VALÈNCIA. A la entrada de Morella hay una nave industrial abandonada. Las hierbas que pueblan su lateral, y que se alzan como una valla natural ante las puertas de acceso, son buena prueba de ello. También lo es el testimonio de los vecinos que viven junto a ella: "Eso está cerrado desde hace años. Antiguamente guardaban camiones, pero desde que lo cerraron ahí no hay nada".
El inmueble no dejaría de ser una más de las cientos de naves industriales abandonadas a lo largo y ancho de la comarca de Els Ports, si no fuera porque su dueño es, según la información registral, Joaquín Puig Mestre, el padre del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y del periodista y empresario de la comunicación Francisco Javier Puig, más conocido como Francis. Y que el patriarca se la tenía alquilada a su hijo Francis. Y que este pasaba el gasto en alquiler de esa nave como justificación de las subvenciones al valenciano que el Gobierno que preside su hermano le ha estado concediendo los últimos años, y que, ahora, un juzgado valenciano y la Fiscalía Anticorrupción investigan.
Francis Puig está imputado junto al director de Políticas Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, como responsable de las subvenciones.
Según consta en el Registro de la Propiedad, se trata de una nave de planta baja con cubierta de uralita, destinada a garaje y almacén, con una superficie de 390 metros cuadrados. La propiedad está dividida en cuatro partes: los padres de Francis Puig, sus tíos -la hermana de su padre y su esposo- y dos primas.
cuadradosLa denunciante del caso, la diputada del PP Eva Ortiz, definió en su día en Les Corts dicho lugar como una nueva localización para Granjero busca esposa. Valencia Plaza acudió a Morella a comprobarlo y sí, la diputada popular tenía razón puesto que el hermano del presidente nunca ha utilizado ese lugar como sede de su televisión ni de ninguno de sus medios de comunicación, según afirman los vecinos del lugar. Es más, la sede de la televisión que gestiona Francis Puig siempre ha estado dentro del casco urbano de Morella y no en una nave a las afueras.
Francis Puig pagaba 250 euros en concepto de alquiler, según la documentación a la que este periódico ha tenido acceso, que fue aportada por el PPCV en su querella. Durante el año 2016 se aportaron como justificación diez cuotas de alquiler, lo que supondría un mínimo de 2.500 euros. Pero esa cifra podría incrementarse, ya que el juzgado, a raíz de una petición de Anticorrupción, ha solicitado los expedientes completos de las ayudas concedidas no solo por el Gobierno valenciano sino también por la Generalitat de Cataluña.
Fuentes de la Fiscalía consultadas por este periódico explican que, en caso de demostrarse que Francis Puig mintió con las justificaciones, el delito de fraude en subvenciones estaría mucho más cerca de demostrarse, pues se uniría a otros extremos como que presuntamente utilizó las nóminas de su hermano Jorge para justificar dos subvenciones diferentes.
Francis Puig habría utilizado las mismas nóminas de su hermano Jorge, así como de otros dos trabajadores de su empresa Mas Mut Produccions, domiciliada en la provincia de Teruel, para justificar gastos en dos subvenciones diferentes. En este caso, el hermano del presidente entregó como gastos las nóminas en una de las subvenciones de fomento del valenciano en la Comunitat Valenciana, y las mismas en otra subvención estructural a medios informativos digitales privados en catalán o aranés.
La causa se inició a raíz de una querella interpuesta por el PP contra Francis Puig, responsable de las empresas Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, y Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, por las ayudas al fomento del valenciano.
En total, Ortiz ha presentado hasta tres ampliaciones de querella. En la inicial se aludía a que Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions recibieron ayudas al fomento del valenciano -más de 400.000 euros en subvenciones desde 2015- "sin ningún tipo de control".
Con posterioridad, la amplió a las ayudas a medios de comunicación vinculados a los hermanos Adell Bover, cuya familia es propietaria de varias empresas receptoras de subvenciones y a quien sitúan como "socio" de Francis Puig. El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos 2 millones de euros.
En la tercera y última ampliación, el PP hacía referencia a que las empresas de Francis Puig pudieron recibir dinero de subvenciones dadas por la Diputación de Barcelona -Comunicacions dels Ports habría obtenido 150.000 euros de la diputación a través de Xarxa Audiovisual Local SL-.
El juez abrió una investigación y tenía previsto tomar declaración en calidad de investigados a Puig y a Trenzano en diciembre, pero finalmente se suspendieron los interrogatorios a petición de Anticorrupción, que pidió la práctica de nuevas diligencias.
Por el momento, en esta causa se investiga la presunta comisión de cuatro delitos de fraude de subvenciones por los responsables de Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports de las anualidades 2015, 2016, 2017 y 2018. La investigación trata de determinar si los importes concedidos por Generalitat valenciana y catalana fueron destinados a sufragar las actividades subvencionadas, es decir, si fueron empleados en el fomento de las lenguas co-oficiales en estos territorios en los medios de comunicación.