El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el president Ximo Puig. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las tensiones de tesorería provocada por la infrafinanciación que sufre la Generalitat no nos salen gratis a los valencianos. La dependencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que maneja el Gobierno central y que provoca que el Gobierno de Ximo Puig tenga que retrasar pagos a proveedores hace que los plazos de abono de las facturas se alarguen más allá de los 30 días, momento a partir del cual las empresas pueden reclamar –y reclaman– intereses de demora.
Unos intereses que suman cantidades millonarias que la Generalitat podría destinar a otras necesidades sin duda más urgentes y que agravan la penuria financiera que intenta gestionar el conseller de Hacienda, Vicent Soler.
Este interés de demora regulado por una ley estatal, que desde el segundo semestre de 2016 está fijado en el 8%, costó a la Generalitat 131,9 millones de euros en el año 2018. De esta cantidad, la Generalitat abonó 61,3 millones y dejó a deber el resto. Así se refleja en el informe de la Sindicatura de Comptes relativo a la cuenta general de ese año de la Administración autonómica.
Según la Sindicatura de Comptes, el período medio de pago (PMP) de la Generalitat fue en todos los meses del año 2018 superior al máximo de 30 días previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, con un notable empeoramiento en los últimos tres meses. El PMP osciló entre un mínimo de 34,5 días del mes de marzo y un máximo de 67,6 días en el mes de agosto.
Según detalla el organismo que dirige Vicent Cucarella, la Generalitat pagó en 2018 un total de 61,3 millones por intereses de demora, cantidad sensiblemente inferior a la del año anterior, cuando pagó 77,2 millones.
Además, incluyó en la cuenta 409 –que recoge las obligaciones pendientes de asignar a presupuesto, es decir, los gastos comprometidos en 2018 y anteriores que no tenían asignación presupuestaria– otros 63,2 millones de euros. De este importe, 49,9 millones correspondían a la Conselleria de Sanidad Universal.
Pero no queda ahí el coste para las arcas públicas del retraso en los pagos, puesto que la Sindicatura señala otra partida que no había sido consignada como tal por la Generalitat. Se trata de una deuda de 7,4 millones por intereses de demora al Instituto Valenciano de Oncología (IVO), después de un acuerdo extrajudicial que la Conselleria de Sanidad Universal dirigida por Ana Barceló alcanzó con esta fundación para pagarle 24,7 millones por la prestación de servicios de asistencia oncológica integral a los departamentos de salud gestionados mediante concesión administrativa entre los ejercicios 2012 y 2016.
