Encuentro entre el Levante y el Zaragoza de 2011. Foto: EFEVALÈNCIA (Jordi Ferrer/EFE). El primer macrojuicio que se celebra en España por un supuesto amaño de un partido de fútbol abrirá el curso judicial en Valencia, que vivirá en noviembre otro proceso de trascendencia: el juicio a la exintendente del Palau de les Arts Helga Schmidt por el presunto desvío de fondos públicos.
El posible amaño de un encuentro, el Levante-Zaragoza de la última jornada de la campaña 2010-11, sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo martes a 36 jugadores, algunos ya retirados, que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel.
La sala Tirant lo Blanch de los juzgados de València, que ya ha acogido un buen número de macrocausas, se volverá a llenar con la presencia de futbolistas con una amplia trayectoria que se sentarán en el banquillo de los acusados.
Entre ellos, los ex amarillos Ikechukwu Uche y Javi Venta, además de futbolistas como Ander Herrera, Gabi Fernández, Leo Franco, Gustavo Munúa, Juanfran García, Sergio Ballesteros, Cristian Stuani o Vicente Iborra, además del técnico mexicano Javier Aguirre y varios directivos del Zaragoza.
En calidad de testigos está prevista la presencia, entre otros, del presidente de la Liga e impulsor de la denuncia -junto con el Deportivo de La Coruña-, Javier Tebas, y los respectivos presidentes del Villarreal y el Levante, Fernando Roig y Quico Catalán.
El siguiente hito en el calendario judicial está marcado el 4 de noviembre, fecha en la que la sección segunda de la Audiencia Provincial tiene previsto reanudar el juicio contra Schmidt, que fue suspendido el pasado enero por problemas de salud tanto de la principal acusada como de su anterior letrado.
Además de la exintendente, en esta causa están procesados, también por prevaricación, malversación de caudales y falsedad documental, el ex director financiero Ernesto Moreno, el empresario Joaquín Maldonado, el abogado José Antonio Noguera y el excónsul de Francia en València y empresario Pablo Broseta.
Schmidt está acusada de formalizar contratos que incumplían la ley, al adjudicar sin publicidad ni concurrencia contrataciones a una empresa de la que era consejera, Patrocini de Les Arts, y de la que supuestamente cobró comisiones.
También se investigarán contrataciones del Palau con Radcliffe & Asociados, una firma administrada por Pablo Broseta de la que se sospecha que, como intermediaria, pudo generar un aumento desproporcionado del coste de impresión de folletos.
Se esperan avances en el caso Imelsa
Del aún amplio catálogo de casos de corrupción que se tramitan en los juzgados valencianos, se esperan avances en la instrucción del conocido como caso Imelsa, un asunto que en enero cumplirá cuatro años y se encuentra desgajado en una decena de piezas.
Algunas de las más relevantes, por su trascendencia mediática, como la que afecta a medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP local -por un supuesto delito de blanqueo de capitales-, se encuentran ya prácticamente concluidas desde hace meses, a la espera de acordarse la apertura de juicio.
También se han programado declaraciones este otoño en el marco del caso Erial, donde se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana.
Así, el Juzgado de Instrucción número 8 de València ha citado a declarar en octubre como investigados al expresident de la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas, al exvicepresidente del Gobierno valenciano Juan Cotino y a parte de la familia de Zaplana, entre otros.
Zaplana quedó en libertad provisional en febrero tras pasar algo más de ocho meses en prisión preventiva en la cárcel de Picassent, aunque desde el 18 de diciembre estaba ingresado en La Fe para el seguimiento de la leucemia que padece, hospital que abandonó el 11 de febrero.
Francisco Camps también tiene frentes judiciales abiertos, el de mayor peso su imputación en la Audiencia Nacional (la Fiscalía Anticorrupción le reclama dos años y medio de cárcel, además de inhabilitación por 10 años) por prevaricación y fraude en relación con la contratación irregular de la trama Gürtel para el montaje del expositor del pabellón de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009.
Y Camps y otras siete personas, entre ellas el obispo auxiliar de València Esteban Escudero, están procesadas por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude a la Administración en los contratos realizados por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la preparación de la visita del papa.
En este caso buena parte de las disputas entre las acusaciones y las defensas se centra en determinar el carácter público o privado de esa fundación -donde participaron la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento, además del Arzobispado- y, en consecuencia, si los contratos se efectuaron o no legalmente.
Todos los investigados han prestado ya declaración en el juzgado, si bien Anticorrupción ha reclamado una prórroga para ampliar las pesquisas y ha solicitado la declaración de la exconsellera y actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, entre otros testigos, que se desarrollarán previsiblemente durante el mes de octubre.
Otro de los asuntos judiciales más relevantes de los últimos meses, el conocido como caso Alquería, que supuso la detención del entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y varios de sus más estrechos colaboradores, está pendiente de ser completado con informes policiales sobre los dispositivos móviles de los investigados, y de nuevas declaraciones.
Además, es probable que en las próximas semanas se conozca la fecha en que podría comenzar el juicio contra la exgerente de FGV Marisa Gracia y otros exdirectivos de esta entidad pública por el accidente de metro de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.
