Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Fiscalía de la Comunitat Valenciana ha decidido abrir Diligencias Preprocesales Civiles (DPC) en todas las residencias de ancianos en las que el número de residentes fallecidos supera las diez personas, tal y como han explicado a Castellón Plaza fuentes del Ministerio Fiscal. Las DPC sirven para averiguar los hechos ocurridos en cada residencia, obtener la mayor información posible, adoptar las medidas necesarias y, en caso de observarse algún posible delito, abrir unas Diligencias de Investigación Penal.
Por ahora, hay abiertas tres Diligencias Preprocesales Civiles en la provincia de València -en Torrent, Requena y el barrio de Campanar de València- otras tres en la de Alicante -una de ellas en Alcoy- y dos en la provincia de Castellón, lo que suma ocho. Eso implica que en ocho residencias han fallecido más de diez ancianos por coronavirus. Las dos que en Castellón superan esa cifra son las de Vila-real y Morella. Además, según la Fiscalía General del Estado, también abría unas Diligencias de Investigación Penal abiertas en la Comunitat. En este caso sería en Alicante.
Este periódico se ha puesto en contacto con la fiscal delegada de Civil, Ana Lanuza, que es la persona que está coordinando las DPC en toda la Comunitat. Lanuza explica: "Lo que se intenta es ver que no hay situaciones de abandono. Ver que las cosas se han hecho bien y que se está derivando a los residente a los hospitales. Si se han medicalizado y si tienen medios suficientes. Nuestra misión de protección es velar porque estén bien atendidos, saber que no están abandonados y que tengan material suficiente".
La fiscal es muy clara: “Cuando entra el virus en una residencia es letal, por eso es tan importante que lleguen los test a las residencias, que no se olvide nadie que son personas. Los test tienen que llegar ya a las residencias. Sin ellos es muy difícil controlar la expansión del virus".
El contacto de la Fiscalía con las residencias es fluido desde el principio de la pandemia. Cuando comenzó, era la Fiscalía la que llamaba a las residencias para recabar datos, pero ahora, son los propios centros los que se ponen en contacto con la responsable del Ministerio Público, Ana Lanuza, y le informan diariamente de los cambios.
Además, a la Fiscalía también están llegando diferentes denuncias procedentes de la Defensora del Paciente. Según explican, la mayoría vienen acompañadas de artículos de prensa, pero algunas son denuncias realizadas por familiares de internos de las residencias.
En el caso de España, la Fiscalía General de Estado ha informado que hay abiertas 124 DPC, así como 38 Diligencias de Investigación Penal desde el pasado 15 de abril, de las cuales solo una pertenece a la Comunitat Valenciana. Por comunidades, la que más DIP tiene abiertas es la de Madrid con 19, seguida por Cataluña con siete. También se han abierto DIP en Castilla y León dos, Murcia otras dos, una en Canarias, cinco en Castilla-La Mancha y otra en Cantabria.
