VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios de Les Corts registraron hace dos semanas sus enmiendas a la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Una norma del Consell que afronta el final de su tramitación en el Parlamento y que pretende establecer medidas preventivas para luchar contra la ludopatía y proteger especialmente a los menores. Algunas de las propuestas de los partidos han suscitado malestar en la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas en la Comunitat (Andemar), desde donde lamentan que nadie se haya reunido con el sector para escuchar sus posturas y demandas. Valencia Plaza se reúne con su presidenta, Encarna García, a quien acompaña el secretario general de Andemar, Migue Ángel Gónzalez, para conocer la opinión del sector.
-¿Qué opina de la Ley del Juego del Consell que se tramita en Les Corts estas semanas?
-No se ha consensuado con el sector. Hemos ido a remolque de lo que el legislador a base de impulsos sociales ha intentado introducir en la ley. Algunas de las enmiendas que se han registrado pueden llevar a situaciones excesivamente injustificadas y desproporcionadas en cuanto a restricciones y prohibiciones. Entendemos que era necesaria la reforma porque la actual normativa era de 1988 y se ha modificado en sucesivas ocasiones a través de la Ley de Acompañamiento, que es un cajón de sastre para actualizar leyes que no debería utilizarse. Pero creemos que debería haber sido consensuada con todos los actores en escena: consumidores, usuarios, amas de casa, vecinos, asociaciones de jugadores, rehabilitados, pero sobre todo también desde la vertiente empresarial, laboral y económica que representa el 2,8% del PIB de la Comunidad Valenciana.
-Por lo que está diciendo parece que crean que se está criminalizando al sector...
-Se lleva criminalizando al sector desde hace tiempo y se ha recrudecido especialmente en los últimos dos años. Quizá por la falta de regulación de la publicidad del juego online a nivel estatal y por culpa de la falta de planificación de distancia entre salones de juego en determinadas comunidades autónomas que no planificaron a tiempo dichas distancias. Estos son dos factores que han invitado quizá demasiado a que se haya hecho demagogia y tengamos ahora una ola social que creemos que no está suficientemente justificada científicamente como para atacar a un sector que durante 40 años en la Comunidad Valenciana no ha dado muestras de generar problemas.
-Pero, ¿no cree que está generando un problema de salud pública?
-En absoluto. Podemos ha registrado por ejemplo una enmienda para quitar las máquinas tipo b -tragaperras- de los bares y hay un informe que indica que hay un descenso de esas máquinas en hostelería y se ha incrementado en salones. Pero las cifras indican que no ha habido un aumento lo suficientemente grande como para generar alarma esta social. De hecho, el comisario jefe de delitos contra las personas de la Policía Nacional estableció hace poco que este no es un tema social ni de menores. Y hay dos datos que lo desvirtúan: por una parte, la operación Arcade realizada en diciembre de 2019 sobre la incidencia de menores en salones de juego en la que de 3.000 inspecciones que se realizaron a 3.000 salones de juego solo se detectaron 28 incidencias entre menores e indocumentados porque no tenían DNI o documentación equivalente en el momento de la inspección.
Por otra parte, todos los parámetros e informes en los que nos basamos demuestran que solo existe un 0,3% de juego problemático en toda España y en la Comunidad Valenciana. Es decir, es el índice más bajo de toda Europa junto a Suecia y Noruega. Y por último, los informes de asociaciones como Patim, Vida Lliure o Vidas en Juego integradas en FEJAR demuestran que solo hubo 140 tratamientos de adicciones exclusivamente por juego problemático el año pasado.
-Precisamente, usted que acaba de menciona a FEJAR, ellos mismos advierten que España lidera el ranking de ludopatía en Europa. Y es una federación que depende del Ministerio de Sanidad, no es sospechosa de dar datos erróneos o interesados. ¿No cree que existe un problema real con la ludopatía en nuestro país?
-No, para nada. Son solo el 0,3% y FEJAR está dentro de la plataforma de juego responsable de la que nosotros también formamos parte.
-¿Y entonces cómo se explica el aumento a los 345 millones apostados por en 2018 en la Comunitat?
