VALÈNCIA (EFE). El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha abogado por fomentar "incentivos positivos" que retrasen la edad real de jubilación, que está por debajo de la edad legal de 67 años que se estableció en la reforma de 2011 y que estará plenamente en vigor en 2027.
Durante su comparecencia en comisión correspondiente en el Congreso, el ministro ha incidido en que la Seguridad Social es solvente y parte de una situación sólida, aunque ha reconocido que a partir de 2050 se generará un mayor incremento del gasto consecuencia de la jubilación de los nacidos en la década de los 60 ("bay boomers").
El Ministerio asume los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), según los cuales el gasto en pensiones crecerá en 3 puntos de PIB en 25 años, un incremento que Escrivá cree que es "manejable y abordable".
Según ha explicado, existen incentivos que no se han explotado lo suficiente, que permitirían abordar el problema de gasto de medio plazo "con resultados tangibles" y que provocarían que la edad de jubilación efectiva se acerque a la legal.
"Esto es lo realista", ha dicho el ministro, que no ha querido precisar más a la espera de su próxima comparecencia la semana que viene ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.
En su opinión, el Pacto de Toledo es el que tiene que devolver la certidumbre a los pensionistas, en un momento en que hay un nivel de inquietud que se sitúa en niveles máximos desde una perspectiva histórica.
Por ello, el objetivo del Ministerio pasa por recuperar el consenso en el Pacto de Toledo y por contar "a partir del año que viene" con un marco legal estable, ya que todavía está vigente la reforma del PP de 2013 que estableció un índice de revalorización ligado a la situación financiera del sistema de pensiones, que solo garantizaba una revalorización mínima del 0,25 %.
Los otros dos objetivos del Ministerio en el ámbito de la Seguridad Social pasan por reformar el complemento de maternidad de la pensiones, que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) consideró que se tendría que aplicar también a los hombres, y por revisar las prestaciones por incapacidad temporal (bajas médicas).
Respecto a esto último, Escrivá ha dicho que suponen un gasto de 300 millones de euros anuales y que "hay margen para que se usen mejor".
En el capítulo de inclusión, Escrivá ha abogado por un ingreso mínimo vital "flexible, eficaz, suficiente y evaluable" que rebaje los "considerables" niveles de desigualdad que persisten en España y ante los que las políticas públicas han sido "poco eficaces".
En este sentido, ha defendido que hay "espacio fiscal" para, con un diseño eficaz, contar con esta herramienta con una dotación asumible en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Ha reiterado que se hará por fases, empezando por la prestación por hijo a cargo, y en coordinación con las ayudas existentes en las diferentes Comunidades Autónomas.
