Ana Patricia Botín, presidentaMADRID (EP). Banco Santander celebrará este viernes su junta general de accionistas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, una cita en la que se someterán a votación aspectos clave como el bonus digital, el reparto de un dividendo flexible, el nombramiento como consejero del portugués Henrique de Castro y la reelección de José Antonio Álvarez y de Javier Botín como consejeros, entre otros asuntos. Asimismo, el grupo presidido por Ana Botín presentará las principales líneas de su nuevo plan estratégico y deberá rendir cuentas sobre el fichaje fallido de Andrea Orcel como consejero delegado o el inminente Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que comenzará a negociarse después de Semana Santa.
Además de aprobar las cuentas anuales, el estado de información no financiera o la gestión social, los accionistas tendrán que dar el visto bueno a que, con cargo al ejercicio 2019, se abonen dos dividendos en lugar de cuatro (previsiblemente en mayo y en noviembre) y a que se abran todas las modalidades de pago, con lo que el banco podría repartir beneficios en efectivo o en acciones. El banco anunció durante la presentación de su plan estratégico que tiene la intención de elevar el 'pay out' desde el 30%-40% actual al 40%-50% en el medio plazo. Con cargo a los resultados de 2019, se efectuarán dos pagos y la proporción de dividendo en efectivo por acción será, al menos, la del año anterior.
Para instrumentar total o parcialmente la remuneración correspondiente a un dividendo a cuenta con cargo a 2019 mediante la aplicación del programa Santander Dividendo Elección, el consejo pedirá autorización para, llegado el caso, aumentar su capital social por un importe determinable con la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal, como ya hizo en noviembre, y recomprar títulos.
Con cargo al ejercicio 2018 se han abonado tres dividendos y el 2 de mayo se pagará el cuarto. Así, en agosto de 2018 se abonó un primer dividendo en efectivo de 0,065 euros (un total de 1.055 millones de euros), en noviembre se distribuyó un dividendo flexible que resultó en que el 23,45% de accionistas optó por cobrar el pago de 0,035 euros en efectivo por título (supuso un desembolso de 132,45 millones) y el pasado mes de febrero se pagó un tercer dividendo en efectivo de 0,065 euros (1.055 millones). Está previsto que el 2 de mayo Santander abone un cuarto dividendo complementario con cargo a los resultados de 2018 de 0,065 euros (1.055 millones de euros), que deberá obtener la 'luz verde' de los accionistas. De esta manera, el banco habrá destinado un total de 3.292 millones de euros a dividendos y 9,11 millones a reservas voluntarias con cargo a 2018.
Por otro lado, los accionistas de la entidad deberán aprobar la fijación del número de miembros del consejo de administración en 15 y la reelección por tres años de los consejeros José Antonio Álvarez (ejecutivo), Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea (externo), Ramiro Mato García-Ansorena (independiente), Bruce Carnegie-Brown (independiente) y Belén Romana García (independiente).
La junta también votará el nombramiento del portugués Henrique de Castro como consejero independiente para cubrir la vacante dejada por Juan Miguel Villar Mir el pasado mes de enero. De Castro ha ocupado cargos de máximo nivel en compañías como Yahoo! y Google y su nombramiento va en línea con la apuesta de la entidad por la digitalización, debido a su "sólida experiencia" en la industria tecnológica y digital.
Asimismo, se propone la reelección de PwC como auditor de cuentas del banco y el grupo para el ejercicio 2019. Probablemente, la entidad tendrá que rendir cuentas a los accionistas sobre el fichaje fallido del banquero italiano Andrea Orcel como nuevo consejero delegado, en el que se dio marcha atrás al considerar inasumible tener que hacer frente en su totalidad al bonus en diferido que se había comprometido a abonarle UBS, que rondaba los 50 millones de euros. Así, finalmente José Antonio Álvarez se mantendrá como consejero delegado del grupo y asumirá además la vicepresidencia del consejo de administración.
Los accionistas también deberán fijar el importe máximo de la retribución anual para el conjunto de los consejeros y la ratio máxima entre los componentes fijos y variables de la remuneración de los consejeros ejecutivos y otros empleados pertenecientes a categorías cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo.
Una de las propuestas más novedosas de Banco Santander es la creación de un bonus de 30 millones de euros para hasta 250 empleados (excluidos los consejeros), con el objetivo de atraer y retener talento que logre "hitos digitales clave" para acelerar la transformación digital del grupo. Esta novedad va en línea con el anuncio de que el grupo invertirá más de 20.000 millones de euros en transformación digital y tecnología en los próximos cuatro años. Según este plan, Santander prevé alcanzar un ahorro de costes operativos anual progresivo de 1.200 millones en el medio plazo, de los que 250 millones de euros corresponden a unas sinergias adicionales por la integración de Banco Popular.
Los sindicatos podrían aprovechar este encuentro con la dirección para pedir explicaciones sobre la evolución de la integración tecnológica de la red de Banco Popular en Santander y el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se espera que comience a negociarse después de Semana Santa. La celebración de la junta coincide con la quinta oleada de la integración tecnológica, en la que se adaptarán los sistemas de las oficinas de Cataluña y Canarias, un proceso que deja a la vista el solapamiento de oficinas de una y otra red.
Los más de 30.000 empleados de Banco Santander en España confían en que el banco respetará el Protocolo de Fusión firmado el pasado mes de noviembre a la hora de ejecutar el ERE, mediante el que la dirección se comprometió a no recurrir a los artículos de movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y despido colectivo del Estatuto de los Trabajadores sin previo proceso de diálogo y participación sindical en búsqueda de soluciones consensuadas, renunciando de forma expresa a la toma de medidas traumáticas en procesos de reorganización por la absorción del Popular. Aunque todavía no existe un número oficial de empleados afectados por el ERE, se especula con un recorte de entre 3.000 y 4.000 personas por el cierre de más de 1.000 sucursales.
