VALÈNCIA. A lo largo de la pasada legislatura, la creación de institutos, agencias y oficinas fue una de las principales críticas del PP al Consell del Botànic que, entonces, integraban solo PSPV y Compromís. No en vano, socialistas y valencianistas pusieron en marcha en el mandato anterior el Consejo de Participación, el Consejo de Transparencia, la Oficina de Derechos Lingüísticos, la Oficina de Calidad y Estadísticas Tributarias, la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, la Agencia Antifraude, la Oficina de Conflicto de Intereses o la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), entre otros.
Sin embargo, otros que anunciaron, no han sido capaces de ponerlos en marcha a pesar de haber transcurrido, en algunos casos, más de dos años desde que se validara su creación e incluso se reservaran partidas en los Presupuestos de la Generalitat ejercicio tras ejercicio. Una circunstancia que tampoco ha hecho que el Gobierno valenciano eche el freno con los anuncios de nuevos órganos. El último, el instituto tecnológico de la administración pública advertido por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, la semana pasada y al que previsiblemente dará vida la futura Ley de Función Pública. Con todo, estos son los entes creados o anunciados por el Consell que todavía no tienen ninguna actividad.
En mayo de 2018 el Parlamento valenciano aprobó en una sesión plenaria de alto voltaje la ley procedente del Gobierno valenciano que dio vida al Consejo del Audiovisual. Un órgano al que le corresponde, entre otras cuestiones, proponer a Les Corts Valencianes tres candidatos para la Presidencia de À Punt y que debe velar por la calidad de la información que se emita en la nueva radiotelevisión valenciana para que sea imparcial. Un año y ocho meses después de aprobarse su creación, sigue sin ponerse en marcha. De hecho, ni los partidos en Les Corts han nombrado todavía a los cinco consejeros que les corresponden, ni tampoco el Gobierno del Botánico ha designado a sus dos miembros.
Un retraso al que contribuyó en su día el adelanto electoral decretado por Ximo Puig, pero que meses después de haber iniciado la legislatura sigue sin resolverse. Huelga recordar que antes de que se validara esta ley, Podemos -entonces fuera del Ejecutivo- planteaba que todos los consejeros que integraran el órgano (un total de siete) fueran designados por Les Corts; si no, no votaría a favor de la norma. Los morados reclamaban que el presidente del mismo fuera elegido por la Cámara y no por el jefe del Consell para garantizar su imparcialidad. PSPV y Compromís, sin embargo, no estaban dispuestos a aceptar este ultimátum, por lo que la aprobación de la ley peligró porque el partido dirigido entonces por Antonio Estañ no estaba dispuesto a apoyarla.
No obstante, para evitar el colapso y que la ley comenzara de cero su tramitación, los tres partidos del Botànic pactaron durante un receso celebrado en aquel pleno un texto intermedio en el que quedó plasmado que cinco consejeros serían nombrados por Les Corts y otros dos por el Consell, pero superando previamente un "examen de idoneidad". El presidente del Consejo del Audiovisual sería nombrado por el president de la Generalitat, pero también debería pasar previamente dicho control. Aún así, esa enmienda no llegó a votarse porque el PP se negó a firmarla a efectos de tramitación, por lo que Podemos cedió a votar a favor de la ley conforme estaba registrada desde el inicio con la condición de presentar esta propuesta de modificación al día siguiente.
Sin embargo, esto nunca ocurrió y el adelanto electoral enterró esta modificación. Después de las elecciones del 28 de abril, el grupo de Naiara Davó renunció a cambiarla tal y como había pretendido meses atrás porque preferían nombrar a sus integrantes y ponerlo en marcha. Un trámite que siete meses después de arrancar la legislatura sigue sin producirse y que resulta si cabe más insólito si se tiene en cuenta que es el órgano que debe proponer candidatos a la Presidencia de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).
Ahora mismo, huelga recordar que Enrique Soriano ha trasladado a Puig su intención de abandonar la Presidencia del ente y el PSPV, a quien le corresponde proponer candidatos hasta que se constituya el Consejo del Audiovisual, ha tratado de encontrar un sustituto sin éxito, ya que la oposición no está dispuesta a apoyar ninguno de los nombres que se han puesto sobre la mesa y es necesaria para que el Botànic sume los números necesarios para validar el relevo, 66 votos, ya que PSPV, Compromís y Unides Podem apenas llegan a los 52 escaños. Si fuera un órgano como el Consejo del Audiovisual quien propusiera nombres, tal vez el bloqueo actual no sería tal.
La Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat que dio vida a este órgano y que elaboró entonces la Conselleria de Justicia de Gabriela Bravo se aprobó en octubre de 2017. Dos años y dos meses después, continúa sin constituirse: no tiene personal, ni estructura, a pesar de que cada año se le reserva una partida en los Presupuestos de la Generalitat.
