Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. 2.158 millones de euros anuales en los próximos 10 años. Esa es la inversión pública que necesita la Comunitat Valenciana para asegurar la adecuada provisión de sus infraestructuras y su correcta conservación y explotación con un claro objetivo: satisfacer las demandas sociales, según estima la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil.
Y es que el déficit inversor en los últimos años en obra pública ha provocado un deterioro de las infraestructuras que se ha traducido en una deficiente conservación, mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones, advierten los expertos. Un escenario que precisa de un esfuerzo adicional en la inversión anual para evitar la degradación progresiva del patrimonio de las infraestructuras y alcanzar los niveles que habían antes de la crisis económica de 2008.
De acuerdo con los cálculos de los ingenieros de caminos, la inversión que necesita España en la próxima década es de 18.300 millones anuales, una cifra que en el caso de la Comunitat fijan en 2.158 con especial incidencia en la mejora de la red de carreteras valencianas. Una conclusión que recoge el estudio Las obras y servicios públicos a examen. España, informe 2019, elaborado por la asociación, en base a la opinión de casi 500 expertos.
Además, a esta necesidad inversora se suman los bajos índices de ejecución en la autonomía valenciana. Hace unos meses la Cámara de Contratistas de la Comunitat (CCCV) daba la voz de alarma denunciando el desplome de las inversiones del Gobierno en obra pública. De los 4.507,7 millones licitados en el periodo enero-agosto de 2019, la Comunitat recibió 163 millones, un 71,8% menos respecto al mismo periodo de 2018 cuando se invirtieron 578 millones. Unas cifras que relegaban a la región valenciana a la parte baja de la inversión total del Estado por comunidades autónomas.
Ahora, los ingenieros de camino ponen el acento en un mayor esfuerzo presupuestario por parte de la Administración. Según refleja el siguiente gráfico, a nivel nacional la inversión debe ser de 18.300 millones de euros anuales, una cuantía muy superior a la de 2017 que fue de 8.878 millones de euros. En el caso de la Comunitat, las necesidades son de 2.158 millones, situando a la autonomía valenciana como la cuarta que más inversión precisa.
En concreto, de esos 2.158 millones necesarios en la Comunitat, el mayor montante iría destinado a las carreteras valencianas con 790 millones de euros anuales para garantizar su mantenimiento y la seguridad de los usuarios, seguido de los ferrocarriles con 435 millones. Precisamente, estas últimas semanas el caos y las protestas se han apoderado de varias estaciones de trenes ante los retrasos y cancelaciones de Cercanías. Un problema que se agrava en el tiempo. Y es que, según los datos del Gobierno, un total de 7.593 trenes de Cercanías y Media Distancia fueron suprimidos en la Comunitat Valenciana durante 2019, lo que supone casi 2.000 más que a lo largo de 2018.
Las infraestructuras para el ciclo del agua también requieren de una importante dotación en la Comunitat (420 millones), seguida de los puertos con 235 millones; aeropuertos, 170 millones y, finalmente el transporte público urbano, con 108 millones, según los cálculos de la asociación de ingenieros de caminos.
Entre las actuaciones más necesarias en la autonomía valenciana en materia de carreteras destacan el acceso norte al Puerto de València; la duplicación de la N‐338 para los accesos al Aeropuerto de Alicante; las variantes pendientes en la N-332 para el acceso a Oliva Sur, Jávea y Gata de Gorgos; mejora de enlaces y aumento de capacidad en la V-30, la mejora de la seguridad vial de la CV-500 a su paso por el Perellonet o la ampliación a 3 carriles de la Autovía del Mediterráneo A-7.
En cuanto al infraestructuras hídricas, se incide en obras de distribución de agua procedente de la desalinizadora de Moncofa al Consorcio de la Plana, Camp de Morvedre y Sur de Castellón y Villareal, el equipamiento de los pozos en Canet lo Roig y ejecución de su distribución para el abastecimiento de los municipios del norte de Castellón o la puesta en marcha de la desaladora de Oropesa, mientras que en mejoras en los recintos portuarios valencianos, los ingenieros hacen hincapié en la ampliación de Muelle 19 del Puerto de Alicante y la polémica ampliación norte en Valenciaport.
El Corredor Mediterráneo es la gran reivindicación valenciana en materia ferroviaria, pero también figuran entre las actuaciones necesarias en el territorio valenciano la línea 2 de Metrovalencia, que está en construcción; la línea 1 Red de TRAM; el Corredor Cántabro-Mediterráneo; la variante Tranviaria de la Serra Grosa; la conexión ferroviaria Valencia-Alicante por la costa o la prolongación Sur del Túnel de Serrería en València.
Asimismo, el estudio recoge algunas reclamaciones de los expertos que pasan por conseguir un "gran acuerdo político para estabilizar las inversiones en obra pública", así como completar la red ferroviaria de alta velocidad aprovechando algunas sinergías con la red convencional. Incluso proponen implantar una tasa por el uso de las carreteras y urgen a poner en marcha un plan de inversiones extraordinario para mejorar la conservación, mantenimiento de las carreteras, las vías ferroviarias convencionales y la depuración de las aguas.
