Immaculada Orozco, secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje. Fotos: Marga FerrerVALÈNCIA. La necesidad de generar una energía limpia para un futuro sostenible llevó a la Generalitat Valenciana a agilizar los trámites — a través del decreto 14/2020 del 7 de agosto— para cumplir el objetivo 2030, año en el que la potencia instalada en energía renovable debe ser de 6.000 megavatios en centrales fotovoltaicas y 4.000 megavatios en eólicas. Una situación que ha hecho que numerosas empresas fotovoltaicas presenten proyectos de parques solares y que, a su vez, ha alertado a viticultores y agricultores, que ven sus tierras amenazadas. Tanto es así que el sector del vino de toda la Comunitat Valenciana se han unido para intentar frenar proyectos que destrozarían un paisaje de olivo, vides y huertas.
Una unión también propiciada por la desinformación que tienen sobre los proyectos que se han presentado en los Ayuntamientos y ante el silencio de Mireia Mollà, consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Por ello, y con el fin de conocer la situación en que se encuentran los proyectos presentados en zonas tan emblemáticas como Terres dels Alforins, Castellón Plaza junto a 5Barricas conversa con Immaculada Orozco, secretaria Autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje. Y es que, esta Conselleria, junto a la de Transición Energética y la de Economía Sostenible, trabajan de manera coordinada para alcanzar el objetivo de la transición energética.
- Las estimaciones dicen que 6.000 megavatios son 12.000 hectáreas de placas solares, ¿cómo se va a llevar a cabo esa implantación?
- Esa transposición que hicimos desde el Consell que indicaba que un megavatio corresponde a dos hectáreas de ocupación de suelo no es del todo correcta pues no toda la energía solar debe estar implantada en suelo no urbanizable y se deben valorar otras ubicaciones (tejados, polígonos industriales,…). Es cierto que los promotores prefieren suelo no urbanizable porque es más económico pero desde la Administración debemos ordenar esa implantación para que tanto el suelo no urbanizable como el sistema rural no sean los paganos de esta transición. De hecho, el decreto 14/2020 establece una serie de prioridades para que el consumo de suelo sea lo más reducido posible o afecte lo menos posible al suelo no urbanizable.
- ¿Qué tipo de prioridades se han establecido?
- Desde las tres consellerias —Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Transición Energética y Economía Sostenible— nos coordinamos para ser capaces de transitar en ese camino de la priorización. Esa priorización la realizamos según las determinaciones que apunta el decreto; como que se debe optar antes por aquellas solicitudes que se implantan en suelos transformados y después por aquellas que quieran implantarse en un terreno que se ve afectado directamente por alguno de los criterios. De acuerdo a esa priorización, se están impulsando iniciativas para el fomento de las comunidades energéticas locales. Es cierto que no va a suplir toda esa necesidad, pero es la apuesta por un modelo alternativo al de las megaplantas fotovoltaicas.
- ¿Qué papel juega Agricultura en todo esto?
En los criterios que se establecieron en el Decreto existen criterios ambientales y territoriales. Yo puedo hablar de la parte que trabajamos desde la Conselleria de Política Territorial pero no de aquella que se introdujo desde la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica. De todas maneras, y al hilo de las noticas que hay alrededor de Fontanars dels Alforins y de otras Denominaciones de Origen, existen mecanismos para salvaguardar esos territorios y zonas de cultivo que no son estrictamente agrícolas. Es cuestión de ir estudiando caso por caso los criterios y la regulación a la cual nos podemos acoger para analizar la implantación en ciertas zonas.
- Voces critican que haya vía libre en la implantación de las fotovoltaicas...
No es cierto que exista vía libre. Creo que es positivo frenar esa negatividad alrededor de la implantación de las energías renovables. La transición energética es irrenunciable, es inaplazable, es urgente y el reto es ser capaces de que ese impacto sea controlado y ordenar territorialmente esas instalaciones para que tengan el menor impacto posible en el territorio. No hay que olvidar que una implantación ordenada es garantía de resiliencia en la lucha contra el cambio climático y la cuestión territorial es una parte fundamental.
- Pero el mapa impulsado por Medio Ambiente marcaba bien las zonas en las que se pueden ubicar o no los proyectos….
“UNA IMPLANTACIÓN ORDENADA ES GARANTÍA DE RESILIENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO”
Es cierto que el mapa marca los criterios medioambientales y fija esas tres zonas -prohibidas, con alguna incompatibilidad y zonas compatibles- pero ello no quiere decir que en esos espacios no se tengan que aplicar el resto de criterios o que la evaluación ambiental determine que existen ciertos valores que se deben preservar. Por tanto, a esos criterios medioambientales hay que sumarle los criterios territoriales. No podemos impulsar una política de lucha contra el Cambio Climático, atentando contra otras partes fundamentales de la lucha contra el Cambio Climático, como puede ser la preservación de los acuíferos, que será el reto de la humanidad en las próximas décadas.
- Un argumento similar al de los viticultores, que se preguntan cómo es posible que se defienda el medio ambiente a costa del medio ambiente.
