El presidente de Les Corts pide a Irán la libertad de la abogada de mujeres sin el velo islámico

BRUSELAS. Con membrete oficial y registro de salida de Les Corts Valencianes, su presidente, Enric Morera, ha tenido la valentía de dirigirse en una carta a la embajada de Irán en España para exigir la libertad de la abogada Nasrin Sotoudeh, defensora de las mujeres contrarias a la obligatoriedad de llevar velo en ese país. Esta abogada, luchadora por los Derechos Humanos en su país, fue detenida y condenada el año pasado a 33 años de prisión y 148 latigazos "por incitar a la corrupción y la prostitución". La autoridades aportaron como prueba del delito "oponerse al uso del hiyab" o velo islámico.

La carta del presidente de les Corts, fechada por el registro de salida de Les Corts y firmada en el Palau dels Borja el pasado 27 de octubre, se dirige a la embajada iraní "con todo el respeto a los valores culturales de la República Islámica". El president Enric Morera comunica al embajador que suscribe la petición hecha por Amnistía Internacional, "exigiendo la puesta en libertad, de inmediato y sin condiciones de varias activistas feministas represaliadas por el gobierno iraní".

En el texto se hace mención de la campaña iniciada por Amnistía Internacional en la que pide la liberación de la abogada Nasrin Sotoudeh y otras activistas feministas "encarceladas por defender los derechos de las mujeres", según recoge la misiva. A continuación, el texto concreta que estas mujeres son "presas de conciencia", por lo que pide que "sean anuladas las condenas y se retiren los cargos contra ellas". Las otras mujeres incluidas en esta campaña y por las que también aboga Enric Morera son Yasaman Aryani, Morineh Arabshasi y Mojgan Keshavarz. Las tres activistas por los derechos de las mujeres han sido condenas a un total de 55 años por hacer campaña contra el uso obligatorio del velo.

El texto de la carta remitida por el presidente de Les Corts recoge estos hechos con detalles y recuerda al embajador que Nasrin Sotoudeh fue detenida el 13 de junio de 2018 y condenada a 33 años de prisión y 148 latigazos en febrero de 2019. Fue declarada culpable de siete cargos, entre otros, de "cometer abiertamente un acto pecaminoso (…) apareciendo en público sin hiyab". En el texto también se recogen las "reiteradas represalias y hostigamiento" de que ha sido objeto su familia, "incluido el arresto de su hija Mehraveh Khandan", en agosto de este año, y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La dura y extensa carta dirigida a la embajada expone algunas actividades que las autoridades iraníes aportaron como "prueba del delito". Entre ellas, "oponerse al uso forzoso del hiyab, quitárselo durante las visitas penitenciarias -a sus defendidas-, defender a las mujeres que protestaban pacíficamente contra su uso forzoso, conceder entrevistas a los medios de comunicación para hablar del arresto y la detención violenta de mujeres que protestaban contra el uso forzoso del hiyab, y colocar flores en el lugar en que fue arrestada una mujer que protestaba".

Discriminación por motivos de género

Morera es contundente. "Esos delitos, esas razones son humanamente escandalosas", sentencia. Y explica que Nasrin Sotoudeh ha dedicado su vida a luchar pacíficamente por los derechos humanos como abogada en Irán. "La criminalización de las mujeres por no usar el velo constituye una forma extrema de discriminación por motivos de género, cruel, degradante, inhumano, que atenta contra la dignidad de las mujeres", recoge la carta. Por ello, finaliza, exige que "sean anuladas las condenas y se retiren los cargos contra ellas".

Desde hace tres años, todos los miércoles las redes sociales se llenan con el hashtag #whitewednesday llamando a la protesta a las mujeres en Irán para protestar por la obligatoriedad de vestir con el velo islámico. Esta campaña implicaba también vestir de blanco, conducir o bailar en la calle, actividades prohibidas a las mujeres o mal vistas. Su líder, Masih Alinejad, es una activista feminista que tuvo que exiliarse en Estados Unidos y cuya familia en Irán también ha asido represaliada.

Morera no es el único presidente de un Parlamento autonómico que suscribe esta campaña. El presidente de Las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, también se unió a esta campaña de Amnistía Internacional a primeros de mes. En este caso, se limitó a reunirse con sus representantes para acordar 12 prioridades en materia de derechos humanos que deberían regir la actuación de este Gobierno autonómico, las Cortes y los ayuntamientos de esta región.

La carta