Antigua sede de Bancaja, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Kai Försterling VALÈNCIA. La veintena de exconsejeros no ejecutivos de Bancaja investigados en el caso Grand Coral por inversiones aprobadas entre 2005 y 2009 viven en la incertidumbre de saber si finalmente se sentarán en el banquillo de los acusados debido a la falta de un criterio claro por parte de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Como ha venido relatando Castellón Plaza, la Sala decidió la semana pasada sacar del procedimiento a varios exconsejeros pero dos días después rechazó recursos de otros imputados que estaban en las mismas circunstancias, señalándoles el camino del banquillo. Este miércoles, el desconcierto se generalizó entre los exconsejeros y sus abogados después de recibir nuevas notificaciones aparentemente contradictorias.
Concretamente, al menos cinco miembros del Consejo de Administración de Bancaja entre 2005 y 2009, Eduardo Montesinos, José María Catalunya, Francisco E. Villena, Ángel A. Álvarez y Remigio Pellicer, recibían una notificación en la que la Sala aceptaba que están en las mismas condiciones que Manuel Escámez y Vicente Montesinos. Ellos dos fueron los primeros exculpados cuando las magistradas consideraron que el auto del 31 de julio de la instructora Carmen Lamela, de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, equivalente a un auto de procesamiento, adolecía de "falta de fundamentación" y, además, aceptaron el argumento de la defensa de que estos consejeros se limitaron a aprobar unas inversiones que habían sido respaldadas por "los miembros del Comité de Riesgos y expertos económicos" de la caja.
El estupor entre los afectados proviene del hecho de que entremedias, el pasado lunes, algunos exconsejeros recibían una respuesta negativa a sus recursos, que eran similares en su argumentos a los del resto de miembros no ejecutivos del órgano de administración de la caja: que se limitaron a aprobar lo que les venía recomendado por los expertos de la entidad y que no conocían a los empresarios que protagonizaron el presunto desfalco que, según la investigación, costó a la entidad 750 millones de euros.
La respuesta de Sala de la Audiencia Nacional, en estos casos, es que "la ignorancia de la trama que alega por los motivos que expone, deberá hacerlo valer en el acto del plenario, resultando en este momento inadecuado y prematuro librar al recurrente de su posible responsabilidad penal".
Valencia Plaza trató este miércoles de obtener una explicación de la Audiencia Nacional sobre este criterio variable de la Sala que preside la magistrada Ángela Murillo pero no obtuvo respuesta.
Por si esto fuera poco, los al menos ocho exconsejeros ya desimputados podrían volver a ser considerados investigados y acabar sentados en el banquillo. Aunque contra estos autos de la Sala no cabe recurso, en ellas se otorga al juez de instrucción número 3 la facultad de "llevar a cabo las diligencias que estime convenientes" y efectuar "los pronunciamientos que considere oportunos" en cuanto a la continuación de las actuaciones respecto a estos exculpados.
Y lo que hizo el juez Diego de Egea –que sustituyó a Carmen Lamela– al día siguiente de conocer el auto de nulidad es dictar una providencia en la que daba tres días hábiles a la Fiscalía y a las partes para que se pronunciaran. Fuentes de las defensas temen que la Fiscalía realice una exposición con los fundamentos que echaba de menos la Sala y el juez dicte un nuevo auto en el que mantenga en el procedimiento a los ahora apartados.
Todos estas idas y venidas se producen cuando De Egea ya había tomado la decisión, el pasado 8 de noviembre de dictar el auto de apertura de juicio oral sin esperar a que la Sala resolviera los recursos contra el auto de Lamela, de 31 de julio. Estos recursos empezaron a resolverse por parte de la Sala el pasado 14 de noviembre. Al admitirse algunos de ellos, el auto de De Egea incluía a procesados que seis días después ya no lo estaban pero que pueden volver a estarlo en función de lo que decida el instructor.
Entre los recursos resueltos por la Sala se encuentra el de uno de los principales encausados, el expresidente de Bancaja y del Banco de Valencia José Luis Olivas, para quien la Fiscalía pide 6 años de prisión. Los magistrados sostienen que las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México supusieron "una auténtica operativa de desfalco" para las entidades de las que resulta "increíble" que Olivas no estuviera al tanto.
