Fernando Belhot y Eduardo Zaplana. VPVALÈNCIA. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la petición de nulidad presentada por el abogado del expresidente de la Generalitat y exministro de Aznar Eduardo Zaplana relativa a la declaración de su supuesto testaferro e ingeniero financiero Fernando Belhot. Este ciudadano uruguayo es la persona que dio el acceso a las cuentas del dinero supuestamente sustraído por Zaplana que se investiga en el caso Erial.
Los magistrados de la Audiencia Provincial acordaron esta semana que la declaración de Belhot es legal, lo que dejaría la defensa del expresidente en una situación en situación cuanto menos complicada jurídicamente hablando.
El caso Erial es rocambolesco desde un principio. Todo comenzó con un hombre de origen sirio que encontró unos papeles sobre el supuesto blanqueo de dinero efectuado por el expresidente en la antigua casa de Zaplana. Unos papeles que acabaron en manos del principal imputado del caso Taula, el arrepentido Marcos Benavent, y que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encontró en un registro de dicha operación, que nada tiene que ves con esta. A partir de ahí, con un descuido del expresidente, comenzó la investigación bautizada como Erial.
Fue el presunto testaferro Fernando Belhot la persona que aportó las pruebas más contundentes contra Zaplana. Fernando Washington Belhot declaró ante el fiscal, a cambio de no ser acusado, cómo se había creado toda la ingeniería financiera que supuestamente ayudo a mover el dinero B de país en país. Es más, fue Belhot quien dio acceso a las presuntas cuentas de Zaplana en el extranjero que llevaron, tal como informó Valencia Plaza en exclusiva, a recuperar casi siete millones de euros.
La defensa de Zaplana solicitó la nulidad de las actuaciones, lo que supondría el carpetazo definitivo a la causa, esgrimiendo que "la declaración de Belhot como testigo y no como imputado vulneraba el derecho a un proceso con todas las garantías del recurrente". Según la defensa, el pacto firmado por la Fiscalía en el que garantizaba a Belhot que sería testigo "es algo nunca visto en derecho".
Sin embargo, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial no solo no le da la razón, sino que explica que, aunque Fernando Belhot tuvo la condición de investigado primero, "también es cierto que incumbe al juez de instrucción y a las partes acusadoras en el proceso penal fijar la parte pasiva del mismo, y no a las defensas de los investigados como se pretende"
Añade la Sala, que "la declaración en calidad de testigo resulta mucho más exigente que la declaración en calidad de investigado, pues el primero tiene la obligación de decir verdad, con las consecuencias que derivan del incumplimiento de este mandato legal, lo que no sucede con la declaración del investigado, que goza de derechos, amén de la presunción de inocencia".
Los magistrados señalan que Zaplana y el resto de recurrentes "carecen de la legitimidad para denunciar la declaración en calidad de testigo de Fernando Belhot, acordada por el Ministerio Público y la juez en el ámbito de las funciones y las competencias que le son propias", aunque añaden que otra cuestión es la credibilidad del testigo, que deberá ser abordada "en el momento procesal oportuno". Por último, concluye que hasta que llegue el momento del juicio "la situación procesal" de Belhot puede cambiar.
La defensa de Zaplana esgrimió en su recurso que "la principal prueba incriminatoria se habría obtenido a través de un medio que en nuestro derecho es ilícito". Pero la Sala explica que la defensa de Zaplana "yerra en su afirmación y se anticipa, pues en la fase de instrucción en que nos encontramos difícilmente puede hablarse de 'pruebas incriminatorias' propias de la fase del plenario (juicio)".
Y apostilla que "no se limita el derecho de defensa", puesto que, "no se alcanza a comprender en qué medida la declaración testifical acordada provoca una limitación del derecho de defensa del investigado recurrente (Zaplana), que la sala aprecia incólume, al hallarse la diligencia acordada dentro de las facultades que al juez de instrucción se le atribuyen".
Zaplana pasó ocho meses en prisión tras ser detenido hace un año como presunto cabecilla de una trama que, supuestamente, cobró cerca de 11 millones de euros en dinero B de varios contratos con la administración mientras él estuvo al frente de la Generalitat (1995-2002).
Según sospechan los investigadores, Zaplana y sus presuntos testaferros en España, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; la secretaria del expresident, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló.
Todos ellos están implicados en diferente medida en delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastrearon el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.
