Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La infrafinanciación de la Comunitat Valenciana es la principal causa del elevado déficit de la Generalitat, del déficit crónico que año tras año sitúa a esta comunidad entre las peores cumplidoras de los objetivos de estabilidad, pero no es la causa del aumento del desequilibrio presupuestario de 2018. Así se desprende del informe que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hizo público este viernes sobre "Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas 2019".
Según el organismo estatal independiente, en la Comunitat Valenciana "se observa muy improbable el cumplimiento del objetivo de estabilidad" de 2019, "dado el déficit registrado en 2018 como consecuencia, fundamentalmente, del elevado crecimiento de los gastos".
El déficit de 2018 en la Comunitat Valenciana, según informó el Ministerio de Hacienda la semana pasada, aumentó del 0,88% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017 al 1,29% el año pasado, mientras en casi todas las CCAA descendió, incluso algunas pasaron a tener superávit. La media de déficit de las CCAA pasó del 0,36 al 0,23%. En millones de euros, el déficit de la Generalitat pasó de 888 a 1.456,, es decir, 568 millones más, como se aprecia en el siguiente cuadro:
La Conselleria de Hacienda no ha hecho pública la liquidación del presupuesto de 2018, con el detalle de los ingresos y los gastos, pero la ejecución presupuestaria remitida al Ministerio de Hacienda mensualmente puede ser un indicativo de la realidad que señala la Airef, ya que la Generalitat recaudó más y recibió más transferencias del Estado que en 2017, pero el aumento del gasto estuvo por encima del de ingresos.
En el informe hecho público este viernes, la AIReF no solo ve "muy improbable" que la Comunitat Valenciana cumpla el objetivo de estabilidad para 2019 del 0,1% del PIB, sino que aprecia "un elevado riesgo de incumplimiento de la regla de gasto" por parte de la Generalitat.
El informe del organismo que preside José Luis Escrivá basa sus malos augurios respecto a la Generalitat, en primer lugar, porque cree que el elevado gasto "podría mantenerse en términos similares en 2019 por las medidas recogidas en el propio presupuesto autonómico", del que tiene pendiente elaborar un informe por un error en el envío que impidió que lo recibiera en tiempo y forma.
Pero además, respecto a los ingresos, vuelve a señalar los ingresos ficticios -o "reivindicativos"- del Consell al afirmar que "en su conjunto, en las previsiones de los presupuestos autonómicos para 2019", los gobiernos "siguen previendo un nivel de ingresos muy superior al esperado por la AIReF por discrepancias en los recursos procedentes del Estado (especialmente en el presupuesto de la C. Valenciana) y de fondos de la UE".
En el conjunto de España, la AIReF prevé que el déficit público cierre este ejercicio en el 2,1% del PIB, ocho décimas por encima del objetivo oficial, pero una décima menos de lo que estimaba en caso de que se hubiese aprobado el proyecto presupuestario y gracias en parte al cierre de 2018.
La mejora de su previsión de una décima se debe a la Seguridad Social y explica que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 ha supuesto que no se pongan en marcha una parte relevante de las medidas contenidas en el plan presupuestario y en el proyecto de presupuestos, con un efecto neto positivo sobre el déficit.
No obstante, matiza que las medidas de ingresos de los fondos de la Seguridad Social, la revalorización de las pensiones (este año suben un 1,7% las medias) y la subida del salario de los empleados públicos ya habían entrado en vigor antes de la presentación del proyecto de PGE.
Asimismo, señala que las medidas de gasto aprobadas vía real decreto-ley por el Gobierno en los primeros meses, cuantificadas en el plan presupuestario e incluidas en el proyecto de PGE, conllevan un importe de 1.633 millones, si bien no han supuesto una "sorpresa" y no han variado la previsión de déficit, ya que estaban previstas en el escenario de enero, han indicado fuentes del organismo.
La AIReF ya había reducido en 200 millones el impacto de estas medidas en 2019, puesto que su entrada en vigor se había retrasado hasta el segundo trimestre del año de acuerdo con el calendario de tramitación del presupuesto.
Tras la aprobación de los decretos, el importe final estimado por la AIReF de las medidas de los 'viernes sociales' alcanza los 920 millones al no haberse desarrollado la medida de mejora de la dependencia que, por importe de 515 millones, se incluía en el proyecto de PGE.
Además, el informe cifra en 920 millones el gasto de las medidas aprobadas vía real decreto-ley en los llamados 'viernes sociales'. Esta cantidad, a falta de sumar el coste de las nuevas medidas que se aprueben, se derivan de la aprobación del pago de las cotizaciones a los cuidadores (315 millones), la recuperación del subsidio para mayores de 52 años (242 millones), el aumento del permiso de paternidad a 8 semanas (225 millones) y el ingreso mínimo vital (138 millones).
A estos 920 millones se suma el coste de 588 millones de la revalorización aprobada de las pensiones al IPC, la subida de las mínimas y las no contributivas al 3%, con lo que las medidas de gastos finalmente aprobadas alcanzan los 1.508 millones de euros.
Por tanto, con la prórroga presupuestaria los gastos serán unos 3.700 millones inferiores a lo previsto por la AIReF en enero del coste total de las medidas de gastos de los PGE (5.250 millones), y el efecto neto de la no aprobación de las medidas sería ligeramente positivo (menores ingresos compensados por menores gastos).
Otro factor que ha contribuido a rebajar la estimación de déficit ha sido la incorporación de los datos publicados de cierre de 2018, con un déficit del 2,6% del PIB, un décima inferior a la prevista por la AIReF, debido al mejor comportamiento de las cotizaciones sociales y de los ingresos provenientes de los fondos estructurales europeos.
Igualmente, señala que las operaciones no recurrentes han tenido un impacto en el déficit de 2018 del 0,5%, con unos 5.940 millones (2.357 millones de las autopistas de peaje) y calcula un efecto para este año del 0,2% (3.000 millones).
Por el lado de los ingresos, la AIReF estimó en enero un impacto de recaudación impositiva de 23.000 millones que finalmente no se han aprobado, pero si han entrado en vigor las medidas de ingreso s que afectan a la Seguridad social, por importe de 2.320 millones. Entre otras, el alza del 7% de las bases máximas de cotización (850 millones) o las bases mínimas del régimen general (600 millones).
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
