VALÈNCIA (EP) La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) se ha sumado a la petición de diálogo antes de aprobar una nueva Ley del Juego, actualmente en tramitación en Les Corts, lanzada por entidades representantes del sector del juego, así como de los hosteleros.
Reclaman todos ellos un diálogo previo "que permita a los sectores afectados trasladar a la administración cuál es la situación actual, explicar las consecuencias que para las empresas valencianas tendría la aplicación de la nueva ley y plantear alternativas", han informado en un comunicado.
Los datos, han explicado, "sitúan el juego problemático en apenas un 0,3% de la población y no justifican una regulación tan restrictiva que, lejos de solucionar el problema, provocaría una alarma social injustificada". "El nuevo marco beneficia exclusivamente al juego online y al juego público, y podría incrementar el juego ilegal o clandestino", han advertido.
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, se ha reunido este lunes con los máximos representantes de la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunitat Valenciana (Andemar CV), así como de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego (Anesar CV), de la Asociación de Casinos, y de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV).
"La CEV comparte la preocupación del sector del juego y la hostelería ante determinadas enmiendas propuestas por los grupos políticos --PSPV, Compromís y Unides Podem-- a la nueva ley del juego", ha indicado la patronal.
Según ha explicado, "tal y como aseguran las empresarias y empresarios del sector, mayoritariamente pymes, de aprobarse las enmiendas propuestas, ningún establecimiento de juego ni ningún local de hostelería con máquinas recreativas podría renovar su autorización administrativa tras su vencimiento, dado que sería imposible cumplir la norma que obliga a mantener una distancia de 850 metros con respecto a centros educativos, sanitarios y deportivos".
El impacto económico de otras enmiendas propuestas, agrega la CEV, como el mando de activación y el sistema de identificación en las máquinas instaladas en hostelería, supondría según los estudios previos un descenso de los ingresos de entre un 30% y un 65%, respectivamente, "lo que haría inviable la actividad empresarial".
Por tanto, advierte: "La nueva ley dañará gravemente una industria que en la Comunitat Valenciana mantiene más de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos en hostelería y que contribuye a las arcas públicas con 144 millones de tributación directa y otros 130 millones en impuestos indirectos, que la administración dejaría de recaudar".