-No hay tal auge. Piensa que las apuestas deportivas empezaron a homologarse en 2013 tras la publicación del Decreto 42/2011, por lo que tal auge como actividad nueva debe ponerse en relación con los premios repartidos y la tributación. Hay que distinguir entre cantidades jugadas y cantidades gastadas descontando devolución de premios y luego la tributación. Además, la tributación se aumentó del 10% al 20% desde el 2018. No negamos que no haya un incremento del juego, pero hay que diferenciar entre el juego presencial y el online. El que ha sufrido un aumento sustancial es el segundo, porque era algo que no existía y ahora sí. Es un sector que está creciendo como cualquier empresa que cuando empieza tiene un periodo de crecimiento, estabilidad y maduración. El presencial está madurado, que hasta el momento no ha tenido este alarde social. El online sí porque ha nacido hace poco. Cierto es que hay que regularlo, que es algo que nosotros llevamos pidiendo mucho años a nivel estatal.
-¿Qué le parecen las distancias que plantean a los centros escolares? ¿Tiene hecho un cálculo de a cuántos podría afectar?
-Nosotros hemos aceptado un marco de propuestas mínimas por parte de las asociaciones de consumidores y de las amas de casa Tyrius. Nos parece razonable que sean 700 metros, que es la distancia que ya existe entre salones en la Comunidad Valenciana y la que propone el PSPV en sus enmiendas a las cuales, por cierto, aún no hemos podido tener acceso. No nos incomodaría tampoco que fueran 1.000 metros, pero no puede tener carácter retroactivo a pesar del perogrullo que supone porque está absolutamente prohibida la entrada a menores de edad. Es más, esta es una infracción muy grave.
-¿Se cumple esa prohibición a rajatabla?
-Se cumple porque a lo largo de 2018 tan solo ha habido 28 incidentes en este sentido. De hecho, ya hay un control selectivo por zonas. Es decir, cuando ya hay un terminal de apuestas o máquinas que excedan de determinados premios, de 1.200 euros, estás obligado a tener un control de acceso y solicitar el DNI. Además de que está absolutamente prohibida la entrada a menores de edad y tenemos tolerancia cero con ese tema.
-Por tanto, ¿el debate sobre las distancias con los centros escolares no es relevante para usted?
-No influye porque no es nuestro público, pero siempre que no afecte a las inversiones ya realizadas. Además, jurídicamente eso podría dar lugar a expedientes de responsabilidad patrimonial porque no es normal que se cambien las reglas del juego a mitad camino. Una norma debe mirar hacia el futuro y lo que no puede ser es que se hagan unas inversiones y te quedes fuera de mercado por un cambio que entendemos que no está justificado.
-Precisamente esa es una de las cláusulas más controvertidas de la ley, la que establece que una vez venzan las licencias actuales, las que se concedieron con la anterior legislación, los operadores deberán adaptarse a la nueva normativa. Es decir, si infringen las distancias, por ejemplo, deberían trasladar el local; o al menos así lo plantean Compromís y Unides Podem. ¿Cree entonces que la administración se enfrentaría a recursos por responsabilidad patrimonial si esto ocurre?
-Eso sería escandaloso por una razón muy sencilla: hay estancos cerca de colegios y no se cierran; hay quioscos cerca de colegios y el tema del azúcar es un problema que importa a Sanidad pero no se cierran; si seguimos así con el paso de los años vamos a empezar a cerrar restaurantes porque este es un país de obesos. Si empezamos esta espiral esto no va a acabar nunca. Si con las inspecciones se demostrase que hay una incompetencia por parte de los salones, hemos propuesto las sanciones y cierres. Pero no se ha producido porque no hay suficientes pruebas para hacerlo. Además, las restricciones de distancias, por cierto, no se les pide a las administraciones de Lotería del Estado ni a los puestos de la ONCE que pueden repartir 4 millones de euros con un Rasca, que es un juego instantáneo.
-¿Qué le parece que el periodo de licencias baje de 10 a 5 años?