Por eso es bueno reflexionar y escucharnos los unos a los otros. Quizá, desde las distintas consellerias no hemos sido capaces de transmitir ese mensaje de tranquilidad. Es cierto que, a día de hoy, no existe una figura, como en Medio Ambiente, que delimite los criterios territoriales y eso nos hace ir caso por caso, pero por ello desde la Secretaría Autonómica y la Dirección General apuntamos la posibilidad de aterrizar toda esta norma que de forma general protege la estrategia territorial en un instrumento que fuera más concreto. Evidentemente una zona de viñedo tiene un componente agrícola muy potente pero también lo tiene a nivel paisajístico. En Fontanars dels Alforins y otras zonas de viñedo se ha trabajado durante décadas por conseguir un paisaje que ha generado mucha economía, tanto agrícola como turística, y no debería ser sustituida por las necesidades que, como digo, son urgentes e imperiosas para la transición energética.
Fotos: Marga Ferrer- Ha comentado que se va a establecer un instrumento más concreto, ¿puede explicarlo?
- En breve vamos a anunciar la creación de unas directrices y recomendaciones bajo el título Objetivos de calidad e instrucciones técnicas para la ordenación y gestión de los paisajes de relevancia regional de la Comunitat Valenciana que tienen que ser asumidas en el análisis de cualquier implantación que se pretenda sobre las zonas afectadas. Se trata de dotar de protección y poner en valor unos espacios que no tienen una figura concreta de protección que diseccione esa zona y que quede fuera de cualquier actuación de ese tipo. El reto está ahí, en no posponer la transición sino ordenarla.
- Hay viticultores que sienten mucha incertidumbre porque otros están firmando contratos con empresas fotovoltaicas.
“En breve vamos a anunciar la creación de unas directrices que doten de protección unos espacios que no tienen una figura concreta de protección”
Es cierto que asusta que lleguen promotoras pidiendo la compatibilidad urbanística porque el planeamiento del ayuntamiento es antiguo. Pero no hay que olvidar que después debe pasar el filtro de las otras consellerias y el de Territorio, al ser muy potentes, hacen que propuestas que se formalizan no pasen la criba. En concreto, en la Conselleria de Energía y Transción Ecológica se han presentado 369 proyectos (170 en Alicante, 132 en Valencia y 67 en Castellón) que una vez analizados serán estudiados por Territorio.
- Usted lo ha comentado, en los ayuntamientos hay mucha incertidumbre.
- Sí, quizá ese desasosiego ha sido propiciado por el artículo 19, que establece la compatibilidad urbanística generalizada y que ha llevado a algunos ayuntamientos a modificar sus normas en suelo no urbanizable y regular esa implantación que no tenían prevista. Por eso, debemos estar atentas y atentos a todas las voces, a la sensibilidad que se despierta en este sentido y que nos lleva a esa conciliación que para mí es fundamental.
- Por los hechos podemos ver que ese mensaje de tranquilidad no ha llegado a las personas afectadas...
- Ante esa necesidad tan urgente de transformar la energía en energía limpia quizá hemos fallado en medir las consecuencias de no hacer una mayor pedagogía o no ser más concretos en ciertos criterios y en ciertas cuestiones. Por ello, tenemos que ser sensibles y permeables a lo que se nos traslada desde la sociedad, los municipios y los ayuntamientos, que al final son quienes tienen el efecto directo de estas implantaciones. Por ello, el gran reto es conciliar la irrenunciable transición energética con algo que también es irrenunciable: la ordenación del territorio. Tenemos que ser capaces de generar un discurso de tranquilidad para que vean que existe un cribado importante a la hora de determinar en qué lugar se van a implantar esas instalaciones. No obstante, soy partidaria de ser muy permeable a esas cuestiones y yo no creo que haya en absoluto nada inamovible.
- Otra de las problemáticas es la de los tendidos eléctricos.
“Soy una defensora de aproximar la generación de energía a los puntos de consumo para minimizar ese impacto de las líneas de alta tensión”
- En el marco de nuestras competencias y con los instrumentos y argumentos que tenemos informamos acerca de estas instalaciones. Si me preguntas a nivel personal, mi apuesta sería por la energía distribuida que minimiza el impacto porque, al ser más cercana a las zonas de consumo, los kilómetros del transporte y las pérdidas son menores. Ante eso, el Ministerio ha propuesto promover una comisión entre las comunidades autónomas para definir criterios para una adecuada implantación de esas grandes plantas. Es una buena noticia porque las comunidades autónomas somos las competentes en materia de ordenación del territorio, y ejercer esa competencia ante el Estado es muy importante. Es muy positiva esa comisión porque muestra una sensibilidad por parte del Ministerio por ese rechazo que se ha producido. Nadie nos imaginábamos que se podía generar este rechazo en la implantación de una energía que es limpia, sostenible y contribuye a asegurar la resiliencia.
- Se pueden buscar alternativas, como el soterramiento de las líneas de alta tensión.
El decreto habla de impulsar el soterramiento en la medida de nuestras posibilidades. Luego, claro, entra en juego otros parámetros que se escapan de nuestra competencia pero lucharemos con los instrumentos que tenemos para que no se pongan. Soy una defensora de aproximar la generación de energía a los puntos de consumo para minimizar ese impacto de las líneas de alta tensión. Los vecinos de la zona de Aragón también se están manifestando en ese sentido por lo que hay ciertas discrepancias respecto de estas cuestiones. Por eso digo que es buena noticia que el Ministerio haya anunciado esa comisión.
