VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha conseguido por fin poner en marcha la app para facilitar a la población resolver cuestiones relacionadas con el coronavirus tras un mes de pandemia. La aplicación, que fue anunciada el pasado 16 de marzo, ya puede encontrarse en las plataformas de iOS y Android.
Bajo el nombre de GVA Coronavirus, la app presta el mismo servicio que la plataforma web que el departamento liderado por Ana Barceló puso en marcha el pasado 26 de marzo. En ésta es posible solicitar cita con el Centro de Salud en caso de presentar síntomas clínicos compatibles con infección por coronavirus.
Para ello, es necesario introducir el número SIP y la fecha de nacimiento. Es entonces cuando, si se quiere pedir cita, se pide la confirmación del teléfono de contacto. La persona que introduzca los datos recibirá una llamada a la mayor brevedad posible desde la confirmación de la creación de la cita. La app también cuenta con un apartado de información y teléfonos de interés, además de preguntas frecuentes.
La aplicación comparte un gran parecido con la de GVA +Salud, utilizada desde 2017 por la Conselleria de Sanidad para pedir cita en atención primaria y que ha sido actualizada con funcionalidades como escanear los tratamientos y acceder a una breve reseña o poder obtener justificantes.
Cabe recordar que hace cuatro días también la Conselleria de Justicia sacó su propia aplicación, 'Generalitat responde', para resolver las dudas no sanitarias sobre la crisis del coronavirus. En ésta se informa sobre cuestiones relacionadas con trabajo, educación, movilidad, tramitaciones, empresarios y autónomos y ya cuenta con 9.200 descargas.
La Comunitat Valenciana no llega la primera al ámbito de las aplicaciones móviles para gestionar el coronavirus. Ni mucho menos. Diversas comunidades autónomas llevan semanas con su propia app, y algunas otras se han adherido a la aplicación lanzada por el Ministerio de Sanidad este mismo lunes.
La del Gobierno central facilita el autodiagnóstico de la enfermedad mediante diferentes preguntas y a ella se han acogido Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Principado de Asturias. El funcionamiento es sencillo: hay que entrar, registrar los datos -número de móvil, nombre, fecha de nacimiento, DNI, lugar de localización- y tras responder a diversas preguntas, el sistema evalúa si es necesaria la intervención personal o, de lo contrario, ofrece recomendaciones, consejos y un seguimiento de los síntomas del usuario en su propia casa.
En realidad, esta aplicación es una sucedánea de la primera que la Comunidad de Madrid a mediados de marzo. CoronaMadrid -así se llama- surgió de la colaboración entre la administración, el fundador de Jazztel, Martín Varsavsky, y las compañías españolas Carto, ForceManager y Mendesaltaren, que cuentan con respaldo de grandes corporaciones como Telefónica, Ferrovial, Google o Goggo.
Precisamente esto planteó la primera polémica por los interrogantes que suscitaba la colaboración entre las administraciones públicas y compañías privadas en el tratamiento de los datos de los ciudadanos, especialmente en cuanto a geolocalización se refiere. En el caso de la aplicación del Gobierno central, sólo se colabora con Telefónica y los datos se utilizan para comprobar dónde se encuentra el usuario y ofrecerle las pautas apropiadas. Es decir, su finalidad no es controlar el cumplimiento del confinamiento.
No obstante, el hecho de que empresas privadas y administraciones compartan los datos ha generado preocupación hasta tal punto que la Agencia Española de Protección de Datos para aclarar que las entidades privadas colaboradoras sólo podrán utilizar estos datos "conforme a las instrucciones" de las administraciones públicas y en ningún caso "para fines distintos a los autorizados".
El geógrafo en Play&go experience Gersón Beltrán cree que el uso de estos datos "es un tema muy sensible" especialmente en cuanto a la protección de los mismos. En este sentido, recuerda que "la legislación europea es de las más restrictivas del mundo" en este campo. Sobre la geolocalización, Beltrán detalla que las aplicaciones que se han lanzado no tratan "de saber dónde está la persona con nombres y apellidos".
Los datos que comparten las compañías y la administración son anonimizados: no van asociados a la identidad de cada persona. Y además, se trabaja con información agregada: no se analiza una ubicación concreta por cada individuo sino que el estudio de los datos se realiza por zonas, bien sean barrios, ciudades, regiones o países.
El ejemplo más claro de ello es el de la aplicación que ha puesto en marcha Cataluña, donde esta herramienta se utiliza también para hacer un mapa de los pacientes con síntomas leves y graves en cuadrículas de 900 metros cuadrados. Ahora mismo, la app StopCovid19Cat cuenta ya con 450.000 informes registrados.
Por su parte, la aplicación del País Vasco, además de contar con el autodiagnóstico básico, permite al usuario registrar mediante el teléfono móvil a personas con las que tiene contacto -bien sean familiares, del entorno laboral, etcétera-, de manera que se crea una red de proximidades, lo cual permite conocer mejor la trazabilidad de la enfermedad en lugar del contagio.
Para Gersón, las múltiples aplicaciones, tanto públicas como privadas, que están saliendo estos días, tienen un problema: no siempre parten de criterios similares. "No se comparten todos los datos entre ellas, por lo que la información no se puede comparar: son muestras a pequeña escala que sería necesario compartir", asegura. Con todo, admite que "los datos son una fuente de poder y no siempre interesa compartirlos". Pero si no se hace, "no permites que el conocimiento de la pandemia y el mundo pueda mejorar", sentencia.
Es muy importante la rigurosidad con la que se controlan los datos recogidos, asevera Gersón, dado que si no, "se pueden producir sesgos" y filtraciones que sirvan a empresas interesadas para hacer algunas deducciones con intereses comerciales. Por ello, advierte a las administraciones: "Si usan datos recogidos por compañías privadas, deben asegurarse de que esas compañías no reutilizan esos datos con otros fines comerciales".
Con todo, también admite que en ocasiones "somos un poco neuróticos" dado que habitualmente otorgamos enormes torrentes de datos a grandes empresas tecnológicas como Google o Facebook: "Si entras en ellas, les das toda tu vida". A la postre, el geógrafo y activista asegura que es preciso "controlar que se cumple la ley, pero cada uno debe ser consciente de lo que comparte".