-Eso se referirá a instalaciones en hostelería. Si se mantuviera, mejor, pero en principio no nos parecería mal porque en principio en hostelería los contratos de entre 5 y 10 años no se cumplen porque el nivel de rotación de los hosteleros es altísimo. Pero sí que tenemos que tener una seguridad empresarial.
-Parece que por lo que está diciendo está bastante de acuerdo con las enmiendas que plantea el PSPV pero no con las que proponen Compromís y Unides Podem.
-Es que estamos hablando de un sector controlado, y frente a eso nos encontramos con prohibiciones y restricciones de algo que se logró con el albur de la Constitución, con la despenalización del juego en el año 1978. Así que no entendemos que todas las libertades construidas en una industria que está controlada, fiscalizada, que reporta 40.000 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana, que genera 4.000 millones de ingresos junto con los de la ONCE y Selae, que paga 144 millones de impuestos en la Comunidad Valenciana que no pagan sin embargo ONCE o Selae, se intente desmoronar por un impulso social de una opinión publicada. Estamos absolutamente de acuerdo en que no se abra cerca de colegios por un aspecto meramente visual, de educación y formación. El peligro está en el juego online.
-¿Qué opina de la propuesta del PSPV de aumentar hasta el 30% la base imponible mínima del importe total de cantidades destinadas a participación en el juego?
-¿Está comprobado que eso vaya a hacer disminuir la posible ludopatía? ¿Disminuyó el tabaco cuando el precio de un paquete subió? No, ha aumentado. Eso tiene más afán recaudatorio que disuasorio.
-¿Considera que todas estas restricciones deberían hacerlas extensivas a la ONCE y a la Sociedad Estatal de Loterías del Estado (Selae)?
-Sí porque todos somos juego. Cuando compras un décimo haces una apuesta, pero tenemos el concepto de jugar a la Lotería, de comprar ilusión, pero el juego es juego y es todo lo mismo. La ONCE es una fundación y la Lotería es estatal y la regulación es distinta porque depende del Estado y la nuestra depende de la autonomía.
-¿Es partidaria de dejar de dar licencias de máquinas tipo B en bares?
-Eso ya está regulado desde 2002 y ahora lo que pretenden es levantarlo. Una empresa que tiene 100 máquinas no puede tener más. El límite que tiene es el que había en ese momento. Puede sustituir las máquinas, pero no obtener nuevos permisos de explotación para bares y cafeterías. Nosotros no queremos saturación.
-Desde Andemar han pedido al Consell que incluya una planificación del juego. ¿No ha sido ordenada? ¿Cómo debería ser?
-Entendemos que debería haber habido una planificación sostenible. No queremos que se otorguen más permisos de explotación de máquinas tipo B. Es un sector maduro que está muy estable y que no necesita más oferta de juego. Tenemos muchas máquinas que están de baja temporal por baja rentabilidad. Es, por tanto, contradictorio que quieran, por un lado, mayores límites a los salones de juego y en cambio en hostelería, salvo Podemos, quieran liberalizar el parque de máquinas dando a obtener más permisos cuando ahora están vetados. Además, no tiene sentido poner terminales de Selae y ONCE con ese tipo de premio en hostelería. Lo que no puede ser es que se intente prohibir y cercenar ahora derechos y libertades conseguidas y construidas a lo largo de 40 años.
-¿Qué puede hacer la patronal y las propias empresas para promover un juego responsable?
-Nosotros abogamos por políticas de juego responsable y, dentro de ellas, queremos una planificación sostenible, distancias con centros educativos y hemos puesto en práctica un programa de juego responsable a través de la Asociación de Hostelería y Turismo de España, de la patronal de máquinas recreativas a nivel europeo y con FEJAR para dar una formación específica al hostelero para que sepa cómo actuar si un menor intenta acceder a la máquina, tiene un comportamiento de agresividad o ve a una persona que está jugando demasiado. Además, también hemos propuesto la creación de un Observatorio del Juego Responsable porque esta ley no ha sido consultada con el sector ni con las partes afectadas. Su objetivo sería hacer un seguimiento de los efectos que pudieran tener estas medidas.