FOTO: EFEVALÈNCIA. (EP) El 14 de marzo se cumple un año del primer decreto de alarma por el que se confinó a la población española para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Y un año después de esta decisión, España ha vivido 7 meses y 24 días bajo estado de alarma --la comunidad de Madrid 15 días más-- y ha estado gobernada a golpe de decreto, según ha denunciado la oposición en numerosas ocasiones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado 37 decretos ley frente a 14 proyectos de ley.
Durante todo este periodo se han contagiado más de 3,16 millones de personas y algunos organismos elevan a unos 100.000 los fallecidos, mientras se fían todas las esperanzas a las vacunas. Estas devastadoras cifras también se han trasladado a la economía, donde el hundimiento del PIB ha sido certificado esta semana por la OCDE como el peor de la Eurozona, con una caída del 11 por ciento y una destrucción de 765.742 empleos; casi 800.000 trabajadores en ERTE y unos 500.000 autónomos cobrando algún tipo de ayuda.
El sábado 14 de marzo de 2020 los españoles emprendían un camino incierto. Un real decreto de alarma aprobado por el Gobierno ordenaba el cierre de todas las actividades no esenciales, el confinamiento domiciliario y el teletrabajo para todo el que pudiera llevarlo a cabo. Entre el miedo y la incertidumbre, los ciudadanos vaciaron los supermercados dejando como anécdota para la historia la desaparición del papel higiénico o de la harina. Nadie sabía en ese momento, ni probablemente el propio Ejecutivo, cuánto iba a durar esa situación.
Pues bien, desde ese primer real decreto del 14 de marzo de 2020, los españoles han vivido más de ocho meses bajo el estado de alarma. Al primero, le siguieron 6 prórrogas, una cada quince días: 27 de marzo, 10 de abril, 24 de abril, 8 de mayo y 5 de junio. Y cada una de ellas salió adelante en el Parlamento con menor apoyo que la anterior. Vox solo apoyó la primera prórroga y el PP votó en contra en las dos últimas. Y la del 5 de junio salió adelante gracias a la abstención de ERC.
El 21 de junio finalizaba la última prórroga, pero unos días antes, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmaba que se había vencido al virus. Una declaración triunfalista que pronto se vio desmentida por la propia realidad con la que han tenido que lidiar las comunidades autónomas en primera persona, ya que desde que decayó la última prórroga del decreto los gobiernos regionales se quedaron al mando de la situación en cada territorio.
Pero la controversia entre las medidas que adoptaban las CCAA y los recursos que comenzaron a producirse ante los tribunales obligó de nuevo al Gobierno a aprobar un decreto de alarma que diera cobertura a las medidas autonómicas. El 9 de octubre lo hizo para la Comunidad de Madrid y el 25 de ese mismo mes, para todas las comunidades autónomas. Se prorrogó el 3 de noviembre por 6 meses y estará en vigor hasta el 9 de mayo de este año.
Estos decretos aprobados en el último trimestre del año, junto con los de la primera ola, han contribuido a que España haya vivido durante casi 8 meses --15 días mas la Comunidad de Madrid-- en estado de alarma, modulado por los gobiernos autonómicos en función de la evolución de los contagios y la saturación de los hospitales que se han producido en la segunda y la tercera ola.
Durante todo este año también se ha ido agrandando la brecha entre el Gobierno y la oposición, sobre todo con el PP, VOX y Cs. El Ejecutivo ha sacado adelante buena parte de las medidas que ha adoptado para paliar los efectos de la pandemia mediante decretos leyes. Un total de 37 durante este periodo de pandemia, frente a 14 proyectos de Ley que ha enviado al Parlamento a lo largo de 64 Consejos de Ministros.
La crítica de la oposición de derechas y centro derecha ha sido constante por entender que el Gobierno no ha contado con ellos para adoptar las medidas necesarias para afrontar las consecuencias de la pandemia.
El primer decreto ley se aprobó el 17 de marzo y en él se incluyeron medidas para facilitar ERTEs y evitar despidos, avales del ICO de hasta 100.000 millones, la prórroga por un año del DNI caducado e incluso se utilizó para 'colar' al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.
A ese primer decreto Ley le siguen otros cuatro en marzo para aprobar más medidas complementarias en el ámbito laboral, la moratoria del alquiler, las hipotecas o la prórroga de los suministros básicos; o el permiso retribuido recuperable que se aplicó a los trabajadores de empresas no esenciales a quienes se obligó a parar la actividad hasta después de la Semana Santa. También se acordaron medidas para proteger a las víctimas de la violencia de género.
En abril se aprobaron otros cuatro decretos ley para: aprobar medidas para el empleo agrario; extinguir el plazo de presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias; para incluir medidas complementarias para la economía y el empleo y para adoptar medidas procesales y organizativas por el covid en la administración de Justicia.
Mayo sumó otros 5, que incluyen el que estableció el Salario Mínimo Vital; un Real Decreto Legislativo por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Concursal y otro sobre medidas de apoyo al sector cultural.
A estos se añaden otros cuatro aprobados en junio, de entre los que que destaca el del 9, con las medidas que se establecen en la "nueva normalidad"; el del 16, de creación de un fondo covid de 16.000 millones para las CCAA; o el del 30 de junio de protección del trabajo autónomo.
Otros dos decretos ley se sumaron en julio para reactivar la economía y el empleo, creando un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas o el Plan Renove 2020 y medidas en el transporte y la vivienda por el covid, entre las que se incluyó una modificación en el derecho de superficie para promover viviendas para "alquiler asequible".
Agosto aportó otro mas, en este caso, con medidas urgentes para las entidades locales y en septiembre hubo otros tres: para regular el trabajo a distancia; el teletrabajo en las administraciones públicas y la ampliación de la moratoria en los desahucios.
Durante octubre el Gobierno no aprobó ningún decreto ley, pero en noviembre se aprobaron tres; entre las que destaca la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrjicas, la ampliación de los plazos concursales o la extensión de los créditos ICO con aval del Gobierno hasta 140.000 millones.
Otros 5 decretos ley se aprobaron en diciembre con medidas tributarias para apoyar al sector turístico, el comercio y la hostelería y también para extender la suspensión de los desahucios hasta la finalización del estado de alarma, así como la imposibilidad de cortar los suministros.
Uno de estos decretos ley es el aprobado el 22 de diciembre "por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", es decir, el conocido como el que establece las bases del reparto de los 140.000 millones de los fondos europeos, del que el Consejo de Estado realizó un informe muy crítico por entender que suprimía muchos de los controles.
En enero de 2021 no se aprobaron decretos ley, en febrero hubo dos, con medidas para el empleo y para reducir la brecha salarial de género, mientras que en lo que va de marzo se han aprobado dos: para modificar el impuesto de Sociedades y la Ley del Impuesto de la Renta de los no residentes y el de medidas para apoyar la solvencia de las empresas, con 11.000 millones, de los que 7.000 millones serán ayudas directas.
Declara inconstitucional tanto esa prórroga como el nombramiento de autoridades competentes delegadas
