Encuesta, confinamiento y desescalada: una visión científica

Esta semana se han publicado los resultados de la encuesta epidemiológica aleatoria que, sobre la presencia de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 en la población española, ha sido realizada por el gobierno. Este dato, aunque sólo de forma aproximada, permite conocer la verdadera incidencia de la infección en nuestro país y resulta fundamental para, por un lado, poder calibrar con cierto grado de rigor el impacto de la infección y, por otro lado, determinar el efecto, positivo o negativo, que ha tenido el confinamiento, así como perfilar el entorno con el que nos vamos a encontrar tras la desescalada.

El hecho de que solo el 5% de la población (aproximadamente 2.350.000 personas) ha sufrido la infección parece haber sorprendido y causado incertidumbre, tanto en medios oficiales como en la calle, tal y como se deja entrever en los debates y las tertulias que se han iniciado desde que se conoce esta noticia. Es difícil de entender esta sorpresa y desasosiego, cuando las medidas adoptadas para combatir la pandemia sólo podían tener como consecuencia un número reducido de infecciones y, por tanto, un nivel bajo de inmunidad colectiva. De cualquier forma, este dato también debe ser analizado desde un prisma científico y valorar, de forma integral, las consecuencias que se derivan de este resultado. Este dato puede permitir templar, en gran medida, el alarmismo, que se ha generado artificialmente por el tratamiento de comunicación que ha hecho de la pandemia pero, por otra parte, dibuja un futuro escenario poco optimista desde el punto de vista socio-económico, salvo que el control de la pandemia se aborde, desde este momento, con un talante bien diferente al actual.

Una de las razones por las que esta encuesta era necesaria era para poder caracterizar el efecto de la pandemia desde un punto de vista epidemiológico y no como se ha hecho hasta la fecha en base a datos sesgados e incompletos. La mortalidad y la morbilidad son dos parámetros epidemiológicos fundamentales para definir en verdadero impacto de una enfermedad.

Al igual que ha ocurrido con la mortalidad, el debate sobre las consecuencias que tiene la infección ha sido alarmista y con escaso rigor científico

El alarmismo ha sido la tónica general a lo largo de estos últimos dos meses, cifrándose la mortalidad causada por el virus SARS-CoV-2 en valores disparatados, sin el soporte científico necesario para ello. Hasta ahora, el único dato que se podía aportar con cierta fiabilidad ha sido el del número de fallecidos causado por la infección. Sin embargo, este número depende de toda una serie de variables ajenas a la enfermedad y a su agente causal, por lo que resulta difícil relacionarlo con el curso real de una pandemia. Desde el punto de vista epidemiológico, resulta más adecuado hablar de tasa de mortalidad que, en este caso, vendría a ser el porcentaje de individuos infectados que fallecen como consecuencia de la infección. Esta tasa aporta una visión más exacta del impacto de la enfermedad, al considerar simultáneamente el porcentaje de individuos contagiados y las consecuencias que tiene la infección, independientemente del tamaño de la población.

El resultado de encuesta lleva la tasa de mortalidad real a un valor aproximado del 1,20%, muy lejos de los valores del 10-15% de los que se ha llegado a hablar, y muy similar al observado en otros países que pueden servir como referencia, como es el caso de Corea del Sur. En este país se vienen realizado encuestas sistemáticas desde el principio de la crisis, lo que les ha permitido recrear un escenario de la pandemia muy próximo a la realidad. En Corea del Sur la tasa de mortalidad calculada es del 1,17%, valor muy similar al español, a pesar de que en nuestro país la edad media de la población es significativamente mayor, lo que hacía pensar que se traduciría en una tasa algo mayor.

Otro parámetro importante que permite caracterizar la enfermedad es la morbilidad. Este parámetro se puede definir como el número de personas que enferma, en un lugar y en un periodo de tiempo determinado, por una causa determinada, en este caso la infección por SARS-CoV-2. Al igual que ha ocurrido con la mortalidad, el debate sobre las consecuencias que tiene la infección ha sido alarmista y con escaso rigor científico. El análisis de los nuevos datos demuestra que, aproximadamente, el 90% de las personas infectadas no sufre ningún tipo de consecuencias o bien, éstas son tan leves que no requieren ni consulta ni atención médica.

Los datos de los que disponíamos hasta la fecha eran esencialmente clínicos, puesto que la mayoría de pruebas diagnósticas se focalizaban sobre las personas que manifestaban sintomatología. Este hecho supone un importante sesgo como demuestra el hecho de que sólo un 10% del total de infectados había sido detectado por nuestros sistemas de salud. A la luz de esta encuesta, la realidad es bien diferente y refleja que una gran mayoría de las personas infectadas no va a sufrir ninguna consecuencia.

