VALÈNCIA. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado este viernes que la Abogacía de la Generalitat, a petición del Consell, ha emitido un informe en el que concluye que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no incurrió en conflicto de interés al participar en la votación de un decreto que facultaba al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a condonar parte de la deuda de una empresa de la que Puig es accionista.
Según ha explicado Oltra, el hecho de que Puig participase en una votación del Consell para aprobar el nuevo reglamento del IVF no supone un conflicto de interés por parte del presidente, a pesar de que con ese decreto, entre otras cuestiones, se habilitaba al IVF a realizar grandes quitas como la que posteriormente se concedió a Pecsa, la empresa editora del diario Mediterráneo de la que Puig tiene una participación accionarial del 1,17%.
La vicepresidenta, que ha leído algunos de los párrafos del informe emitido por la Abogacía de la Generalitat al respecto, ha explicado que el argumento en el que se apoya esa conclusión es el hecho de que el decreto aprobado regulase una cuestión general –el reglamento del IVF en conjunto– y no un asunto concreto.
El PP registró el pasado lunes en Les Corts una iniciativa para instar al Consell a iniciar un procedimiento sancionador contra Puig "por no haberse abstenido de la votación del Decreto del IVF y por mentir en su declaración de bienes". Para los populares existe "incumplimiento del Código de Buen Gobierno y de la Ley de Incompatibilidades" por parte de Puig porque el presidente debe inhibirse del conocimiento de asuntos que interesen a empresas o sociedades en las que hayan realizado funciones de dirección, asesoramiento o administración.
El director general IVF, Manuel Illueca, explicó la semana pasada la venta de la deuda de Pecsa por un 30% de su valor al nuevo propietario de Grupo Z, el grupo Editorial Prensa Ibérica, se aprobase para beneficiar al diario del que es accionista el presidente de la Generalitat.
Los acreedores de Grupo Z –la matriz de Mediterráneo– disponían de un informe de Deloitte que fijaba en un 30% del total de la deuda las expectativas de recuperación si la empresa iba a liquidación, por lo que a juicio de Illueca hubiera sido una "irresponsabilidad", no asegurarse el cobro de medio millón de euros del total de 1,9 que Pecsa le debía al IVF.
La compra de Grupo Z por parte de Editorial Prensa Ibérica, editor entre otros del diario Levante-EMV, se cerró poco después de que el Consell aprobase un decreto para autorizar al IVF a aprobar condonaciones parciales de deuda en línea con las condiciones pactadas por el resto de acreedores. Este hecho, unido a la presencia de Puig en el accionariado de Mediterráneo, ha disparado las suspicacia sobre si ese cambio estaba encaminado a salvar de la liquidación a Grupo Z al facilitar su venta al grupo que dirige Javier Moll.
Aunque Illueca dijo que IVF no quiso aprobar la venta de su parte de deuda en Grupo Z –equivalente a un 2% del total– mientras el Consell no aprobase el decreto que daba "seguridad jurídica" al instituto en ese tipo de operaciones, Illueca subrayó que el IVF hubiera aceptado igualmente la operación, aunque no se hubiera aprobado ese decreto.
El director del IVF también dijo que el presidente de la Generalitat se interesó personalmente por la situación del crédito que el IVF mantenía con Pecsa debido a que era un asunto que aparecía de manera recurrente en los medios de comunicación. En esos encuentros el presidente de la Generalitat no le dijo a Illueca que él tuviera acciones de esa empresa, aseguró el responsable del IVF para explicar por qué él desconocía esa situación.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
