Hacienda reconoce el retraso de la ley de Sector Público tras casi cinco años sin tramitarse

VALÈNCIA. La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, confirmó este martes en Les Corts lo que desde hace tiempo es ya una evidencia: que la Ley del Sector Público Instrumental de la Generalitat anunciada en enero de 2016 por el primer Ejecutivo del Botànic no es una prioridad. Un compromiso de la legislatura pasada que no se cumplió y que, aunque se encuentre también en el Plan Normativo Anual de 2020 -donde se fija el objetivo de sacar adelante un total de 29 proyectos legislativos y 189 decretos-, tampoco este año verá la luz. 

Los motivos están claros y así lo probó este martes Mira en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda en la que reconoció que el Gobierno valenciano no ha priorizado esta ley, sino que ha gobernado a base de decretos en todo lo que respecta al sector público: "Ley del Sector Público hay, pero no se ha priorizado y estoy de acuerdo; todo lo que concierne a la ley se ha regulado vía decretos", explicó la secretaria autonómica de Modelo Económico tras admitir, además, que el tripartito no tiene ninguna intención de realizar recortes en las entidades públicas dependientes de la Generalitat. 

"El texto de la ley está hecho, existe, se ha dialogado con los agentes sociales y por motivos ajenos a mis competencias, otras leyes han sido prioritarias... pero ya lo controlamos todo por decreto, que no les quite el sueño", ironizó Mira. Una respuesta que provocó las críticas de los partidos de la oposición. Desde el grupo parlamentario del Partido Popular, Rubén Ibáñez, le afeó que la ley lleve cuatro años "en lista de espera", como ocurre en Sanidad, lo que demuestra, a su juicio, un "fracaso" de la secretaria autonómica de Modelo Económico. "Solo tenía que hacer una ley y no la ha hecho", lamentó.

En la misma línea se pronunció el diputado de Ciudadanos Tony Woodward y la parlamentaria del grupo parlamentario Vox Ana Cerdán, que criticó el "desorden caótico" del sector público e invitó a Mira a "adelgazarlo" con la eliminación de entes públicos, "empezando por ejemplo por la televisión autonómica", À Punt.

A dos meses de cumplir cinco años en el cajón

El retraso en la tramitación, al que Mira trató de quitar hierro, sin embargo, no es baladí. Esta es una norma que el Consell lleva prometiendo desde la pasada legislatura ante la necesidad de poner orden en el caótico panorama de empresas, fundaciones y consorcios de la Generalitat. Un objetivo que con la pretensión del Gobierno valenciano de crear al menos seis nuevas entidades públicas de diferente naturaleza, vuelve a cobrar especial relevancia. 

La ley incluida en los compromisos del primer seminari del Consell celebrado en Morella fue anunciada en enero de 2016 por primera vez, apenas seis meses después de que Ximo Puig alcanzara la Presidencia de la Generalitat después de 20 años de gobiernos del PPCV. En una sesión de control a raíz de una pregunta de Compromís, el jefe del Ejecutivo aseguró que el Gobierno valenciano aprobaría una ley de Sector Público para "garantizar su decencia", controlar los contratos de servicios y personal, y evitar facturas en los cajones. En definitiva, racionalizar la estructura y evitar los excesos del pasado. 

Para ello, uno de los ejes básicos de esta norma que Puig calificó como "una moción de censura en diferido a un gobierno que ya no está" sería la introducción de mecanismos de transparencia y control público para las empresas que se acordara mantener. Desde la Conselleria de Hacienda sostuvieron entonces que sólo permanecerían las que resultaran "absolutamente necesarias" y, por tanto, al menos ocho de las empresas como Ciegsa o Sociedad Proyectos Temáticos y funciones que sobrevivieron a la reestructuración que realizó el anterior Consell caerían en la futura ronda de ajustes. A dos meses de que se cumplan cinco años de aquello, estas entidades aún siguen operativas. 

En marzo de 2016, el jefe del Consell y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, revelaron que la Generalitat Valenciana aplicaría una "normativa de transición" hasta que se validara la Ley del Sector Público en la que trabajaba el Gobierno. Ambos confiaron entonces en que la norma estaría lista antes de finalizar el año para que pudiera cerrar su tramitación en 2017 en Les Corts. Esta solución provisional introduciría mejoras en los procesos de contratación. 

Tres meses después, en junio de 2016, antes de las vacaciones estivales y de nuevo a raíz de una pregunta de Compromís en una sesión de control sobre los planes del Consell para regular las fundaciones públicas de la Generalitat, el president Puig volvió a hacer referencia a la ley al asegurar que se equiparían los mecanismos de control de las fundaciones al resto de entidades que integraban el sector público valenciano. Asimismo, garantizó que cuando se aprobara la ley la creación de una fundación exigiría la presentación de un estudio económico financiero y se crearía una comisión que elaboraría una propuesta sobre la negociación colectiva: "Se han acabado los chiringuitos donde cada uno se ponía el sueldo que quería", manifestó en aquel momento.

Después de las vacaciones de verano, ya en el mes de septiembre, de nuevo se advirtió de la creación de esta ley. Pero esta vez en Alicante. Desde entonces no volvieron a hacerse más proclamas hasta julio de 2018, cuando el exdirector general de Sector Público Juan Ángel Poyatos explicó en una entrevista en Valencia Plaza que el Consell quería tener el borrador de la normativa antes de finalizar el verano. Es decir, dos años y medio después de plasmarse como uno de los compromisos del Gobierno del Botánico en un seminario todavía no estaba cerrado el borrador de esta norma, la primera fase de cualquier ley antes siquiera de validarse el anteproyecto. 

Finalmente, terminó la legislatura el 5 de marzo de 2019 sin que ningún texto legal pasara por un pleno del Consell. El departamento gestionado por Vicent Soler tan solo tramitó en el mandato anterior fuera de las leyes de Presupuestos y Acompañamiento, la ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ésta decayó y no llegó a validarse en el Parlamento valenciano por el adelanto electoral. 

Cuatro directores generales de Sector Público

Con estos mimbres, conviene apuntar que el departamento que debía impulsar esta norma cambió hasta tres veces de manos en la legislatura pasada. La primera directora general del ramo, Ángeles Cuenca, abandonó el cargo para ocupar la Secretaría Autonómica de Sector Público para sustituir a Julián López. 

Tras su marcha, Empar Martínez ocupó este puesto, pero poco después puso rumbo a la Dirección General de Industria. Juan Ángel Poyatos asumió entonces las responsabilidades de Sector Público, pero apenas seis meses después el Consell realizó un intercambio de altos cargos entre la Conselleria de Sanidad y la de Hacienda para reforzar el final de la legislatura. 

Así, la entonces Subsecretaria de Sanidad y Salud Pública, Isabel Castelló, abandonó este puesto para situarse al frente de la Dirección General de Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio y Poyatos fue reubicado en el puesto vacante de Sanidad. 

Ahora, Castelló tiene el reto de dar salida a la ley. No en vano, esta norma afectará a la empresa pública que pretende crear Economía para rescatar la gestión de las ITV, la entidad pública para revertir las concesiones sanitarias, la Agencia de Cambio Climático o la empresa pública derivada de la reestructuración de Feria Valencia que avanzó el conseller de Economía, Rafael Climent.