificar ninguna condición de tu vida laboral. Cualquier modificación que experimentan supone una novación extintiva, se van a la calle, y es una locura.
- Cada año hacienda autoriza OPES también en sector público, pero las empresas no llevan a término las oposiciones y no sacan las plazas. ¿Cree que con el decreto que ahora se tramitará para reducir la temporalidad esta situación va a cambiar? ¿Qué podría suponer?
- El decreto tuvimos ocasión de debatirlo en comisión de diálogo social pero, como la expresión no aclares que oscureces, nos ha oscurecido más el análisis. Lo que vamos a hacer es, el compromiso que teníamos en 2018 de sacar oferta pública de todas las empresas, ver en qué situación está. El cálculo es que, más o menos, hemos sacado unas 2.000 y podíamos haber llegado a 4.000. Hay algunas empresas que entran dentro del abuso de la temporalidad que quiere corregir ese decreto, pero hay otras que no.
Vamos a ver qué margen nos deja la norma. Si debemos de cambiar los márgenes de experiencia, si debemos modificar los baremos, y todo eso través de la negociación colectiva y las circunstancias de cada entidad. Nos reunimos en julio y hemos solicitado a las entidades información de cómo llevan esos procesos, si los han sacado, si han concluido, algunas están aprobadas pero sin convocar,... Así que lo que esperamos del 'icetazo' es que, entre estos próximos meses, revele cuál va a ser nuestro margen de maniobra.
- ¿Cómo se ha afrontado en el diálogo social?
- Hay que buscar un mínimo común denominador. Como objetivo principal, la consolidación. Lo que hay que hacer es regularizar la situación y acabar con la temporalidad. La respuesta es muy diferente en cada entidad. Porque en algunas hay gente que ha ido encadenando contratos décadas, y otros que es un plazo breve. Otros llevan muchos años en perfiles muy específicos o que necesitan pruebas de selección muy particulares porque pesa más la experiencia o el conocimiento. Mientras, otros necesitan análisis de méritos y un tribunal. Así que buscaremos un mínimo común denominador, pero no hay una receta unívoca para todos.
- ¿Cree que se puede reducir la temporalidad en las empresas públicas al 8% en un plazo máximo de tres años tal y como pretende la norma? ¿O ve ese objetivo inviable?
- Tiene que serlo. El sector público instrumental no puede ser la ETT de la administración. Tiene que acabar en primer lugar dando seguridad y estabilidad a sus trabajadores y trabajadoras, una planificación estratégica de sus carreras profesionales y eso implica tener cada vez más contratos permanentes. También, otro recado para el Gobierno central, es que si uno de los dolores de cabeza es el personal a extinguir, el mayor es no poder incrementar la masa salarial en las entidades.
"El sector público instrumental no puede ser la ETT de la administración"
Las fundaciones de investigación sanitarias, por ejemplo, son entidades con relaciones de puestos de trabajo de 14 personas y están gestionando 500 contratos temporales. Eso requiere que la masa salarial permita la contratación con carácter estructural. Hemos tenido la experiencia de Vaersa, donde se ha podido crear una relación de puestos de trabajo mucho más amplia, gracias a la denuncia de UGT, porque se nos compelió a hacer la RPT más grande para incorporar al personal de las encomiendas.
Y hay entidades que, aunque no tengan encomiendas, están acumulando contratos temporales porque la masa salarial no les permite tener una relación de puestos de trabajo acorde a su gestión. Y este año no hemos tenido masa adicional. Y como en 2022 no haya, no sé cómo lo haremos. En la investigación es de locos. Necesitamos poder hacer grandes sus relaciones de puestos de trabajo.
