Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Fiscalía ha presentado un escrito dirigido al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en el que pide seguir adelante con el procedimiento contra Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su socio Juan Enrique Adell Bover. A ambos los acusa de los presuntos delitos de estafa agravada y de falsedad en documento mercantil, si bien no menciona el supuesto fraude de subvenciones en el que se centraba esta causa.
Anticorrupción pide a la jueza que inicie la fase de procedimiento abreviado, la previa al juicio oral, y avanza que concretará con mayor precisión los hechos en su escrito de acusación. Igualmente, solicita ofrecer acciones a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y de la Catalana.
La causa se inició tras una querella del PPCV y ha indagado en la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018. Todas ellas están vinculadas a Francis Puig y los Adell Bover.
La instrucción de este asunto se encuentra finalizada desde hace más de un año. La Audiencia de Valencia así lo determinó, de manera sobrevenida, tras un error del juzgado, por lo que sólo restaba la presentación de las últimas pruebas practicadas y los pronunciamientos de las partes. Con todo ello, ahora el juzgado deberá decidir si archiva la causa o si dicta auto de procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– para los investigados, lo que supondría el paso previo a la apertura de juicio oral.
La Guardia Civil remitió su último informe el pasado marzo, pero no cuantificó las subvenciones recibidas presuntamente de manera irregular (cantidad que resultaba relevante determinar para seguir adelante o no con la causa), sino que expuso un pormenorizado análisis de facturas de las empresas vinculadas a Francis Puig y los Adell Bover a las que se concedieron las ayudas públicas.
Ahora, la Fiscalía no menciona el fraude de subvenciones en su escrito sino que se centra en la falsedad documental continuada y la estafa agravada. Recientemente, los investigados pidieron el archivo de la causa por no haber delito, mientras el PP solicitó la apertura de juicio oral.
