Jorge Ignacio Roca, en la Audiencia Nacional. Foto: JAVIER LIZÓN/EFEVALÈNCIA. (VP). La Audiencia Nacional ha condenado por el blanqueo del dinero de las mordidas del caso Emarsa al cerebro del caso, el empresario Jorge Ignacio Roca, y al empresario Vicente Gil Usedo y sus dos hijos. Vicente y Yolanda Gil Blay,
La sentencia, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, condena a Roca como "autor criminalmente responsable" de un delito de blanqueo de capitales, con el atenuante de confesión tardía, a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a una multa de 913.568,50 euros con tres meses de responsabilidad personal subsidiaria caso de impago.
Igualmente condena a los acusados Vicente Gil Usedo, y sus hijos Vicente y Yolanda Gil Blay, como autores criminalmente responsables de un delito de blanqueo de capitales, sin atenuantes, a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la de multa de 913.568,50 euros, con imposición de las costas procesales a los cuatro acusados, incluyendo las causadas a las entidades EPSAR y EMSHI.
Por vía de responsabilidad civil los acusados deberán indemnizar en la suma de 913.568,50 euros, con el interés anual incrementado en dos puntos, contados a partir de la sentencia, que se repartirán las dos empresas públicas de saneamiento de aguas afectadas: la Epsar, que es de la Generalitat, y la Emshi, sucesora de la antigua Emarsa, al 55% y 45%, respectivamente.
La sentencia considera probado que emplearon una empresa de abanicos para pagar las mordidas a través de Andorra. Un dinero que se afloraba en València para pagar esas mordidas a los Enrique Crespo, José Juan Morenilla, Ignacio Bernácer, Esteban Cuesta o Enrique Arnal.
La Generalitat, a través de la Abogacía, ha conseguido recuperar gracias a esta sentencia casi unmillón de euros del dinero saqueado en esta empresa pública en la etapa anterior, que es la responsabilidad civil que tendrán que abonar el empresario y sus hijos, y que se repartirán las dos empresas públicas de saneamiento de aguas afectadas.
El director general de Relaciones con las Corts, Antonio Torres, de quien depende la recuperación del dinero público de la corrupción, subrayó que el Consell “no va a cejar en su batalla para que los valencianos recuperen todo el dinero que se robó en una etapa funesta y que, afortunadamente, se ha dejado ya muy atrás”.
