CASTELLÓ. La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha quintuplicado, prácticamente, la inversión en los servicios sociales municipales de la provincia de Castellón desde 2015, con una partida presupuestada para este año de 6,2 millones de euros frente a la cantidad correspondiente hace cinco años, que alcanzó 1,3 millones de euros.
Así lo ha explicado la directora general de Gestión y Organización del Sistema, Patricia Ramón, durante su intervención en la jornada técnica de trabajo con todos los equipos de servicios sociales de la provincia. En el encuentro de trabajo también ha participado el director general del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales, Enrique Ferrer.
Patricia Ramón ha explicado que el objetivo de la financiación destinada a los servicios sociales municipales "es costear los gastos de personal, servicios, programas y prestaciones de las entidades locales para la atención social de todos los ciudadanos y ciudadanas".
La directora general ha afirmado que los servicios sociales de los ayuntamientos están siendo "claves" en la implantación del nuevo modelo de políticas sociales impulsado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en las que "el centro de atención son las personas".
La conselleria, ha señalado Patricia Ramón, ha apostado por la "remunicipalización" de los servicios sociales a través de la "atención base", con una dotación presupuestaria para su financiación que está permitiendo a los municipios la contratación de más profesionales para los equipos multidisciplinares.
Así, el número de profesionales en los equipos base se ha incrementado también de forma progresiva y continua a lo largo de estos años. Si en 2015 la plantilla de los equipos de la provincia de Castellón era de 51 trabajadores y trabajadoras de diferentes categorías profesionales, para este año está previsto que esta plantilla esté compuesta por 253 profesionales.
Estos datos, ha explicado Patricia Ramón, permiten reducir considerablemente la ratio de habitantes por profesional, lo que se traduce "en una atención de mayor calidad, más personalizada y profesional".
La directora general de Gestión y Organización del Sistema ha indicado que "una vez atendida la emergencia y sentadas las bases de cambio de modelo", el Consell aprobó la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, una herramienta legislativa que va a facilitar "poner orden en el sistema".
En esta línea, en breve está previsto que se pueda aprobar el decreto que regula el contrato programa, que dará estabilidad a la financiación de los servicios sociales municipales, que se ha incrementado estos últimos años.
Este decreto, ha señalado, permitirá que los ayuntamientos "sepan con qué financiación van a contar los próximos 4 años, fecha de duración del primer contrato programa, que seguirá renovándose para ajustarse a las necesidades".
La directora general ha incidido en que la Ley de Servicios Sociales y la apuesta inversora por un cambio de modelo en los servicios sociales, suponen "un paso más hacia la modernización y la mejora en la atención desde la Administración", así como el reconocimiento de los servicios sociales como la "cuarta pata del Estado del Bienestar", junto a la Educación, la Sanidad y las pensiones.
Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia
