Errando el tiro

Desde principios del siglo XX, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sido el único servicio público en España que ha venido realizando la tarea de vigilar el cumplimiento de la normativa de orden social, tanto en el campo de las relaciones laborales como en el de la seguridad y salud en el trabajo y en el ámbito de la lucha contra el fraude al sistema de la Seguridad Social.

A lo largo de esta semana, varios periódicos digitales han publicado una noticia en la que se daba a conocer cómo el Gobierno había fichado a la empresa privada Accenture con el objetivo de detectar empresas ficticias y los, tan de moda ahora, 'falsos autónomos'.

Frente a ello alzó la voz uno de los sindicatos profesionales y algún que otro medio digital se hizo eco de tales quejas y malestar entre los inspectores al pretenderse la privatización de un servicio público.

Lo cierto es que venimos errando el tiro si desde el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social reconducimos el tema al de la privatización. Contrataciones de servicios externos para la ayuda en el manejo de datos o del llamado bigdata en relación con la lucha contra el fraude es algo que ya venía haciendo la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude y es tan recomendable como necesario ante la escasez de medios propios en la Administración General del Estado. El verdadero problema que plantea esta noticia no es que haya una supuesta invasión de lo privado en lo público sino la pretensión de otro ente público de fagocitar parte de la centenaria labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y frente a eso sí debemos alzar la voz todos y cada uno de los funcionarios de carrera de este cuerpo que lleva desde 1906 en la ardua tarea de fiscalizar el cumplimiento de las normas de orden socio-laboral.

La contratación de la mentada empresa se lleva a cabo por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que se integra orgánicamente la Tesorería General de la Seguridad Social, no por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que se integra orgánicamente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El verdadero problema radica en que dicha empresa privada no analizará ni tratará datos en la lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social para la Inspección sino para la Tesorería; de este modo se vienen a duplicar gastos y entes públicos innecesariamente.

En ese sentido, debe ser puesto de manifiesto que la inspección de la Seguridad Social se realiza, única y exclusivamente, "a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social" por mandato legal (así lo dice el Artículo 5 de la propia Ley General de la Seguridad Social), siendo la Tesorería quien ejerce las funciones de caja única en su condición de servicio común pero no las de Inspección.

Al contemplar la revuelta generada en estos últimos días por este tema me vino a la cabeza la también polémica situación generada durante el juicio del caso Nóos en relación a si la frase "Hacienda somos todos" era o no un mero eslogan publicitario. El entonces presidente de la Asociación de Abogados del Estado defendió en un artículo: Hacienda, queridos lectores, somos todos cuando hay que presentar la declaración del IRPF en junio. En una Sala de Justicia, usted no es Hacienda, no, ni siquiera lo es el fiscal y mucho menos Manos Limpias. Hacienda, en una causa penal por delito fiscal, es la Abogacía del Estado.

Pues bien, la Tesorería es la cara y la caja del Sistema de la Seguridad Social pero en la lucha contra el fraude socio-laboral la Seguridad Social no es ni puede ser la Tesorería ni cualquier otro organismo o ente público, no, la Seguridad Social sólo puede ser la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Esa es la única forma de que al ciudadano se le garantice que el servicio público que paga con sus impuestos es llevado a cabo por los funcionarios que tienen la más alta capacitación técnico- jurídica en el ámbito laboral y de la Seguridad Social: los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

De alterarse dicho régimen jurídico y legal por estas 'vías secundarias' y contra legem se pone en peligro otra pata más del Estado de Derecho, de la legalidad, de la adecuada gestión de los recursos públicos y del buen servicio que le debemos a los ciudadanos, nuestros empleadores.

Juan Antonio González Guillem es inspector de Trabajo y Seguridad Social