Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Más de medio año después, las investigaciones todavía no han concluido. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra sigue indagando quién se coló en residencias sin ser personal autorizado o de los propios centros sociosanitarios para asistir a la primera vacunación de usuarios.
Unas pesquisas que vinieron motivadas inicialmente tras conocerse que el alcalde socialistas de Rafelbunyol, Fran López, entró al centro de mayores de su localidad para ser testigo del primer pinchazo. López accedió al interior de la residencia a pesar de que las restricciones impedían a personas ajenas entrar en ellas para evitar en la medida de lo posible contagios por covid-19. A partir de este caso, comenzaron a conocerse otros más que llevaron tanto a Sanidad como al departamento responsable de mayores a abrir una investigación en varias residencias.
El examen de Igualdad, por el momento, sigue su curso. El pasado mes de marzo nombraron a dos funcionarios para que instruyeran los expedientes. Ambos se han encargado, entre otras cuestiones, de recabar datos y hacer entrevistas para redactar sus primeras conclusiones, que ponen el foco concretamente en seis centros de la Comunidad Valenciana de los 11 que comenzaron a investigar: Santa Marta (Vila Joiosa), Savia (La Nucia), la residencia para personas mayores de Rafelbunyol, La Saleta (Calpe), Savia (Orihuela) y San Antonio Abad (Villahermosa del Río).
Aunque todavía queda por determinar la propuesta de sanción y más tarde deberá abrirse un periodo de alegaciones para los centros en cuestión, por el momento las primeras resoluciones exponen algunas deficiencias como que en el caso de Santa Marta tanto el alcalde como la concejal de Vila Joiosa que accedieron al centro no estaban registrados como personal externo el día que acudieron a la primera vacunación de residentes.
Por su parte, en La Nucia se afea a la dirección del centro que no actuase con "diligencia" a la hora de impedir la entrada de personal ajeno al entender que sería Salud Pública quien asumiría este tipo de control. E igual de contundente se pronuncian sobre el centro de Rafelbunyol, pues se censura que no se realizara un "adecuado control de acceso" por una de las puertas de entrada a las instalaciones el día de la vacunación, como también que no se registrara e identificara a las personas que entraron por ella.
En el caso de La Saleta, el informe elaborado por los técnicos de Políticas Inclusivas enumera hasta tres entradas injustificadas, si bien también se reconoce que no pusieron "en riesgo sanitario a los residentes" al haber entrado por una puerta distinta a la que habitualmente utilizan los usuarios y trabajadores y, además, no compartieron recinto con estos. Una exposición de la que puede desprenderse que este centro acabará sin sanción, como también el de Villahermosa del Río, pues señalan que el alcalde es el administrador de la residencia en cuestión y que, como tal, asume de forma habitual algunos trabajos en las instalaciones que tienen que ver con el mantenimiento.
Las conclusiones más severas, quizá, se centran en la residencia de Savia Orihuela, pues los instructores no solo censuran que el primer día de vacunación accediera personal ajeno "sin ningún tipo de vinculación profesional con el centro", sino también que no quedaran "convenientemente registrados" tal y como obligaban las medidas dictadas por la Conselleria de Igualdad. Tanto el actual concejal de Sanidad de Orihuela "y una persona que le acompañaba" accedieron a las instalaciones. La primera resolución pone el foco en que estos se tomaron fotografías junto a la primera persona residente en el centro que recibió la vacuna, "sin mantener apenas distancia interpersonal y sin los EPIs recomendados".