Eso sí, la cantidad cada ejercicio va menguando, quién sabe si por las expectativas que existen de ponerlo en marcha. De los 248.000 que se le concedieron el primer año después de aprobar la ley, a los 30.000 que ha reservado para este ejercicio la Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo. Una cuantía que invita poco al optimismo respecto al nivel de actividad que tendrá en 2020, ya que con ella no cubrirían ni el sueldo del director del ente.
Entre las funciones que tiene encomendadas el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática destaca la elaboración de un censo de víctimas de la Guerra Civil y posterior represión franquista, así como la recuperación e identificación de los restos que yacen en las fosas localizadas hasta la fecha en el territorio valenciano. También tiene que abordar otros asuntos, como la documentación de lugares e itinerarios de memoria democrática valenciana, o la desaparición forzada de niños y niñas durante el mismo período hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Tampoco se ha creado el banco de ADN de Memoria Democrática fue anunciado en septiembre de 2018 por el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien en su día celebró que este órgano permitiría a las víctimas de la dictadura franquista "identificar de forma gratuita los restos de sus seres queridos". Una tarea de la que se iba a encargar Fisabio, pero que ahora mismo se ha topado con diferentes trabas burocráticas tal y como publicó eldiario.es que han impedido su arranque.
Las conclusiones de la comisión de investigación del accidente de metro de 2006 que se llevó a cabo en la pasada legislatura obligaron a la creación de una Ley de Seguridad Ferroviaria, aprobada en marzo de 2018. Una norma que incorporaba la creación de una Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria y que, de nuevo, casi dos años después tampoco se ha puesto en marcha a pesar de que el pasado mes de diciembre se aprobaron los estatutos del ente.
El nombramiento de las personas que integrarán el organismo se ha retrasado de manera significativa por las incompatibilidades con las que cuentan sus cargos y la suma de requisitos que deben reunir. Una situación que ha derivado en que, incluso, en que la Conselleria de Movilidad ha adjudicado un contrato por valor de más de 500.000 euros -IVA excluido- para el "asesoramiento técnico en materia de seguridad ferroviaria" para cuatro anualidades, tal y como consta en la Plataforma de Contratación del Estado.
De momento, la Conselleria de Movilidad ya ha designado a las dos personas que le corresponde nombrar al Consell en este órgano. Arcadi España ha confiado en Pilar Calvo Holgado y Ricardo Insa Franco; la primera, directora de Investigación y Proyectos en Factores Humanos y Seguridad Operacional en ESM con experiencia de más de 26 años; el segundo, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politècnica de València (UPV) y profesor en la Unidad de Transportes y Ferrocarriles de la UPV que también ha sido "responsable técnico y económico de la construcción de más de 500 kilómetros de vías férreas de alta velocidad y altas prestaciones y de diversos proyectos ferroviarios", entre ellos, la línea Madrid-Barcelona y del Corredor Mediterráneo. También ha sido responsable de la renovación de vías en la estación de Burg de la línea Magdeburgo-Berlín y coordinador general del proyecto de ferrocarril entre Manila y Clark, (Filipinas).
Les Corts, sin embargo, se han dado hasta el 15 de mayo para designar a los tres miembros de la Agencia que les corresponde nombrar.
Por otra parte, en 2017, durante la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat de 2018, Podem logró gracias al apoyo -por error- del PP que se aprobara la creación de la Agencia de Cambio Climático, prevista en la Ley Forestal aprobada en 2018. Una agencia tendría un Presupuesto de 451.000 euros procedentes de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y estaría adscrita a Presidencia de la Generalitat, ya que en Podemos consideraban que era una cuestión "transversal" que afectaba a todas las áreas de Gobierno y por ello debía gestionarlo Puig.
Al año siguiente se le volvió a reservar la misma cuantía en los presupuestos, pero esta agencia no vio la luz. Y a día de hoy, más de dos años después de aprobarse su creación, sigue inédita a pesar de que Podem ya forma parte del Consell e, incluso, cuenta con una vicepresidencia 'verde' con Rubén Martínez Dalmau al frente. Para 2020 ni siquiera se le ha reservado presupuesto.
Anunciada en febrero de 2019 con la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo yPaisaje (Lotup), esta agencia debería adscrita a la conselleria competente en materia de urbanismo -en esta legislatura, la de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad que dirige Arcadi España- y su objeto sería "el ejercicio de las potestades administrativas de disciplina urbanísitica respecto a las infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido". Así, sus funciones principalmente serían velar por el uso racional y legal del suelo.
Ahora bien, actualmente sigue sin funcionar. No en vano, el adelanto electoral anunciado en marzo de 2019 enterró su puesta en marcha hasta el momento actual. Con los destrozos ocasionados por el temporal Gloria en algunos puntos de la Comunitat Valenciana, parece que el Ejecutivo valenciano quiere darle "un impulso" a esta agencia para proteger el territorio.
