Fomento garantiza una AP-7 'gratis total' en enero y ya trabaja en su refuerzo y ampliación

ALICANTE. Sin ensayos de nuevos sistemas de pago, ni ningún otro régimen particular específico para sus recorridos internos. La autopista AP-7 funcionará a partir del 1 de enero de 2020 como si se tratase de una autovía al uso tras el fin de la concesión ahora en manos de Abertis. El Ministerio de Fomento descarta todo sistema de pago disuasorio por uso y se limitará a levantar el peaje en cuanto asuma su rescate, de modo que el tránsito por su trazado será completamente gratuito.

Así lo ha garantizado este miércoles el secretario de Estado de Infraestructuras, Julián López, tras mantener un encuentro de coordinación con el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Arcadi España, sobre el estado de las inversiones que afectan tanto a la provincia de Alicante de manera específica como al conjunto de la Comunitat.

Es más, al término de ese encuentro, el propio López ha concretado que el ministerio ya está trabajando en los pliegos para licitar trabajos de mantenimiento y de refuerzo del firme ante la previsión de que se incremente el flujo de tráfico en general, así como la circulación de vehículos pesados. 

No solo eso. A la vista de los informes de perspectiva elaborados por la demarcación de Tráfico, en los que se apunta un notable aumento de la media diaria de vehículos en circulación, Fomento también ha iniciado estudios para abordar la ejecución de posibles variantes en determinados tramos, así como la ampliación "del tronco de la autopista, de modo que pueda pasar de dos a tres carriles" en puntos concretos. Para ello, según López, se va a licitar la elaboración de un estudio externo específico en el que se detalle en qué medida va a aumentar la densidad de la circulación. No obstante, ha señalado que el dato más objetivo se tendrá "a partir del 1 de enero, cuando se levante el peaje".

En esta línea, sí ha insistido en que para el caso de la AP-7 no se puede aplicar un régimen distinto al del resto de vías que pasen a depender del Estado, en alusión a las peticiones de peajes disuasorios o de pago para los desplazamientos de largo recorrido, como se ha llegado a plantear desde determinados ámbitos como los empresarios del sector turístico, por ejemplo. En todo caso, sí ha apuntado que esa posibilidad se debería debatir en el seno de una subcomisión como la que se creó en el Congreso en la pasada legislatura. También ha señalado que esa reflexión se está planteando en el seno de la Unión Europea (UE) y que se estará atento a cuál sea su desenlace.