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CALLE LIBERTAD / OPINIÓN

Es el infierno tributario, Ximo

16/12/2020 - 

Como dicen algunos portavoces en el Congreso antes de abordar el fondo del asunto, antes de meternos en materia, “hago una previa”.

No debemos olvidar nunca que, si existen los mal llamados paraísos fiscales (digo mal llamados porque es un error en la traducción del término ‘tax haven’, refugio fiscal, que dista mucho del concepto inexistente en inglés de ‘tax heaven’) es porque existen también los infiernos tributarios. 

Habría que preguntar a las familias y empresas que tienen su residencia en Madrid y pagan religiosamente sus impuestos allí si consideran que viven en ese tipo de paraíso. Pero, si una cosa ha puesto de relieve la acusación de independentistas y socialistas de que la Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal dentro de España es que en otras regiones se vive en un auténtico infierno tributario. 

Por si no fuera suficiente el acoso y derribo al que han sido sometidos los territorios que, ejerciendo la libertad fiscal que les otorga el marco normativo de financiación autonómica desde el año 2009, han decidido libremente bajar los impuestos, llega el Gobierno y acepta que ERC, un partido empeñado en desterrar al Estado de Cataluña y que asegura no pertenecer a España, le imponga lo que pueden hacer o no el resto de Comunidades Autónomas en sus propios territorios. Una imposición delirante a cambio de un puñado de votos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Un chantaje que tiene un objetivo claro, viniendo de un partido con nulo sentido de Estado. Porque, al pretender acabar con los impuestos bajos que mantiene la Comunidad de Madrid, ERC no defiende una armonización fiscal positiva y asumible para y por todos los españoles, sino que su fin último es enfrentar a unos territorios con otros y dividir a la sociedad. En su línea habitual, la única solución que propone ERC para los catalanes –que sufren los tramos más altos de IRPF gracias a los dispendios del separatismo en, por ejemplo, las mal llamadas embajadas o, ahora, en la NASA catalana- es subir los impuestos a los madrileños.

Este ataque a las comunidades que, como Madrid, pueden y quieren aplicar impuestos más benévolos para sus contribuyentes no es nuevo. El president Ximo Puig, inédito traductor del malestar independentista y nuevo portavoz contra la autonomía fiscal –de los demás-, ha encontrado apoyos a su mantra de los últimos años sobre un concepto que ha hecho fortuna en los últimos tiempos, el ‘dumping fiscal’, tan mencionado últimamente como empleado de manera errónea. Si el señor Puig, el señor Rufián y compañía supieran realmente lo que la Organización Mundial del Comercio establecen como ‘dumping’, hablarían de competencia fiscal. Pero claro, suena más grave, ilícito y hasta sofisticado decir ‘dumping’. Puede que, incluso, sepan de qué están hablando, y en ese caso no quede otra justificación que la intoxicación y la mala fe.

Pero lo llamativo es que esos ataques provienen desde el mismo PSOE, un partido que lleva años repitiendo hasta la saciedad que el federalismo es la solución a todos los problemas que asolan a nuestra nación –y que parece defender la autonomía sólo donde hay nacionalismo-, pero que se decanta ahora por la mayor defensa de recentralización política que hayamos visto en democracia: la de los impuestos. 

No sé si el PSOE o Ximo Puig considerarán ‘dumping’ la diferente política fiscal de los Estados Unidos en América o de los ‘länder’ alemanes. Para comprender de lo que estamos hablando, hay dos conceptos básicos: responsabilidad y servicios públicos. Los ciudadanos exigen unos servicios públicos de calidad y unas cuentas equilibradas, y apoyan o penalizan una determinada política fiscal en función de si consigue o no dichos objetivos.

El problema de la armonización fiscal no sólo reside en la pérdida de autonomía por parte de la autoridad competente –a través de una política que, como he comentado, es premiada o castigada en las urnas-, sino también a la hora de determinar el conjunto a armonizar. Por ejemplo, si armonizáramos con el resto de la Unión Europea, por ejemplo, deberíamos eliminar el Impuesto al Patrimonio. En mi opinión, si, como país, y no porque lo imponga ERC, decidimos armonizar, debemos abordarlo a través del debate sosegado y un consenso amplio, buscando mejorar la vida de los ciudadanos y no fastidiar a quienes viven en otras Comunidades Autónomas. Necesitamos un gran acuerdo de país y no la armonización –subordinación- que quiere ERC a cambio de su condición de socio del Gobierno.

Soy consciente del difícil contexto estructural y coyuntural de la economía española en general y de la de la Comunidad Valenciana en particular, pero también lo soy de la presión fiscal a la que están sometidos los autónomos y las empresas valencianas, que necesitan mucha ayuda y un poco de esperanza para superar la crisis económica y seguir avanzando en competitividad para generar empleo de calidad. El objetivo del Gobierno nacional y valenciano debería ser triple: aligerar la factura fiscal de los agentes económicos que deben seguir generando actividad económica y empleo, equiparar la carga tributaria a la vigente en otros enclaves económicos de España y de su entorno, para reducir lastres en la competitividad, y avanzar en seguridad jurídica y predictibilidad para reducir la incertidumbre e incentivar las inversiones privadas.

Porque la política fiscal, además de proveer de los recursos necesarios para mantener del Estado del bienestar, debe ser una herramienta de progreso que construya y mantenga una economía dinámica, competitiva y generadora de empleo. Si conseguimos esto, seremos imparables porque un sistema fiscal autonómico moderno y competitivo será capaz de compensar reducciones en la presión fiscal con el efecto multiplicador que supone para la recaudación el incremento de la renta disponible de más agentes económicos con más capacidad de inversión y consumo: más recaudación con menor presión fiscal. Y que cada gobierno sea responsable de su política económica en las urnas. Así es la democracia: los premios y los castigos los deciden los ciudadanos, no Rufián y ERC.

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