El director general de la SPTCV, Antonio Rodes, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), impulsora del Distrito Digital como proyecto estrella para contribuir a la transición hacia la nueva economía, ya depende de la Conselleria de Innovación. Un paso formal que quedaba por dar después de crear el citado departamento, con sede en Alicante y al mando de Carolina Pascual, para coordinar la estrategia de la Generalitat en este campo.
El traspaso, formalizado en el pleno del Consell del pasado viernes, se produce después de que la Conselleria de Hacienda, de la que ha dependido hasta ahora la sociedad pública que dirige Antonio Rodes, haya llevado a cabo un profundo saneamiento del balance de la sociedad, con el deterioro de activos que llevaban años sin poder ser auditados al no corresponderse con la realidad, y la asunción de la deuda financiera y comercial de la sociedad por parte del Consell, tal como explicó en su momento este periódico.
La sociedad pública creada en su día por Eduardo Zaplana para impulsar su apuesta de grandes proyectos (el primero fue, de hecho, Terra Mítica), y que estaba llamada a desaparecer después de que el último Consell del PP decretase su liquidación, llega a manos de la nueva Conselleria de Innovación 'limpia' y volcada en un nuevo cometido, que es el de impulsar la digitalización de la Comunitat Valenciana. Pero lo hace también, paradójicamente, con su principal y casi único proyecto bajo la lupa de la Intervención de la Generalitat y de la Sindicatura de Comptes.
Tanto una como otra institución ponen en duda, como ha venido contando Alicante Plaza, el plano formal del Distrito Digital, esto es, los procedimientos empleados por la Sociedad Proyectos Temáticos para poner en pie el Distrito. La Intervención y la Sindicatura de Comptes han emitido a lo largo de 2019 sendos informes favorables con salvedades sobre la sociedad pública, en los que ponen en cuestión los incentivos concedidos a las empresas por instalarse, el contrato privado para crear un hub de videojuegos o el alquiler de la terminal de cruceros donde se aloja ahora el centro de tecnologías avanzadas de Accenture.
Así, la Intervención de la Generalitat emitía el pasado septiembre una valoración "favorable con salvedades" al acuerdo con GGTech para crear la sociedad de gaming, por considerar que el acuerdo era excesivamente beneficioso para el socio privado. También favorable con salvedades era su opinión respecto al alquiler de la sede de Accenture, al considerar que debía haberse realizado un estudio de mercado previo por parte de una empresa externa. En cuanto a las ayudas de minimis a las empresas (40.000 euros por instalarse en Alicante y crear dos empleos con una duración mínima de un año), la opinión era directamente "desfavorable": a su juicio, SPTCV no puede otorgar subvenciones, incentivos o entregas dinerarias sin contraprestación sujetas al derecho privado.
Dos meses más tarde, en noviembre, era el informe de auditoría de la Sindicatura de Comptes el que volvía a poner en la picota el Distrito Digital, prácticamente por los mismos motivos y con los mismos argumentos, como también publicó en su momento Alicante Plaza. Aunque la opinión general era también favorable, el síndic sobre los procedimientos de contratación empleados en algunos casos y, especialmente, la concesión de las ayudas a las empresas que se adhiriesen al plan de captación. "La SPTCV ha tramitado estos incentivos sin ajustarse a la legalidad vigente aplicable", concluía.
Desde la sociedad pública, en cualquier caso, replicaron a cada uno de estos informes con sus propias alegaciones, en el sentido de que Intervención les había dado el visto bueno verbal a la concesión de las ayudas, aún sin ser preceptivo, y que contaban con un informe favorable de la consultora KPMG y el respaldo de la Dirección General de Fondos Europeos. También defendieron el contrato con GGTech para el hub de videojuegos, que está supuestamente listo a falta de la luz verde del pleno del Consell, y el alquiler de la sede de Accenture, por debajo del precio de mercado y con facilidades de rescisión para la SPTCV.
