Grupo parlamentario Ciudadanos. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La legislatura está a punto de terminar, y cada vez quedan menos leyes que aprobar -o rechazar- en Les Corts Valencianes. Algunas han quedado para el final porque no entraron dentro del paquete de prioritarias que pactaron el Consell y Podem, pero otras lo han hecho por lo incómodas que son y las divisiones que han generado en el seno del Botànic, como por ejemplo la ley de Diputaciones, el Estatuto de Expresidentes o la propia ley de Prevención de Residuos.
Ahora bien, también se da la situación de que existen otras normas paralizadas en el Parlamento valenciano propuestas por los partidos de la oposición que, a pesar de saldrían adelante en un periodo breve de tiempo porque se encuentran en su fase final de tramitación, duermen el sueño de los justos desde hace meses. Sin ir más lejos, la ley sobre los aforamientos que propuso Ciudadanos lleva desde febrero de 2018 paralizada y tan solo queda que se debatan las enmiendas en comisión para, después, pasar a votarse la ley completa en un pleno de la cámara. Es decir, apenas dos pasos para zanjar este debate.
La síndica de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, asegura a Castellón Plaza que ha solicitado en numerosas ocasiones a la Mesa de la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat que preside el PSPV que introduzca esta ley en alguna jornada. La última, el pasado mes de enero sin que en ningún caso se atendiera su petición. Nada más y nada menos que un año paralizada.
Los socialistas, por su parte, defienden que han tenido que introducir otros debates en la comisión de Coordinación en los últimos meses. La semana pasada, de hecho, se insertó la Proposición de Ley que pedía reformar la disposición adicional segunda de la Constitución para poder recuperar el derecho civil valenciano que firmaron todos los grupos parlamentarios a excepción de Ciudadanos.
Sin embargo, conviene señalar en este punto que el PSPV era especialmente reticente a tramitar esta ley. No en vano, cuando todos los grupos presentaron enmiendas a la norma, los socialistas fueron los únicos que no registraron ninguna propuesta de modificación porque su intención era oponerse frontalmente a la iniciativa.
Conviene señalar que no es la primera vez que la sombra del bloqueo planea sobre el PSPV. En noviembre de 2017, Compromís se quejó de que su Proposición de Ley de Publicidad Institucional llevaba seis meses sin introducirse en esta misma comisión, la de Coordinación. El apartado que planteaba que la Generalitat no insertara publicidad institucional en aquellos medios que tuvieran anuncios de prostitución propuesta por Compromís generaba reparos entre los socialistas. No obstante, finalmente terminaron aceptando introducir a última hora una disposición adicional en la ley para que así fuera.
En su compromiso con la "regeneración democrática", el partido de Albert Rivera registró en junio de 2017 esta Proposición de Ley en el parlamento valenciano para modificar el Estatuto de Autonomía con la finalidad de eliminar la figura del aforado en la clase política. Fue la primera iniciativa que presentó la actual síndica del partido naranja en la cámara valenciana, Mari Carmen Sánchez, -previamente ya lo había hecho Carolina Punset- cuando tomó posesión del cargo después de que la dirección nacional cesara a Alexis Marí como portavoz por no seguir los dictados de Madrid.
Cuatro meses después se aceptó la tramitación y desde noviembre de 2017 hasta febrero de 2018 los grupos parlamentarios realizaron enmiendas para enriquecer el texto.
Con esto, las posiciones de cada partido quedaban claras y definidas. Pero un año después el debate sigue dormido en Les Corts Valencianes a la espera de que la comisión que preside el PSPV incluya en el orden del día de una sesión la votación de las enmiendas a la proposición de ley.
La Proposición de Ley prevé concretamente la supresión del artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía que contempla que los diputados, durante su mandato, "no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunitat Valenciana, sino en caso de flagrante delito". Y si se vieran envueltos en una causa judicial, la instrucción y eventual juicio corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Este artículo de la Carta Magna valenciana también fija que si se diera la situación de que el aforado se hallase en cualquier otro territorio fuera de la autonomía, sería el Tribunal Supremo el que juzgaría su responsabilidad penal. Además también determina que los diputados están exentos de responsabilidades civiles por "actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo". Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de los trajes, que instruyó y juzgó el TSJCV por estar Francisco Camps y Ricardo Costa aforados.
En el momento del registro de la propuesta Compromís fue uno de los grupos parlamentarios que se mostró más favorables a validarla. De hecho, tan solo registró una enmienda que introducía un matiz: que los aforados que estuviesen inmersos en un procedimiento judicial -lógicamente en el TSJCV- siguiesen sometidos a este tribunal hasta el final de la causa para que la eliminación del aforamiento no supusiera el cambio a un juzgado ordinario que pudiera derivara en el retraso en la emisión del fallo. Por su parte, Podemos aprovechó el trámite de enmiendas para introducir la limitación de dos mandatos para el president de la Generalitat. Es decir, que tan solo pudiera estar ocho años al frente del Ejecutivo.
Si se validara, sería remitido al Congreso de los Diputados y requeriría de una ratificación mediante referéndum. Por lo que su entrada en vigor en esta legislatura sería prácticamente inviable.
