CASTELLÓ. La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido, ha mantenido esta semana una reunión con el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, para abordar el expediente sancionador contra fondos buitre, así como la firma de dos convenios sobre la adhesión del Consistorio a la Xarxa Xaloc d’Habitatge y el decreto de tanteo y retracto para ampliar el parque público de alquiler social.
Garrido valora la predisposición del Ayuntamiento y la Conselleria en reforzar las políticas en materia de vivienda y atajar los supuestos abusos de los fondos buitre denunciados por el Sindicato de Inquilinos de Castelló y que ha documentado la Concejalía en una investigación propia. «Durante décadas el acceso a la vivienda se dejó solo en manos del mercado y de esta manera no se ha garantizado el derecho constitucional de la vivienda. Asimismo, durante los gobiernos del PP se promovió una legislación que favoreció la actuación especulativa de los fondos buitre en el alquiler», señala la concejala.
La regidora y el secretario autonómico han abordado la denuncia contra los fondos buitre del Sindicato de Inquilinos y el informe realizado por el Ayuntamiento que señalan indicios de supuesto acoso inmobiliario en alquileres del Raval Universitari. Ayuntamiento y el Sindicato de Inquilinos han aportado a la dirección territorial de la Conselleria de Vivienda esta información con el objetivo de que inicie un expediente sancionador al considerar que la actuación de las sociedades de inversión incumple la Ley de Función Social de la Vivienda.
Respecto a la Xarxa Xaloc d’Habitatge, ambos han tratado las gestiones realizadas en el seno del Gobierno local para conseguir la adhesión del Ayuntamiento. Se trata de un programa piloto de la Conselleria que integra a 12 municipios y mancomunidades para reforzar las políticas en vivienda. Castelló dispondría de cuatro nuevas plazas de personal para la puesta en marcha de la Xarxa Xaloc.
Garrido y Jiménez también han mostrado su interés en firmar antes de final de año un convenio sobre tanteo y retracto para que entre las dos Administraciones incorporen vivienda al parque público en las operaciones de subasta de compraventa.
