El plan de choque judicial repartirá 18 jueces de refuerzo, 9 letrados y 41 funcionarios

VALÈNCIA. (EP) La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha recabado este martes el apoyo de los operadores jurídicos de la Comunitat Valenciana para poner en marcha "cuanto antes" el plan de choque para reducir el atasco judicial provocado por la pandemia.

La idea es desplegar 18 jueces de refuerzo, nueve letrados de la administración de justicia y 41 funcionarios, que se sumarán a los juzgados Covid-19 de cada capital de provincia.

En la reunión telemática, representantes de abogacía, procuradores y graduados sociales han apoyado esta iniciativa para evitar que el calendario judicial colapse, pues se están señalando juicios para diciembre de 2022, informa la Generalitat en un comunicado.

Esta iniciativa fue presentada el 12 de diciembre en la comisión mixta que reúne al Consell con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) para que sea estudiada por la sala de gobierno del alto tribunal valenciano antes de elevarla al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia.

Para el 'Plan Reactiva Justicia Covid-19 2021', la Generalitat está dispuesta a aportar 2,2 millones de euros. Se trata de un programa específico en las jurisdicciones de lo social y lo civil para reducir los tiempos de espera. "Tenemos que corregir que se estén realizando señalamientos de juicios para 2022. Si no se hace algo, los plazos de espera serán completamente inaceptables", ha advertido la consellera.

Esto pasa por potenciar las jurisdicciones civil y social en Valencia y Alicante y la mercantil en Castellón. En Valencia se destinarían diez jueces de refuerzo, cinco letrados de la administración de justicia (LAJ) y 22 funcionarios. Para Alicante se plantearía el despliegue de siete jueces, cuatro LAJ y 16 funcionarios, mientras para Castellón un juez, 1 LAJ y tres funcionarios.

Gracias a esos refuerzos, la Generalitat estima que los juzgados de la provincia de Valencia podrían resolver alrededor de 3.600 asuntos de la jurisdicción social y 2.400 de la civil durante la primera mitad de 2021. En los partidos judiciales alicantinos se prevé la resolución de 2.400 asuntos de lo social y otros 1.800 de lo civil. Y en Castellón se plantea que el refuerzo en mercantil resuelva en torno a 400 asuntos.

Con la iniciativa se pretende "reagendar" el calendario judicial para que los tiempos de espera sean razonables. Es independiente de la acción de los tres juzgados Covid-19 que entrarán en funcionamiento el 1 de enero en València, Alicante y Castelló, con una inversión de 800.166 euros y una plantilla conjunta de 27 personas. En estos nuevos juzgados se prevé la resolución de unos 20.000 casos a lo largo de 2021.