Las recientes elecciones autonómicas han configurado el nuevo marco político que tendremos en la Comunidad Valenciana para los próximos cuatro años. Según los resultados, podríamos decir que los ciudadanos han decidido apostar por una segunda edición del Govern del Botànic pero con un mayor protagonismo del PSPV, en detrimento de Compromís, y en el que se incorporaría Unides Podem EU.
En este escenario, es necesario establecer un dialogo y una negociación, entre las distintas partes para decidir las políticas que se quieren poner en marcha y que partido se va a hacer cargo de cada una de las futuras consellerías. Como le gusta decir a Mónica Oltra, decidamos primero el “qué” y después “quién”. Nos gustaría hacer nuestra aportación a este debate, a partir de la experiencia de años trabajando en el sector de los servicios sociales desde la óptica empresarial.
Los retos que tiene la atención a personas dependientes en la Comunidad Valenciana son muchísimos. Si bien ha habido avances notables en los últimos cuatro años, como el aumento de personas atendidas y el gran incremento del presupuesto de la Consellería de Igualdad, quedan cuestiones muy importantes que abordar. Podríamos citar seis de ellas, por considerarlas prioritarias desde nuestro punto de vista:
Hay que crear miles de plazas nuevas. Hacen falta 18.000 plazas residenciales para mayores, 3.500 plazas en centros de día, más plazas residenciales y de centros ocupacionales para personas con discapacidad y doblar el número de centros de acogida de mujeres. Hoy en día, el 80% de los servicios sociales especializados son privados y las carencias presupuestarias de la Generalitat indican que la única manera de poder alcanzar ese objetivo es a través de la colaboración público-privada. No hay otra alternativa, plantear la reversión de centros a gestión pública o la preferencia por que los nuevos servicios sean de gestión pública o de entidades sin ánimo de lucro es generar una expectativa irreal.
Hay que profesionalizar la atención a personas en situación de dependencia. El 64% de las prestaciones concedidas en los últimos cuatro años han sido de cuidados en el ámbito familiar. La Ley de la Dependencia de 2.006 reconocía el derecho de los ciudadanos a que los poderes públicos se hicieran cargo de la atención de estas personas, bien directamente o a través del sector privado, liberando a los familiares de la obligación de hacerlo ellos mismos. Nadie cuida por voluntad y cualquier persona que haya cuidado sabrá de lo que estamos hablando. Muchas personas pueden seguir siendo atendidas en su casa pero por un servicio de ayuda a domicilio.
Hay que promover la autonomía personal. El abanico de recursos y prestaciones de la Ley de la Dependencia es muy amplio y hay que ofrecer a cada persona el servicio que responde a sus necesidades. Por ello, servicios de ayuda a domicilio, centros de día, asistentes personales y otros recursos de este tipo deben ser desarrollados y potenciados de manera importante.
Hay que acabar con la lista de espera. Hoy todavía 22.000 personas se encuentran con la solicitud de reconocimiento de dependencia sin resolver, esto es inasumible y el periodo medio de resolución de expediente es de 14 meses, cuando la normativa recoge seis. Hay que conseguir que el procedimiento sea más eficaz, rápido y transparente para que cualquier ciudadano pueda saber en cada momento en que situación se encuentra su expediente y cuanto tiempo queda para ser atendido.
Mejora de la gestión administrativa y de contratación de la Consellería de Igualdad. El servicio de contratación se encuentra colapsado, esto conlleva que muchos servicios se encuentren sin contrato lo que genera inseguridad y retraso en los cobros de las entidades que lo gestionan. Hay que establecer un marco de contratación y de concertación específico con el sector, mercantil y no mercantil, que fije un precio por un servicio con las mismas características para conseguir que todas las plazas públicas tengan el mismo nivel de atención independientemente de quien las gestione.
Hay que establecer un nuevo modelo de atención en salud mental. En cumplimiento y desarrollo del Pacto Autonómico Valenciano para la Atención Integral de la Salud Mental, que responda a las distintas necesidades de cada una de las personas atendidas y que sea sostenible económicamente.
Vistas las cuestiones que hay que afrontar, ahora podríamos entrar en quien debe llevarlas a cabo. Los retos son tan importantes y urgentes, ya que deben ser asumidos sin ningún tipo de dilación, que sería una irresponsabilidad poner en manos de personas sin experiencia en la gestión la Consellería de Igualdad ya que lo único que conseguiría sería retrasar la toma de todas las decisiones.
Las posibilidades del sector de los servicios sociales en el nuevo modelo económico son importantísimas. Es capaz de generar mucho empleo, femenino, en todas las categorías profesionales, no deslocalizable, que ofrece oportunidades contra la despoblación de las zonas rurales, con bajo riesgo de disrupción tecnológica y que aporta bienestar inmediato a las personas a las que atiende. Las personas que vayan a ser responsables de esta área no pueden ignorar este aspecto en la toma de decisiones; se mejora la vida de las personas, primer objetivo de cualquier gobierno, generando crecimiento económico bien repartido, otro objetivo primordial. Si observamos con recelo y desconfianza a las empresas del sector, en vez de ver las posibilidades inmensas que puede generar la colaboración con ellas en un marco de valores compartidos, estaremos perdiendo una magnífica oportunidad.
No es posible abordar estos desafíos sin contar con la colaboración público-privada y sin generar un territorio atractivo para la inversión con un marco jurídico estable que trate por igual a todas las entidades, con independencia de si son o no entidades mercantiles. De otra manera, los recursos se derivarán a otras comunidades autónomas y los objetivos citados anteriormente serán inalcanzable. Si los futuros gestores no tienen claro esto, pueden acabar provocando un verdadero caos en la atención a las personas dependientes.
José María Toro es presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana.