Ximo Puig, Rubén Martínez Dalmau y Mónica Oltra. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El adelanto electoral decretado en marzo de 2019 por Ximo Puig enterró un total de 15 leyes. Entre ellas, la Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular que se tramitaba en Les Corts Valencianes cuya pretensión principal era garantizar que los residuos se gestionaran "sin poner en peligro el medio ambiente y la salud humana" y que despertó un fuerte rechazo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Era una de las normas que quería recuperar Podem en esta legislatura, pero tras un año de gobierno, sigue en un cajón.
Durante las negociaciones para sellar el Acuerdo del Botánico II, Unides Podem puso sobre la mesa la necesidad de rescatar esta norma que había quedado a solo un paso de aprobarse en el Parlamento valenciano -ya se habían votado las enmiendas en comisión y sólo faltaba votarla en pleno-. Así, además de recuperar proyectos de ley del Consell que no llegaron a ver la luz -como la Ley del Juego, la del Instituto Cartográfico o la reforma de la Sindicatura de Greuges-, los tres partidos se comprometieron a hacer lo propio con la de Ley de Prevención de Residuos.
Ahora bien, sería tramitada como proposición de ley y no como proyecto de ley. Es decir, sería una normativa que partiría de Les Corts y no del Gobierno valenciano. ¿El motivo? Los morados presionaron para que así fuera porque querían asegurarse que esta ley se fuera a tramitar esta legislatura, ya que en la pasada se toparon con reticencias de Compromís y del PSPV durante su tramitación. Por lo que, en este mandato, no querían que el futuro de esta norma quedara en manos de la voluntad de los valencianistas o los socialistas para llevarla a un pleno del Consell. Más aún cuando Unides Podem no gestiona la cartera de Medio Ambiente y fueron sus impulsores en el mandato anterior.
Un año después de que empezara la legislatura, la proposición de ley sigue sin presentarse en el Parlamento valenciano. Y ni siquiera los grupos parlamentarios que integran el tripartito se han reunido para retomarla a pesar de la insistencia de los morados, que aseguran que han pedido a sus socios reunirse en varias ocasiones sin éxito.
Con estos mimbres, es cierto que la pandemia del coronavirus ha cambiado las prioridades legislativas y de gestión del Botànic II. No obstante, conviene apuntar que la declaración del estado de alarma tuvo lugar el pasado 14 de marzo, mientras que la actual legislatura comenzó en junio de 2019. Es decir, que de junio a marzo el tripartito tuvo casi nueve meses para, al menos, iniciar el trámite de esta ley. La paciencia, ahora, se agota y desde Unides Podem advierten que octubre -cuando ya haya pasado el Debate de Política General- será la fecha límite para registrarla, de manera conjunta o en solitario.
Esta proposición de ley fue registrada por Podem en agosto de 2018 como última ofensiva para tratar de salvar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), si bien nadie daba por hecho que este artículo fuera a salir adelante porque no había consenso ni siquiera entre las propias fuerzas que formaban el Ejecutivo y los morados, que lo apoyaban desde el Parlamento valenciano. Pero no solo incluía el SDDR, también recogía un paquete de cambios en la gestión de residuos que causó un fuerte rechazo en la CEV.
Uno de los puntos más conflictivos en la versión inicial de esta ley era la restricción sobre la forma de distribuir agua. Podem propuso que las empresas responsables de instalar y mantener máquinas expendedoras de bebidas en edificios se encargaran también de hacer lo propio con fuentes de agua potable gratuitas y que no se distribuyeran bebidas en envases de un solo uso en edificios públicos o en eventos que tuvieran apoyo de las administraciones, bien fuera mediante patrocinio o cualquier otro tipo de fórmula.
Una pretensión que la patronal censuró porque, a su juicio, suponía una "restricción a la libre circulación de envases dentro de la UE contraria al artículo 18 de la Directiva 94/62/CE y al 10 de la Directiva 2009/54/CE sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales". En su lugar, proponían que la normativa se limitara a instar a las administraciones públicas a implantar un sistema de recogida selectiva de envases en los edificios públicos.
De la misma manera, el partido entonces liderado por Antonio Estañ quería que se instalaran fuentes de agua en espacios públicos y obligar a los establecimientos hosteleros a ofrecer a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de forma gratuita para conseguir que se redujera la producción de desechos.
En el primero de los casos, la patronal consideraba que esta era una medida "ineficaz y desproporcionada" puesto que conllevaba una "banalización" de las propiedades del agua mineral embotellada -envase que "permite su transporte en condiciones de higiene y seguridad alimentaria"- al equipararla a cualquier agua de consumo humano. En el segundo, creían que exigir a los bares a que ofrecieran agua en jarra o vasos a los clientes suponía una "injerencia en el ejercicio de la actividad empresarial". Además, añadían que existían municipios como Moraira en los que las propias autoridades no recomiendan el consumo del agua del grifo, por lo que sería inviable que éstos cumplieran con la normativa.
La Proposición de Ley reunía también en distintos artículos el porcentaje al que debía llegar la recogida selectiva de distintos residuos antes de 2025: orgánico (70% ), plásticos (50%), madera (25%), cristal (70%), y papel y cartón (75%). Unos porcentajes que, no obstante, el órgano presidido por Navarro matizaba que debían ser fijados en el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV).
Lo mismo razonaron, de hecho, con los plazos que fijaban sobre la recogida selectiva de residuos textiles, residuos peligrosos del hogar, los paneles cerámicos procedentes de la exposición y muestrario de material cerámico que son destruidos cuando las exposiciones finalizan, los residuos plásticos agrarios, poda agraria y paja de arroz, o productos de higiene personal como compresas y pañales. En estos casos, la ley de Podem limitaba a que sea efectiva la recogida selectiva ya en 2021.
Ahora bien, conviene señalar que en toda Europa, apenas existen dos plantas de recogida selectiva de pañales y compresas. De hecho, hasta noviembre de 2017 no se inauguró la primera de ellas en todo el mundo, situada en la localidad italiana de Lovadina di Spresiano. Una realidad que dificultaría que en la Comunidad Valenciana se alcanzara el objetivo demandado en un plazo de apenas dos años.
La norma de Podem también trató de restringir el uso y venta de bolsas de plástico. Un artículo que los empresarios criticaron que ya quedó regulado por el Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico. Del mismo modo, pretendían evitar que todo producto alimentario que pudiera venderse a granel, se comercializara envasado en plástico. El texto legal sugería que los supermercados pusieran en lugares visibles bolsas reutilizables de papel para que fueran los consumidores los que distribuyeran en ellos los productos de venta a granel que quisieran comprar.
Sin embargo, la CEV precisó en sus alegaciones que para tomar este tipo de medidas era "preceptivo el dictamen favorable de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria", dado que se ponía en cuestión las garantías higiénico sanitarias. No en vano, puntualizaron que en caso de producirse un problema sanitario, la responsabilidad sería del fabricante, tal y como indica la normativa de Paquete de Higiene.
Con todo, estas observaciones -y otras más- fueron atendidas por PSPV y Compromís a través de numerosas enmiendas de supresión y modificación. Modificaciones que fueron ratificadas en la votación en comisión de Medio Ambiente con el apoyo de socialistas y valencianistas, pero también de Podem.
Los tres partidos aprobaron suprimir el apartado que hacía referencia a la venta a granel y suprimieron los porcentajes de recogida selectiva a la que tendrían que llegar ciertos residuos antes de 2025 "para cumplir con la normativa europea y no tener que pagar multas" a cambio de fijarlos en el PIRCV. El debate sobre el agua, sin embargo, quedó pendiente para debatirse en pleno. Sin embargo, el adelanto electoral lo evitó. Ahora, Unides Podem quiere retomarlo después de que éste haya estado en un cajón durante un año.
