Entra en vigor el decreto con más de 30 nuevas medidas de flexibilidad fiscal y apoyo al empleo

VALÈNCIA (EP). El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno con un nuevo paquete de medidas económicas y sociales complementarias para reforzar la financiación de las empresas, apoyar el empleo y otorgar más flexibilidad fiscal entra en vigor este jueves para hacer frente al impacto económico de la crisis del Covid-19.

Así se establece en la norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge más de 30 medidas con el fin de responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongación del estado de alarma hasta el 9 de mayo y "de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública".

Las nuevas medidas modifican, amplían y se suman a las implementadas por el Gobierno, con un primer paquete con aplazamiento de tributos y ayudas a turismo, entre otras, que movilizó 18.225 millones, el segundo que prevé hasta 200.000 millones movilizados mediante avales públicos, la moratoria hipotecaria y otras iniciativas, o el decreto con 54 medidas complementarias que incluyó la suspensión de desahucios seis meses, la prórroga de contratos de alquiler y ayudas, el aplazamiento de cuotas para autónomos y pymes o un subsidio de 431 euros para temporales parados u otro para empleadas del hogar.

Medidas laborales

En materia laboral, prorroga durante dos meses el carácter preferente del teletrabajo, así como el derecho de los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral, y se contempla el acceso a las prestaciones por desempleo de los trabajadores que, estando en periodo de prueba, vieron extinguido su contrato laboral a partir del 9 de marzo, y de quienes extinguieron voluntariamente su contrato de trabajo a partir del 1 de marzo por contar con otra oferta laboral en firme que finalmente decayó.

Además, se modifica también la regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor, para cubrir las reducciones significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales, pero que se han visto afectados por las medidas de reducción de la movilidad y han visto mermados sus ingresos. Los trabajadores fijos-discontinuos podrán incorporarse a ERTE o recibir una prestación de 90 días aunque hubiesen agotado el desempleo o no hubieran cotizado.

Además, ha endurecido las sanciones por la presentación de ERTE fraudulentos, de forma que se considere como infracción "muy grave" efectuar declaraciones o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que los trabajadores obtengan o disfruten indebidamente de prestaciones.

También figura la suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se flexibiliza con carácter extraordinario el Fondo de promoción y educación de las cooperativas para que pueda destinarse a cualquier actividad que contribuya a frenar el Covid-19.

Finalmente, con efectos desde el 1 de enero de este año, los trabajadores agrarios que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en 2019, verán reducidas sus cotizaciones resultantes un 19,1% durante los periodos de inactividad en 2020.

Protección a ciudadanos y renegociación de alquileres de locales

En el ámbito de protección de los ciudadanos, se establecen los términos para el rescate de fondos de pensiones, con un límite de unos 1.613 euros al mes a los afectados, que podrán realizar hasta un mes después del estado de alarma y se permite la tramitación si falta algún documento. Se reducen, asimismo, un 50% los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios.

Igualmente, se establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio a grandes tenedores o empresas públicas, que beneficiará a más de 222.000 inmuebles alquilados de uso comercial, ocio, hostelería y turismo.

En el caso de que el propietario sea distinto a grandes tenedores o empresas públicas, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año.

Para poner en marcha las medidas relativas a la moratoria de arrendamientos para familias vulnerables, se habilita que la Línea de Avales aprobada en el Real Decreto-ley 11/2020 tenga una dotación de hasta 1.200 millones de euros.

Para reforzar la financiación empresarial se amplía la cobertura de la Línea de Avales del ICO para cubrir pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija, y se aumenta la capacidad de las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas, mediante un reforzamiento de los reavales concedidos por Cersa y se garantiza que la línea podrá liberarse hasta el 31 de diciembre de 2020.

Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito y se permite el aplazamiento de las cuotas de los préstamos concedidos por el IDAE en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables.

Medidas fiscales

En materia fiscal, los trabajadores autónomos podrán realizar el cálculo del pago fraccionado del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA con el método de estimación objetiva, lo que permitirá que durante el periodo de estado de alarma se ajuste su pago a los ingresos reales.

Asimismo, las pymes que calculan su pago fraccionado en función de beneficios de ejercicios anteriores podrán cambiar de sistema y realizar el cálculo en función de los beneficios reales trimestrales, lo que permitirá reducir los pagos a cuenta. Ambas medidas permitirán un ahorro de 1.100 millones a los colectivos.

De igual forma, se descontarán del cálculo de los pagos fraccionados del IRPF y de la declaración del régimen equivalente del IVA los días naturales bajo el estado de alarma, con un ahorro estimado de 30 millones de euros en el primer trimestre y beneficiará a 362.000 contribuyentes en el caso de los pagos del IRPF y de 200.000 en los pagos del IVA.

La normativa contempla que no se aplicará ningún recargo por el retraso en el pago de las deudas tributarias a las empresas que hayan solicitado un préstamo ICO avalado por el Estado relativo al Covid-19.

De forma excepcional hasta el 31 de julio de 2020 se establece un "IVA a tipo 0%" para la importación de material sanitario de terceros países y compras dentro de la UE y España a entidades públicas, clínicas y centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social, con un impacto de 1.022 millones.

También se ha aprobado la reducción del 21% al 4% del gravamen del IVA aplicado a las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos y revistas, equiparándose a su versión en papel, con un impacto recaudatorio de 24 millones de euros.

Otras medidas

Igualmente, se incluye un conjunto de rebajas y aplazamientos de tasas para el sector portuario que permitirán un ahorro de unos 100 millones de euros a las empresas, y que alcanza hasta el 60% en la tasa por uso de terminales de pasajeros y hasta el 30% para atraque prolongado de cruceros inactivos.

Otras medidas en materia científica y de investigación son el aplazamiento y refinanciación de los préstamos del Estado suscritos por los parques científicos y tecnológicos; la novación de los contratos de préstamos relacionados con las universidades, y la prórroga de los contratos predoctorales suscritos por las entidades que formen parte del sistema español de ciencia, tecnología e investigación.

Por último, figura también la creación de una Fundación adscrita al Consejo Superior de Deportes que estará dotada con los fondos provenientes de la venta de derechos audiovisuales y cuyo fin será el de contribuir a financiar y dotar de estabilidad al deporte federativo, olímpico y paralímpico en la antesala de los Juegos Olímpicos de Tokyo, que se celebrarán en 2021.