VALÈNCIA. (EP) La Comunitat Valenciana se vuelve a situar entre las regiones españolas menos competitivas fiscalmente (por detrás de Cataluña, Asturias y Aragón), con uno de los sistemas más gravosos en términos de Sucesiones, Trasmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Así se desprende del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) de 2020, publicación de la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) junto a la Tax Foundation de Estados Unidos, que tiene en cuenta los tramos autonómicos de los grandes impuestos, los tributos cedidos íntegramente a las comunidades, la especificidad canaria y la de los regímenes forales y los impuestos adicionales establecidos por cada comunidad autónoma.
La Comunitat Valenciana obtiene bajas calificaciones en absolutamente todos los componentes de este Índice y se sitúa en la decimosexta posición en el ranking de CCAA en materia de competitividad fiscal. En este índice, la Comunitat mantiene sus posiciones respecto a las de 2019 en todos los impuestos (Patrimonio, Sucesiones, ITP y AJD así como en impuestos propios y Renta).
Entre 2017 y 2020, la Comunitat Valenciana ha empeorado ligeramente su puntuación al no haber emprendido reformas fiscales, y acaba 2020 con 5,36 puntos y en la decimosexta posición de este Índice Autonómico de Competitividad Fiscal.
Además, en los últimos tres años la Comunitat ha perdido un puesto en el ranking frente a Extremadura, que al emprender diferentes reformas fiscales desde 2018, se coloca por delante.
Ante estos datos, se le recomienda reformar el Impuesto sobre la Renta reduciendo los tipos impositivos de todos los tramos de forma inmediata con un tipo impositivo máximo del 20-21%.
Asimismo, se le aconseja "reformar drásticamente" el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones reduciéndolo hasta el nivel de Cantabria, Andalucía o Galicia y aplicar al grupo III las mismas bonificaciones y reducciones que las aplicadas actualmente a los grupos I y II, para poder derogarlo finalmente.
También se le sugiere derogar el Impuesto sobre el Patrimonio o bonificarlo al 100%. De no ser posible, aumentar el mínimo exento a 700.000 euros y equiparar la tarifa del impuesto a la estatal de 2020.
Finalmente, se le insta a establecer el tipo de gravamen de AJD en el 0,5%-0,75% y el de TPO en el 6% y a eliminar los impuestos propios valencianos.
La principal novedad del índice de 2020 es que la Comunidad de Madrid ha superado ligeramente a la provincia vasca de Vizcaya, por lo que la desbanca ocupando la primera posición con una puntuación de 7,22 sobre 10, de forma que lidera el índice junto a las provincias vascas --Vizcaya (7,15 puntos), Álava (7,1) y Guipúzcoa (6,93)-- y Canarias (6,41), que desplaza así un puesto a La Rioja (6,12).
Les siguen Castilla-La Mancha (6,05), Murcia (5,99), Cantabria (5,94), Galicia (5,92), y Andalucía (5,89), al tiempo que la bajada más pronunciada respecto al ejercicio de 2019 es la de las Islas Baleares (5,89), que caen cuatro puestos, a la decimosegunda posición. A continuación se sitúan Castilla y león (5,84), Navarra (5,72), Extremadura (5,44) y Comunitat Valenciana (5,36).
El estudio explica que Madrid sube hasta la primera posición al reducir ligeramente su distancia con Vizcaya en el Impuesto sobre la Renta, aunque no haya realizado reformas fiscales que impacten su puntuación.
A su vez, la diferencia entre las tres diputaciones del País Vasco es dada por las diferencias en el Impuesto sobre la Renta y, en especial, en Impuesto sobre el Patrimonio, ya que la regulación de este último en Álava es peor que en Vizcaya, mientras que la situación en Guipúzcoa es más deficiente aún, lastrando a Guipúzcoa hasta llevarla a la decimotercera posición.
De su lado, aunque Canarias mejora en su puesto del ranking por el empeoramiento de La Rioja, su puntación empeora al haber reducido las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y subido hasta dos puntos el tipo marginal del IRPF.
De nuevo los peores resultados vuelven a ser los de Aragón (5,21), Asturias (5,18) y Cataluña, que se sitúa un año más a la cola del índice con una puntuación de 4,66 sobre 10, y es que estas comunidades con peor puntuación general obtienen notas bajas en casi todos los componentes del índice pero especialmente en los tres impuestos más importantes (Renta, Patrimonio y Sucesiones).
El estudio explica que Cataluña aplica la mayor carga fiscal a los tramos e impuestos que gestiona, al tiempo que triplica la media de impuestos adicionales propios.
Además de que Cataluña cuenta con el doble de impuestos autonómicos que las demás comunidades, en 2020 ha aprobado un nuevo impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, mientras que el impuesto sobre el riesgo medioambiental de elementos radio-tóxicos es declarado inconstitucional.
También ha reducido las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y ha subido hasta dos puntos el tipo marginal del IRPF, a lo que se suman "grandes deficiencias" en la estructura del índice del IRPF y en Patrimonio.
Además de las bajadas de puestos de Baleares y La Rioja, destacan en el índice de competitividad regional de 2020 las subidas de Galicia, Murcia y Canarias, y aunque Cataluña repite un ejercicio más como la región menos competitiva en materia fiscal, en la serie histórica de estos cuatro años, Navarra es la comunidad que más retrocede, al perder siete puestos desde 2017 a 2020.
Por tributos, en el Impuesto de la Renta presentan una mayor competitividad fiscal las tres provincias vascas y Madrid, frente a Cataluña, Extremadura y Navarra, las menos competitivas en este caso, al tiempo que en Patrimonio Extremadura sigue teniendo una carga fiscal calificable de "confiscatoria", según el índice, al situarse a la cabeza de este tributo no sólo en España o Europa, sino a nivel mundial, a diferencia de Madrid, Vizcaya y Álava, las más competitivas en este gravamen.
En cuanto a Sucesiones, lideran en competitividad Andalucía, Cantabria, Galicia y Comunidad de Madrid, y se sitúan a la cola Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León; mientras que en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados lideran Navarra, Comunidad de Madrid y las provincias vascas, frente a Cataluña, Comunitat Valenciana, Cantabria y Galicia, las regiones menos competitivas en este impuesto.
En impuestos propios lideran con mayor competitividad las provincias vascas, frente a Cataluña, que triplica en número de este tipo de tributos a la media nacional.
Ante el debate sobre la armonización fiscal, la presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, Roxana Nicula, ha rechazado el "ataque sin precedentes" lanzado por el Gobierno contra la "libertad" en materia fiscal, tras el acuerdo con ERC para la armonización fiscal, después de que la formación catalana haya llevado la presión fiscal de la región hasta extremos "insoportables", creando además "muchos más impuestos adicionales que ninguna otra".
En su opinión, el "ataque" recogido en la enmienda se dirige a la comunidad "más exitosa fiscalmente", en referencia a Madrid. "La competencia fiscal entre las comunidades o incluso entre las provincias es esencial para conseguir un país cada vez más libre económicamente, y para ello cada vez más federal. Lejos de eliminar los regímenes forales o promover la armonización al alza de los impuestos autonómicos, deshaciendo así los grandes consensos de la Transición, debemos avanzar hacia un mayor autogobierno en materia de fiscalidad, pero para todos", ha enfatizado.
El secretario general de la fundación, Juan Pina, ha indicado que "las propuestas de armonización, que siempre son al alza, constituyen un ataque al sistema autonómico".
