Bonig, Cantó, Mata, Ferri y Davó. Fotos: KIKE TABERNERVALÈNCIA. "Externalizaciones". Esta es la palabra con la que los partidos del Botànic II lograban cerrar un acuerdo este martes con PP y Ciudadanos para sellar conjuntamente el pacto por la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunitat Valenciana después de la pandemia del Covid-19. Un acuerdo alcanzado a última hora, durante el transcurso del propio debate, y que ha costado semanas de negociaciones entre los partidos que integran el Gobierno valenciano y los de la oposición, a excepción de Vox, que como ya hizo en el Ayuntamiento de València volvió a desmarcarse en esta ocasión del consenso.
El pleno de Les Corts Valencianes comenzó este martes todavía con las posiciones divididas. La intervención del síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, fue esclarecedora: "Son las 10:45 y no hay acuerdo". Las principales diferencias que existían entre el tripartito y la bancada de la oposición se centraban en tres puntos clave: las reversiones sanitarias, la creación de nuevos impuestos y la colaboración público-privada. Tres puntos en los que los partidos tuvieron que hacer un auténtico encaje de bolillos para encontrar el redactado con el que todas las formaciones firmantes se encontraran cómodas.
En el primer caso, PSPV, Compromís y Unides Podem habían recogido en su dictamen inicial la recuperación de "la gestión pública de las concesiones que acaban su contrato, tanto de departamentos como de servicios sanitarios". Es decir, incorporaron en este pacto uno de los objetivos de legislatura del Acord del Botànic II. Una cláusula que la oposición, partidaria de este modelo de gestión, había solicitado en los últimos días que eliminaran del documento; que el tripartito separara sus objetivos de legislatura de los que debía tener un pacto por la reconstrucción firmado por todas las fuerzas políticas.
La coalición valencianista y los morados fueron, sin duda, más reticentes que el PSPV a matizar el redactado. Sin embargo, tras varias jornadas de conversaciones, finalmente el texto acordado -que se votará este jueves- introduce alguna variación respecto al redactado inicial: "Recuperar la gestión pública de los servicios sanitarios (resonancias magnéticas, diálisis...) y departamentos, bajo las condiciones de seguridad jurídica, viabilidad organizativa y calidad del servicio, tanto para la ciudadanía como para los trabajadores de las concesiones, sin perjuicio del uso de las externalizaciones, si fuera necesario, dentro de los criterios recogidos en la ley de contratos del sector público".
Si bien el tripartito mantiene de esta manera la primera parte de esta cláusula, también incorpora una segunda parte en la que se hacía mención al uso de las "externalizaciones" o concesiones si fuese necesario. La incorporación de esta parte en las conclusiones de la comisión por la reconstrucción fue finalmente la que desatascó el pacto este mismo martes, lo que permitirá que en la votación haya una amplia unidad en torno al documento final.
Previamente, PSPV, Compromís, Unides Podem, Ciudadanos y PPCV habían cerrado otros acuerdos respecto a otros apartados del dictamen final. En concreto, el que afectaba a la creación de nuevos impuestos que populares y naranjas rechazaban en rotundo y a la colaboración público-privada, que estos partidos de la oposición pretenden fomentar.
En el primer caso, el Botànic II pasó de fijar como objetivo la "creación de nuevos impuestos propios, especialmente en el ámbito de la fiscalidad verde" a "impulsar políticas fiscales verdes dirigidas a la transición ecológica justa de acuerdo a los parámetros adoptados por la Unión Europea y fomentando criterios de sostenibilidad". Con esto, la redacción del objetivo se suavizaba de manera significativa, ya que "impulsar" no exige de manera clara una obligatoriedad. Ahora bien, la normativa europea en estos términos es clara y exige que se apliquen este tipo de impuestos, por lo que la interpretación del redactado finalmente quedará en manos de quien gobierne. En este caso, del Botànic II.
En el segundo caso, los grupos parlamentarios que integran el Ejecutivo valenciano, PP y Ciudadanos incorporaron al dictamen que en las residencias se debe "fomentar la colaboración público-privada en el marco de lo que dispone la ley de Servicios Sociales Inclusivos".
Asimismo, los cinco partidos acordaron realizar un seguimiento de las medidas que recoge el pacto por la reconstrucción, celebrar un homenaje a las víctimas de la Covid-19, ampliar las ayudas a autónomos y pymes, e instar al Gobierno central a fomentar la contratación de los trabajadores en ERTE, así como incrementar la bonificación de la cuota de los trabajadores a la Seguridad Social cuando el ERTE se convierta en "fuerza mayor parcial".
