Gabriela Bravo, consellera de Justicia. Foto: GVAVALÈNCIA (EP). El Gobierno central y la Generalitat Valenciana han resuelto sus discrepancias en materia de personal en torno a la Ley autonómica de Presupuestos de 2019, sobre la contratación de funcionarios, los incrementos salariales, la modificación de contratos o los complementos específicos de médicos forenses.
Tras las negociaciones iniciadas el pasado mes de marzo, la comisión bilateral ve solventadas las diferencias en torno al artículo 34 y las disposiciones adicionales 11, 26 y 37 de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos autonómicos para 2019, según publica este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).
En concreto, el Ejecutivo en funciones y el Consell coinciden la posibilidad de contratar personal "siempre que se respeten las
tasas de reposición previstas en la normativa del Estado", con lo que la Comunitat se compromete a no amparar ningún incremento retributivo que pueda superar los límites previstos en el Real decreto-ley 24/2018, de medidas urgentes en retribuciones del sector público.
La Generalitat también asume el compromiso de promover una iniciativa en Les Corts para eliminar las referencias a la modificación de contratos fuera de los supuestos y procedimientos que prevé la Ley 9/2017, así como a posibles pagos aplazados más allá de los previstos por la normativa estatal.
En relación al aumento de la cuantía del complemento de carrera profesional horizontal -del personal funcionario y laboral de administración y servicios de las universidades públicas de la Comunitat-, el Gobierno valenciano se compromete a financiarlo con cargo a los porcentajes máximos autorizados en el Real decreto-ley 24/2018.
Finalmente, respecto al incremento de las cuantías del complemento específico de los puestos de trabajo de médicos forenses -adscritos a los institutos de medicina legal y ciencias forenses de Valencia, Alicante y Castellón-, la Generalitat garantiza que lo financiará con cargo al fondo adicional establecido en el Real decreto-ley 24/2018.
Las dos partes consideran así resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia, por lo que dan constancia del acuerdo al Tribunal Constitucional y lo hacen público, como recoge la resolución que firma la directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado, Daría Terrádez.
