Financiación autonómica: la burla de PP y PSOE a los valencianos se prolonga un año más

VALÈNCIA. La reforma de la financiación autonómica viene siendo una prioridad para el Gobierno valenciano desde hace más de un lustro. Así, tanto los ejecutivos anteriores liderados por el PPCV como este último encabezado por PSPV con Compromís como socio, han reivindicado la remodelación de este sistema que debía revisarse en 2014 y que efectúa un reparto que perjudica gravemente a los valencianos. Un sistema aprobado en 2009 con el socialista Rodríguez Zapatero que venía a mejorar el incluso peor -para los valencianos- modelo anterior ideado por, adivinen quién, Eduardo Zaplana, y aprobado con José María Aznar en La Moncloa y mayoría absoluta del PP.

Así pues, pese al empeño de PSPV y PPCV, la presión de Compromís, que ha hecho bandera del problema, y el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias de Les Corts, donde existe acuerdo sobre el asunto, no se ha movido ficha en el año que dejamos atrás. Tanto socialistas como populares han demostrado ser la misma cara de la moneda en esta cuestión que, es cierto, implica una compleja negociación multilateral que resulta, tal y como está España hoy en día, más complicada si cabe.

Ahora bien, conviene recordar que a los políticos se les paga para que, al menos, traten de resolver los problemas y no huyan despavoridos cuando se les presenta uno. Y este en concreto, es grave. La Comunitat Valenciana acumula un déficit en los últimos años de más de 16.000 millones de euros -según distintos informes- solo por la infrafinanciación del Estado, o lo que es lo mismo, el reparto injusto de los fondos del Gobierno central. 

La Comunitat Valenciana está desde 2002 a la cola de financiación por habitante -algunos años disputándose el último puesto con Murcia- y la insuficiente financiación causa un déficit irresoluble -harían falta recortes drásticos del sistema de bienestar- de más de 1.000 millones al año en las cuentas autonómicas. Un déficit que se cubre con préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que significa más deuda. Más de 46.000 millones de euros debe la Comunitat Valenciana, aunque solo un tercio, aproximadamente, es achacable a la infrafinanciación.

La cuestión política

¿Y cómo es que si PPCV y PSPV-PSOE están de acuerdo con que se reforme el sistema esto no ocurre? Pues la realidad es que la parte valenciana de los dos grandes partidos nacionales no cuenta lo suficiente en Madrid para que ello ocurra. Además, la Comunitat Valenciana no es un problema, como lo es Cataluña o lo fue en su día el País Vasco, como para que esto sea prioritario. 

Un paseo por la hemeroteca lo resume de forma sencilla: Mariano Rajoy, convocó en enero de 2017 una Conferencia de Presidentes en la que se comprometió a poner en marcha la reforma y culminarla ese mismo año. No ocurrió: la crisis en Cataluña con aplicación del 155 incluida sirvió como excusa para no abrir este melón.

Sin embargo, no le importó al Gobierno de Rajoy, apoyado por el PSOE y el resto de grupos excepto Compromís y Ciudadanos, para aprobar en noviembre de ese mismo año una mejoría exprés del Cupo vasco, por poner un ejemplo de las desigualdades que siguen produciéndose en el tablero político nacional.

Así, Rajoy, se dedicó a marear la perdiz con el prestidigitador Cristóbal Montoro al frente con interminables comisiones técnicas y políticas que vinieron a decir lo que de todos es sabido: que la Comunitat ocupa un puesto de honor entre las infrafinanciadas. No se puede decir que no se avanzara, se avanzó en la reforma, pero cuando tocaba dar el paso definitivo se creaba otra comisión, comité o grupo de trabajo para alargar el proceso un poco más. Ello, a pesar de la presión de la Comunitat Valenciana con Ximo Puig al frente y de que un entonces un indignado Pedro Sánchez reclamaba con ahínco la reforma.

Meses después, llegaría su turno. El líder socialista lograba, merced a una audaz moción de censura, desbancar a Rajoy de La Moncloa y convertirse en nuevo presidente del Gobierno. En el propio debate, ya dejaba entrever con pesar realista que sería muy difícil afrontar la remodelación si gobernaba, unas palabras que se hicieron realidad un mes después enviando una posible reforma a la siguiente legislatura -entre uno y tres años más de espera-. El motivo, la fragilidad parlamentaria que tiene un presidente con apenas 84 diputados.

Estas duras afirmaciones, ante la indignación de algunos barones socialistas como Ximo Puig que vienen reclamando la financiación insistentemente, provocaron ciertos matices y reacciones dirigidas a dulcificar la situación. Promesas de compensaciones a las CCAA infrafinanciadas, retomar los trabajos del estudio de la reforma donde los dejó el PP y, en el caso valenciano, la condonación de la deuda de La Marina o un compromiso de inversiones en el PGE que se sitúe en el 10% de las mismas para nuestro territorio. Parches para continuar una espera que se prevé larga y tediosa.

Sin expectativas para 2019

La consecuencia de todo ello es que ha pasado un año más sin reforma y, lo que es peor, no hay expectativas de que la haya en el año recién iniciado. Sería imposible abordarla antes de las elecciones autonómicas de mayo, donde 13 gobiernos autonómicos se renuevan, y aunque se podría hacer en el segundo semestre, pues todos los trabajos están ya concluidos, Pedro Sánchez ya dejó claro que no se haría en esta legislatura. 

El presidente del Gobierno quiere agotar la legislatura, lo que supondría que habría elecciones en junio de 2020 y ello significaría que, a no ser que para el nuevo gobierno sí fuera una prioridad, tampoco el año que viene tendríamos nuevo modelo de financiación.

Lo cierto es que la presión para cambiar el modelo ha bajado en los últimos meses. Con la mejora de la situación económica y la mayor recaudación de impuestos, la mayoría de las CCAA ya no tiene déficit. Para las privilegiadas con el actual sistema, sería incluso contraproducente cambiarlo. Si a esto añadimos que el adalid del cambio, el socialista Ximo Puig, tiene ahora enfrente a otro socialista, se vislumbra, por mucho que el conseller Vicent Soler diga lo contrario, que la presión desde la Comunitat Valenciana también ha bajado. 

Solo la presión de Compromís, que tiene votos suficientes para bloquear la mayoría de izquierda en el Congreso, podría hacer a Sánchez reconsiderar su postura, pero también la presión del grupo que lidera Joan Baldoví ha bajado, como se demostró en la votación de la senda de déficit a final de año.

En cuanto a los otros dos partidos nacionales, Ciudadanos y Podemos, poco han hecho fuera de la Comunitat Valenciana, donde siempre han ido a remolque de PP, PSPV y Compromís. El discurso de Albert Rivera es el de igualdad entre todos los españoles, pero no pone el mismo ahínco en eliminar los fueros vasco y navarro que en presionar para un cambio de modelo de financiación autonómica que es igual o más dañino para los valencianos.

En cuanto a Podemos, Pablo Iglesias obligó a Sánchez a firmar en La Moncloa un acuerdo de cara a los Presupuestos de 2019 que en realidad era un acuerdo programático de 50 folios y 62 puntos (ver texto). En él se acordaban medidas sobre ley 'mordaza', ley electoral, violencia de género, delitos sexuales, desahucios, financiación local... pero ni una sola sobre la reforma de la financiación autonómica. No es prioritaria.