FOTO: EFEVALÈNCIA. (EP). El juicio al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts con el PP Rafael Blasco y otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití, que nunca se llevó a cabo, ha comenzado formalmente este lunes con el anuncio por parte del fiscal anticorrupción Jesús Carrasco de que se han alcanzado ya algunos "preacuerdos de conformidad" entre la totalidad de las acusaciones y parte de quienes se sientan en el banquillo en esta causa.
El segundo de los juicios por el desvío de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación ha comenzado este lunes con el trámite de cuestiones previas, después de que hace veintiún días quedara aplazado con el objetivo de que las defensas pudieran avanzar en un acuerdo con la Fiscalía. Este juicio cuenta con 24 procesados, entre ellos el exconseller de Solidaridad con el PP Rafael Blasco, para quien se reclaman condenas de 16 años, y está referido al supuesto desvío de más de cuatro millones de euros destinados a 24 proyectos de cooperación internacional, entre ellos la frustrada construcción de un hospital en Haití.
Al inicio de la sesión, el fiscal Jesús Carrasco ha pedido posponer al 13 de mayo el trámite de cuestiones previas tras anunciar la existencia de algunos preacuerdos de conformidad, para no frustrar el cierre de esos preacuerdos y la formalización de los escritos en forma.
No obstante, la sección quinta de la Audiencia de Valencia ha decidido que se celebrara este lunes la primera de las dos sesiones de cuestiones previas previstas en el calendario de este juicio oral, al entender que hay tiempo para cerrar los acuerdos antes del inicio formal de las declaraciones.
La sesión de este lunes se ha centrado en las cuestiones previas de las acusaciones -que se han limitado a la petición del Ministerio Fiscal de que se unan al procedimiento las sentencias previas sobre esta materia-, mientras que el próximo día 13 se proseguirá con las cuestiones previas que planteen las defensas.
Sin embargo, el letrado del exconseller Blasco, Javier Boix, ha planteado como una "cuestión de trámite" la petición de que los acusados declaren a final del juicio y no al principio, como está previsto, pues ha argumentado que "el derecho de defensa" exige conocer cuando alguien declara todo lo que se le imputa en el juicio oral.
El fiscal se ha opuesto "categóricamente" a esta petición, porque es "ilegal", porque no lo ampara la práctica jurisprudencial y porque convertiría este juicio en "el colmo del desbarajuste y el colmo del pitorreo", y en "un verdadero circo". La Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONG, que ejercen las acusaciones particular y popular, también se han opuesto.
El tribunal ha rechazado la petición de Boix, que apoyaban algunas defensas aunque otras pedían que se diera opción a decidir el momento en que preferían declarar, en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo e incluso porque organizativamente tampoco lo ve posible. Boix ha mostrado su protesta dada la "peculiaridad" de este juicio.
El juicio, que se desarrolla en la sala Tirant, donde en el pasado se han celebrado macrocausas como la de Emarsa o Terra Mítica, se retomará el 13 de mayo con la segunda jornada de cuestiones previas, mientras que el 20 de mayo comenzarán las declaraciones de los procesados.
Blasco ha llegado este lunes a la Ciudad de la Justicia de València minutos antes del inicio del juicio y únicamente se ha limitado a decir a los periodistas que le esperaban que se encontraba "estupendo".
El pasado día 15 de abril también se planteó también la situación de uno de los procesados, Adolfo Soler, cofundador de la Fundación Hemisferio, quien se encuentra en Bolivia y alegó padecer una "seria enfermedad" para no acudir a la vista. La decisión de la sala ha sido no suspender el juicio por esta razón debido a que ha considerado que existe "materia suficiente para celebrarlo" sin la presencia de Soler, pese a que varias defensas así lo habían solicitado.
Rafael Blasco ha pedido"respetar los tiempos" de la Justicia, "evitar juicios paralelos" y "garantizar la presunción de inocencia" al abandonar la Ciudad de la Justicia de València, donde se ha celebrado la primera sesión del juicio en el que se le juzga junto a otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití, que nunca se llevó a cabo. A su llegada, Blasco ha dicho a los periodistas sentirse "estupendo".
En este juicio, que ha arrancado formalmente este lunes con las cuestiones previas después de que el 15 de abril se decidiera aplazarlo hasta esta fecha, se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación --2 y 3-- sobre las que el Juzgado número 21 de València dio por concluida la instrucción en 2017 por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
A su salida de los juzgados valencianos, Blasco ha defendido ante los medios que "cuando empieza un juicio hay que ser respetuoso con la función de la Justicia" y ha pedido "respetar los tiempos" de esta y la "presunción de inocencia", que "eso hay que garantizarlo desde el principio", ha agregado.