Sin embargo, el aspecto más importante desde el punto de vista epidemiológico es que permite evaluar, de forma crítica, la utilidad del confinamiento y, sobre todo, esbozar el entorno que nos vamos a encontrar al empezar la desescalada y en el futuro más próximo. La realidad es que, con los nuevos datos disponibles, el inicio de la desescalada nos va a devolver a un escenario muy similar al que teníamos antes de iniciar el confinamiento manteniéndose abiertas las rutas de transmisión del virus.

La política de comunicación gubernamental se ha caracterizado por no afrontar la realidad y transmitir que el confinamiento es la única medida posible y que con ella se "vencería" al virus

La vuelta a la convivencia se va a caracterizar por la convivencia de personas infectadas con un 95% de la población susceptible de sufrir la enfermedad. Lógicamente, este hecho produce una zozobra importante debida, en gran medida, a una errática política de comunicación por parte de las instituciones públicas. Los mensajes lanzados han sido difusos y poco claros y, en las últimas semanas, cambiantes.

El hecho de que la adopción exclusiva de medidas coyunturales, como el confinamiento, no puede acabar con el virus es algo conocido y anunciado desde el inicio de la crisis en numerosos foros científicos. El confinamiento ha podido ser útil para reducir el impacto hospitalario de la pandemia pero, en el momento en el que éste finalice, era sabido que íbamos a volver a una situación muy similar a la ya vivida. Sin embargo, la política de comunicación gubernamental se ha caracterizado por no afrontar la realidad y transmitir que el confinamiento es la única medida posible y que con ella se "vencería" al virus. Sólo a medida que nos vamos acercando a la desescalada, se ha empezado a reconocer, de forma titubeante, que va a ser necesaria la convivencia con el virus.

El control de la pandemia va a exigir de la adopción de medidas estructurales que permitan limitar los contagios masivos de manera sostenida. Estas medidas pueden ser artificiales, mediante tratamiento específicos o vacunas, o naturales, a través de la generación de inmunidad de grupo o de rebaño. Ante la ausencia de herramientas farmacológicas o inmunoprofilácticas (vacunas), la única forma viable parece ser la generación de este tipo de inmunidad colectiva, a través del contacto con el virus en nuestra vida cotidiana. Esta medida puede ser aparentemente dura, pero debe matizarse, diseñarla adecuadamente y entender que es, probablemente, la medida más efectiva considerando los instrumentos terapéuticos disponibles.

Es un hecho evidente que el confinamiento no se puede prolongar indefinidamente por los daños socio-económicos que implica. Esto ha sido entendido en países como Suecia, en los que la estrategia empleada, que se podría denominar "confinamiento responsable", permite una mayor libertad de movimiento e interacción entre personas. A pesar de este hecho, la mortalidad en Suecia a causa de la covid-19 es similar, o incluso inferior, a la de muchos países en los que el confinamiento ha sido estricto. De hecho, la tasa de reproducción en este país ha bajado del 1,4 a 0,8 en las últimas semanas, lo cual implica que la epidemia está entrando en fase de declive. De cualquier forma, la gran ventaja de esta estrategia más aperturista radica en el hecho de que el mayor contacto entre personas va a incrementar los niveles de inmunidad colectiva, lo cual va a facilitar significativamente el control de virus a medio y largo plazo.

En ningún momento estoy afirmando que hay que recuperar la vida cotidiana de forma abrupta y sin tener en cuenta la presencia de virus en nuestro entorno. Sin embargo, sí que considero que la adopción de cualquier estrategia debe partir del conocimiento del virus y de la enfermedad que provoca. Tal y como he comentado, el 90% de las personas infectadas no va a sufrir ningún tipo de consecuencia y, sin embargo, sí que van a generar inmunidad frente a la infección, lo que implica cerrar las rutas de transmisión del virus. Además, los grupos que pueden sufrir una forma severa de la enfermedad están bien definidos.

Por tanto, una alternativa viable podría ser una vuelta a la normalidad de los colectivos de bajo riesgo, manteniendo la prudencia con aquellos grupos más sensibles como son personas mayores o con patologías subyacentes, a través del mantenimiento de las medidas profilácticas básicas y otras medidas como la creación de pasillos sanitarios, horarios, comerciales u otras disposiciones que se puedan arbitrar a tal efecto, hasta que el número de personas infectadas y, por tanto, inmunes se incremente significativamente.

El fin del confinamiento debe acelerar significativamente el periodo necesario para alcanzar una inmunidad colectiva suficiente que permita que los colectivos de riesgo se puedan incorporar de forma segura a la cotidianidad. Además, esta estrategia liberaría de carga a los sistemas sanitarios, ya que la necesidad de atención médica por parte de grupos de bajo riego es muy baja. Asimismo, permitiría una recuperación económica más rápida y, finalmente, aseguraría un control del virus sostenible a medio y largo plazo.

Rafael Toledo Navarro es catedrático de Parasitología de la Universitat de València