El abogado valenciano Ignacio VaronaVALÈNCIA. La Audiencia Provincial de Valencia ha dado la razón a dos transportistas valencianos contra las empresas del grupo Fiat-Chrysler al desestimar el recurso de apelación de estos fabricantes contra una sentencia de un juzgado de lo mercantil de València que les condenaba por el denominado cártel de los camiones.
Esta es la denominación con la que se conoce a uno de las mayores prácticas anticompetitivas llevadas a cabo en la Unión Europea, ya que la práctica totalidad de los fabricantes acordaron aumentar los precios de sus vehículos y repercutir en los compradores el coste de cumplir con la normativa de emisiones contaminantes. Ello les valió que la Comisión Europea les impusiera en 2016 una multa de casi 3.000 millones de euros, la más elevada nunca impuesta hasta entonces.
La sentencia dictada ahora por la Audiencia de Valencia, la primera en segunda instancia sobre este asunto en toda la Unión Europea, estima la demanda presentada por el despacho valenciano Varona contra los fabricantes de camiones y les condena solidariamente a pagar una compensación equivalente al 5% del precio de adquisición, más los intereses desde la adquisición de los vehículos.
Según un comunicado de la firma, la sentencia es única en cuanto su contenido en toda Europa. Solo en los juzgados españoles se estima que hay abiertos más de 2.500 casos que afectan a 12.000 camiones, a los que habría que sumar los casos de otras jurisdicciones, ya que el fraude se cometió a nivel europeo y los fabricantes tienen su sede en varios países.
No obstante, solo en el caso de la Comunitat se estima que el número de afectados alcanza los 22.000 camiones y el volumen conjunto de indemnización por daños y perjuicios reclamada alcanza los 300 millones de euros, unos 15.000 euros por afectados.
Según los abogados Ignacio Varona y Rafael Fuentes, encargados de la dirección letrada del procedimiento, es muy probable que finalmente sea el Tribunal Supremo español el que dictamine sobre el asunto, dado que, aunque la infracción y el daño son manifiestos y están probados, "la política de defensa de todos los fabricantes de camiones ha sido la de dilatar y entorpecer por todos los medios el proceso, con el objetivo de retrasar la firmeza de una sentencia que podría ser pionera en el resto de Europa".
El juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia es uno de los más avanzados en la resolución de asuntos de este macroproceso sobre el que muy probablemente tendrá que acabar pronunciándose el Tribunal Supremo. La patronal nacional Fenadismer estima que el asunto puede alargarse hasta una década.
El titular de este juzgado, Eduardo Pastor, ha fallado a favor de los demandantes sin admitir los informes periciales presentados por las partes. Entre los aportados por los demandantes para calcular el importe de la indemnización, algunos reclamaban hasta el 20% del valor del vehículo. Con criterio general, el magistrado ha establecido compensaciones para los compradores equivalentes al 5% de lo pagado por los camiones.
Es el caso, por ejemplo, de un fallo con el que dio la razón a la empresa valenciana de transporte Llácer y Navarro en un litigio contra Volvo-Renault.
La Comisión Europea sancionó en julio de 2016 con 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones europeos MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por pactar precios y repercutir en los compradores el coste de cumplir con la normativa de emisiones contaminantes. Todos a excepción de Scania reconocieron su implicación en el caso.
El despacho Varona considera que aún es posible seguir presentando demandas para compensar a los transportistas por el perjuicio que les ha supuesto el aumento del precio pactado por el cártel. Y sostiene que la mejor vía para defender sus intereses es interponer acciones procesales en los juzgados mercantiles españoles, considerando que la jurisdicción de nuestro país es la más apropiada para resarcirse del daño producido por las empresas infractoras.
Además de esta demanda contra Fiat Chrysler cuyo primer recurso acaba de resolver la Audiencia de Valencia, el despacho Varona ha iniciado procedimientos en València, Madrid, Zaragoza, Huesca, Alicante, Castellón y Málaga. Dado el carácter global del asunto, las demandas se han debido traducir al inglés, francés, sueco, alemán y holandés dependiendo del país donde radica la sede de las matrices europeas. En total han sido más de 22.000 folios traducidos.