Además, el exconseller y exportavoz del PP en el parlamento valenciano ha apostado también por "evitar juicios paralelos" y "esperar a que la justicia se pronuncie". Blasco ya fue condenado a seis años y medio de cárcel por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso y permanece en régimen de semilibertad desde febrero, tras acceder al tercer grado después de su paso por prisión.
Estos acuerdos, según ha explicado, se están logrando "a dos niveles": una parte de los tratos son "plenos" y con estos acusados se procederá a presentar un escrito de conformidad, mientras que las negociaciones se mantienen activas con otros procesados con la pretensión" de materializar los preacuerdos o bien "viabilizar la instrumentalización de acuerdos parciales".
Por todo ello, Carrasco ha puesto sobre la mesa la suspensión de nuevo del juicio hasta el lunes de la próxima semana y el traslado de las cuestiones previas a esa segunda jornada "en aras a posibilitar el cierre de esos preacuerdos y la formalización de esos escritos".
Los letrados de los acusados se han sumado --o al menos no se han opuesto-- en bloque a este planteamiento, mientras que las acusaciones particular y popular también se han sumado a esta postura e incluso la Coordinadora Valenciana de ONGD, que en principio no se mostraba muy predispuesta a la consecución de pactos, se ha mostrado "dispuesta a firmar alguna conformidad". Antes del juicio, anunciaron que únicamente considerarían "valorar una rebaja de las penas" si "hubiera un pago efectivo y una reparación del daño", aunque creían "inviable" un pacto entre todas las partes.
El tribunal, sin embargo, ha defendido tras un pequeño receso que no existía "razón para suspender" y ha sostenido que la sesión de cuestiones previas "no es el inicio del juicio", por lo que la vista ha continuado.
Carrasco ha puesto de relieve la "especial complejidad" de la causa y las "circunstancias" que ha tenido que afrontar tras el cambio de fiscal y ha destacado que se está llevando a cabo una "tremenda labor prejudicial de las acusaciones y defensas para lograr acuerdos satisfactorios para la justicia". Iniciado formalmente el juicio, el representante de la acusación pública ha aportado distintas resoluciones y la sentencia de la primera pieza del caso tratando de anticiparse a una posible petición de nulidad por parte de alguno de los abogados de los encausados.
Después, el letrado de Blasco, Javier Boix, ha optado por aplazar sus cuestiones previas el próximo lunes, mientras que el del empresario Augusto César Tauroni ha solicitado la ausencia de los procesados en las sesiones en las que no sea imprescindible, a lo que la sala se ha mostrado favorable.
También han pedido varios abogados que los acusados puedan sentarse en próximas jornadas a su lado para poder así comunicarse, a lo que la sala se ha negado por falta de espacio, aunque los magistrados se han mostrado "abiertos a que consulten cualquier decisión y se comuniquen libremente".
Otra de las peticiones que se ha tratado en esta primera sesión ha sido la efectuada por el letrado de Blasco, que ha planteado que los acusados presten declaración al final del juicio y no en primer lugar como suele ser habitual. Algunos abogados se han sumado y otros han pedido que sus defendidos declaren al principio, mientras que el fiscal se ha opuesto "categóricamente" a este planteamiento porque "es ilegal y no está amparado por la jurisprudencia".
Además, Carrasco ha lamentado que cambiar el orden del proceso de este modo "ya sería puro pitorreo" y "esto se convertiría en un circo". "Se daría una imagen de pitorreo difícilmente salvable", ha insistido.
Además, ha denunciado que es "consciente de las prácticas licenciosas que se están imponiendo en algunos tribunales de esta comunidad" --ya se accedió a esta misma petición de Boix en el juicio que se celebró hace unas semanas contra el exvicealcalde de València, Alfonso Grau-- y ha pedido que este tribunal mantenga una postura "ejemplar y publicitaria". La Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora de ONGD se han sumado a la postura de Fiscalía.
Finalmente, la sala ha rechazado esta cuestión. "El tribunal no va a desoír esta doctrina constante del Tribunal Supremo", han expuesto, al tiempo que han considerado esta opción "totalmente y organizativamente imposible".
En este proceso se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación --2 y 3-- sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de València dio por concluida la instrucción en 2017 por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial juzga a Blasco; su excúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el ex director general, José María Felip y el ex jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.
Asimismo, se incluyen trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
En el caso del exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal.
