Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EP). La Fiscalía mantiene abiertas 14 diligencias preprocesales civiles en residencias de la Comunitat Valenciana para hacer un seguimiento de los enfermos y de los trabajadores en la pandemia del Covid-19, según datos facilitados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el conjunto del país, la Fiscalía mantiene a fecha de este miércoles un total de 109 diligencias penales abiertas --más una pendiente de admitir o no en Gandia (Valencia)-- por la situación creada en las residencias de ancianos a causa de la pandemia. Lo ocurrido ha merecido por el momento la apertura causas en una docena de juzgados de instrucción.
La FGE no ofrece un recuento oficial y lo datos aportados pueden dar lugar a alguna confusión sobre los totales, pues a los expedientes que continúan vivos sea añaden las diligencias fiscales que se abrieron en su momento y ya han sido archivadas, las acumulaciones de unos expedientes en otros y también las causas de las que el Ministerio Público se tiene que apartar al haber sido ya judicializadas. En todo caso, Madrid sigue estando a la cabeza de las actuaciones con 42 diligencias en trámite, y le sigue Cataluña con 24.
En materia penal, el total de investigaciones con los datos ofrecidos son sensiblemente superiores en materia penal a los aportados la semana pasada, cuando la Fiscalía elevó hasta 86 el número de residencias investigadas penalmente.
Por comunidades autónomas, la información aportada permite deducir que en la Comunidad de Madrid sigue siendo la que más casos acumula, con un total de 42 diligencias fiscales abiertas (se han abierto un total de 51 expedientes, pero en 9 de los casos éstos se han acumulado a otros abiertos con anterioridad por los mismos hechos).
Así, y sin tener en cuenta el desfase por las acumulaciones, la Fiscalía Provincial ha abierto hasta el momento 28 diligencias de investigación, a las que se suman seis diligencias en el área de Alcalá de Henares, otras tantas en Getafe-Leganés y siete en Móstoles-Fuenlabrada. En cuanto a procedimientos penales, se han abierto en los juzgados de instrucción números 51, 12, 48 y 42 de Madrid y en el número 1 de Navalcarnero.
En Cataluña, las diligencias de investigación penal abiertas son 24, de las cuales diez han sido incoadas por la Fiscalía de Barcelona, 4 por la de Granollers, 1 por la Fiscalía de Vilanova i la Geltrú-Gavá, otra por la de Manresa-Igualada, 4 por la de Sabadell, 2 por la de Terrasa, 2 por la de Mataró, y una por la de Taragona. Hasta ahora sólo consta un archivo de una de las denuncias realizadas en esta comunidad.
En Andalucía no constan investigaciones penales sobre residencias que a día de hoy se mantengan vivas y tan sólo se apunta el archivo de una que se abrió en su día en Huelva. En Aragón, en cambio, se mantienen abiertas 3 investigaciones, una en la Fiscalía de la Comunidad autónoma por la queja de una asociación, y otras dos es las fiscalías provinciales de Zaragoza y Huesca; mientras que en Cantabria solamente existe un caso que continúa abierto -por denuncia de un partido político que la información aportada no especifica- y otros dos han sido finalmente archivados.
En Canarias se registras dos diligencias de investigación aún vivas, ambas en el área Arrecife-Puerto del Rosario; mientras que el número de investigaciones vuelve a subir en el caso de las dos Castillas: en la Mancha se cuentan 10 expedientes abiertos a los que hay que sumar 2 procedimientos judiciales ya en curso, mientras que en Castilla y León se contabilizan otras 10 diligencias abiertas, tres casos ya archivados antes de llevarse ante un juez y cinco procedimientos judiciales abiertos ya por posibles delitos cometidos en residencias.
Finalmente en Extremadura se contabilizan 4 diligencias abiertas, una de ellas en la Fiscalía Superior por denuncia presentada por un partido político (que no se especifica) en la Fiscalía Superior; mientras que en Galicia se contabilizan un total de 11 casos abiertos en las diferentes fiscalías, además de otros 3 que ya se han archivado y un procedimiento penal en curso. En las Islas Baleares y La Rioja un se registra una diligencia abierta en cada comunidad.
En cuanto a las actuaciones civiles, que se han tramitado como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales o diligencias informativas civiles, también se ha visto un repunte con los datos ofrecidos la semana pasada, pues de 126 se elevan a 176 actuaciones, de las cuáles 165 siguen en trámite y 11 han sido archivadas o están pendiente de ser archivadas.
Se tratan de actuaciones dirigidas a la protección y defensa de los derechos de las personas mayores. En este sentido, el Ministerio Público explica en su comunicado, los fiscales especialistas en toda España se encuentran en "permanente contacto" con las autoridades sanitarias para facilitar la respuesta a aquellas incidencias que, en el marco de sus competencias, pudieran plantearse en torno a las residencias de personas de la tercera edad.
Según las cifras ofrecidas este miércoles, constan 78 investigaciones sobre amparo de personas en situación de vulnerabilidad en Cataluña; 19 en Castilla y León (una archivada); 17 en Galicia (tres archivadas; 14 en Andalucía; 14 en la Comunitat Valenciana; 8 en Extremadura (3 archivadas); 8 en Castilla-La Mancha (3 pendientes de archivo); 4 en Aragón; otras 4 en Madrid; 3 en Cantabria; 3 en Canarias (una archivada); 1 en La Rioja; 1 en Murcia; 1 en Navarra y 1 en País Vasco.
Durante la situación de crisis sanitaria se registraron casi 14 millones de contagios y más de 122.000 muertes, de las cuales un 8,65% se produjeron en la Comunitat Valenciana
